El caso FINVER no es un simple debate técnico ni una controversia procesal aislada. Lo que está en juego es algo más grave: una estrategia jurídica claramente orientada a evitar el juicio oral, ganar tiempo y debilitar cualquier posibilidad de una sentencia penal efectiva.
Desde la perspectiva procesal, el entrampamiento resulta evidente. La defensa de Javier Alvarado ha recurrido de manera reiterada a incidentes de nulidad, pedidos de reposición y, recientemente, a la llamada apelación por salto, invocando el supuesto incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las resoluciones de primera y segunda instancia, así como la casación suprema.
El objetivo ha sido uno solo: impedir la instalación del nuevo juicio oral programado para el 9 de enero de 2026. Y, finalmente, lo han conseguido.
El último pronunciamiento del Tribunal Constitucional ordena que el juez penal emita una nueva sentencia, pero sin la realización de un juicio oral, limitándose a resolver sobre la base de los actuados existentes. Aquí se presenta el problema central: el modelo procesal penal peruano no admite sentencias sin juicio oral. El juicio es, por definición legal y constitucional, oral, público y contradictorio. La propia Constitución prohíbe desviar a una persona del procedimiento previamente establecido.
En materia de nulidad, la regla es clara: la nulidad retrotrae el proceso al estado anterior al vicio. Si el vicio se produjo en la sentencia, lo que corresponde es la realización de un nuevo juicio oral, no la emisión de una sentencia sin debate ni actuación probatoria.
El escenario construido ejerce una presión indebida sobre el magistrado, colocándolo ante una falsa disyuntiva: o acata el mandato constitucional y dicta una sentencia sin juicio que, según la defensa, debería ser absolutoria, o insiste en llevar adelante el juicio y se expone a nuevas nulidades. Sin embargo, con o sin juicio, el juez podría incluso condenar. Precisamente eso es lo que se busca evitar: que la condena sea una opción real.
En este contexto, el tiempo se convierte en el principal aliado del imputado. Cada dilación acerca el proceso a la prescripción o al agotamiento del plazo razonable. No se persigue una absolución por inocencia, sino una absolución por desgaste.
El rol de la Fiscalía es determinante. El Ministerio Público tiene el deber constitucional de defender la legalidad y el debido proceso. Si se expide una sentencia sin juicio oral, corresponde solicitar su nulidad por ilegal e inconstitucional. El silencio fiscal, hasta el momento, resulta preocupante.
FINVER no es un caso menor. Es el proceso que más compromete la carrera política de Alvarado, quien además afronta otros procesos judiciales y múltiples investigaciones fiscales en trámite. La ecuación es simple: evitar el juicio hoy, dejar pasar el tiempo y llegar al poder político mañana.
Aquí no se discute culpabilidad o inocencia, se discute algo mucho más grave: que el juicio nunca ocurra, y cuando el juicio desaparece, la justicia también.
Fuente: Diario El Chaski
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