Un hecho que atenta contra la dignidad humana y la salud pública ha generado profunda indignación en el distrito de Chancay. Un video difundido recientemente en redes sociales muestra cómo trabajadores del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chancay estarían siendo trasladados en un furgón destinado a la recolección de residuos sólidos, un vehículo altamente contaminado y no apto para el transporte de personas.
Las imágenes evidencian una práctica humillante y peligrosa: los obreros municipales son obligados a subir a un FURGÓN RECOLECTOR DE BASURA —con olores nauseabundos y condiciones insalubres— para ser llevados a los puntos donde realizan labores de barrido y limpieza de calles. Este hecho no solo constituye un grave atentado contra la dignidad humana, sino también un riesgo directo para la salud y la vida de quienes cumplen una función esencial para la comunidad.
Según versiones recogidas de loa mismos trabajadores, esta práctica no sería un hecho aislado, sino que se vendría realizando desde hace años durante la gestión del actual alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento oficial ni acciones correctivas visibles por parte de la autoridad edil.
La situación resulta aún más alarmante ante el silencio de los regidores municipales, cuya función principal es fiscalizar los actos de la gestión edil y velar por el bienestar de los trabajadores y de la población. La falta de fiscalización ha despertado sospechas y cuestionamientos ciudadanos sobre una posible convivencia política que permitiría la normalización de estos abusos.
Los trabajadores de limpieza pública no solo merecen reconocimiento por su labor, sino también condiciones de trabajo seguras, humanas y respetuosas, tal como lo establecen los principios básicos de derechos humanos y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Trasladarlos en vehículos contaminados destinados a residuos sólidos constituye una forma de maltrato institucional incompatible con una gestión municipal responsable.
Este caso pone en evidencia una preocupante indiferencia frente a la vida humana y el respeto elemental que toda autoridad está obligada a garantizar. La dignidad no es un privilegio, es un derecho, y ninguna administración puede vulnerarlo bajo ningún pretexto.
Por humanidad, por decencia y por justicia social, la población de Chancay exige respuestas claras:
¿Se pronunciará el alcalde?
¿Actuarán los regidores?
¿Intervendrán las autoridades competentes para frenar este atropello?
El silencio, en este caso, también es una forma de complicidad.
Fuente: RADIO TV Digital-RTD
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