Por el caso denominado Supe en la provincia de Barranca por el delito de colusión agravada en una obra de saneamiento en Caral; Son nueve los funcionarios comprometidos y por lo cual la Fiscalía Anticorrupción se pronunció severamente.
Conforme a lo tratado en una audiencia del pasado 29 de octubre la situación del candidato del toro se pone color de hormiga por que el Ministerio Público solicitó para Javier Alvarado y otros ocho funcionarios, seis años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y además de dos millones de soles como reparación civil.
Este es uno de los numerosos casos que tiene pendiente Javier Alvarado y que lo coloca al borde de la guillotina y que al igual que en el anterior caso lo obligaría a convertirse nuevamente en prófugo de la justicia y si eso ocurre, en un eventual triunfo de este candidato, dejaría la gobernación regional, tal y conforme ocurrió con Rosa Vásquez quien en cualquier momento podría ir a prisión o esconderse. La defensa del candidato del “Toro” había solicitado que el proceso fuese archivado, pero en la última audiencia el juzgado anticorrupción de la Molina Este rechazó tal pedido, lo que significa que el proceso sigue en curso y que de llegar a una sentencia se aplicaría en igual o mayor proporción la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos ante un candidato a quien se le mueve el piso y su futuro resulta incierto.
La contienda electoral por el sillón regional de Lima ingresa a su etapa decisiva. Con el 97,987 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Andrés Tello de Somos Perú lidera el escrutinio con un 16.280 % de los votos válidos, seguido muy de cerca por Javier Alvarado de Alianza Renovación Popular y Toro, quien alcanza el 16.073 %.
Al no haber superado ninguno de los candidatos el 30 % de los votos válidos que exige la legislación electoral peruana para proclamar a un ganador en primera vuelta, Tello y Alvarado deberán disputar un balotaje definitivo para definir quién será el próximo Gobernador Regional de Lima.
Con este escenario, se inicia una intensa batalla política orientada a las alianzas y estrategias de campaña. Las agrupaciones políticas que quedaron fuera de carrera se verán obligadas a definir sus posturas, respaldar a Somos Perú, apoyar la opción de Alianza Renovación Popular y Toro o mantenerse al margen con una posición neutral. En este contexto, las miradas están puestas sobre Alianza para el Progreso – La Cholita, fuerza política que marcha en el tercer lugar del conteo oficial y cuyo respaldo técnico o político podría inclinar la balanza.
Sin embargo, en el ajedrez electoral los votos no se transfieren de manera automática, por lo que la decisión final regresará estrictamente a las urnas de las nueve provincias de la región.
La carrera electoral del exgobernador regional Javier Alvarado Gonzales del Valle sufre un golpe demoledor a raíz del juicio que afronta su actual candidato a consejero regional por la provincia de Huaura, Humberto Barba Mitrani. En apenas dos semanas, el Poder Judicial dictaría sentencia en el sonado caso “Dinero por encargo”, donde el Ministerio Público ha solicitado 9 años y 4 meses de prisión efectiva, además de 540 días de multa, contra Barba por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y falsedad ideológica. Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como titular de Dircetur durante la controvertida gestión de Alvarado, dejando al movimiento político al borde de perder a su primera pieza clave antes de las urnas si termina tras las rejas.
La inminente condena vuelve a poner bajo la lupa a Javier Alvarado, sobre quien fuentes judiciales advierten la pronta apertura de un nuevo juicio oral mientras persisten carpetas fiscales de las que guarda silencio absoluto. Entre la ciudadanía de la región Lima crecen las sospechas sobre si esta alianza no busca otra cosa que reeditar una cuestionada cúpula de poder para manejar nuevamente el erario, encendiendo las alarmas de si la región quedara a la deriva o si el líder regional repetiría su conocido historial de fuga en caso de una nueva sentencia adversa.
Un informe fiscal y pericial ha puesto bajo la lupa una presunta red de irregularidades durante la gestión de Javier Alvarado en el Gobierno Regional de Lima, vinculada a la emisión de recibos por honorarios, el manejo de encargos económicos y la utilización de terceros proveedores que, según los documentos, presentarían evidentes coincidencias en su elaboración.
Un mismo puño gráfico en distintos proveedores
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de similitudes en el puño gráfico es decir, la escritura manuscrita en recibos por honorarios correspondientes a distintos proveedores.
El denominado Puño Gráfico A aparece en recibos emitidos por diversos proveedores, entre ellos:
– José Figueroa Yanayaye
– Guillermo Conde Muchaypiña
– Maribet Serna Chipana
– Giovanni Muchaypiña Loyola
– Sebastián Velarde Alfonso
– Mayra Vásquez Quiroz
– Víctor Camara Morales
– Dayana Cortez León
– Alberto Cortes Villalobos
– Oscar Noel Cotera
– Mirtha Marcos de Anampa
– Margarita Ramírez Pineda
Pese a tratarse de personas distintas, los documentos consignan un mismo patrón de escritura en el llenado de los recibos, particularmente en el campo “Recibí de: Gobierno Regional de Lima”.
Asimismo, el informe señala que proveedores como Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, pese a residir en lugares distintos, presentan recibos con el mismo puño gráfico, lo que constituiría un indicio de que habrían sido elaborados por una sola persona.
Además, se advierte que varios proveedores utilizaban el mismo formato y tenor para presentar informes de actividades, variando únicamente el tipo de letra como mecanismo para aparentar diferencias.
Delitos imputados a proveedores
En el documento fiscal se consigna que diversos proveedores, en condición de terceros, son investigados como presuntos:
Cómplices extraneus en delitos contra la administración pública, en las modalidades de:
Peculado por apropiación (Art. 387 del Código Penal)
Colusión (Art. 384 del Código Penal)
Negociación incompatible (Art. 399 del Código Penal)
Autores de:
Falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411 del Código Penal)
Falsedad genérica (Art. 438 del Código Penal)
Defraudación tributaria (Ley Penal Tributaria D. Leg. 813 y D. Leg. 1114)
Entre los mencionados figuran nombres como María Elena Negrón Martínez, Héctor Grober Pasquel Pino, Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, entre otros.
“Burriers administrativos” y cobro de cheques
El informe también describe la existencia de funcionarios y servidores administrativos de segunda línea que habrían actuado como “burriers administrativos”, es decir, personas encargadas de:
– Firmar comprobantes de pago.
– Cobrar los cheques en el Banco de la Nación.
– Entregar el dinero al gerente inmediato que impulsaba el encargo económico.
Según el documento, en muchos casos estas personas no contaban con la experiencia profesional mínima para organizar actividades de envergadura, y su participación se habría limitado a firmar documentos que habrían sido elaborados por terceros.
Encargos económicos millonarios
Uno de los hechos más relevantes se refiere al Informe N.º 27-2015, relacionado con un encargo económico otorgado en 2013 para la realización de un evento denominado “Minicampeonato de Vóley” en Barranca.
Se consigna que:
– Se autorizó un encargo económico por S/ 35,000.
– Se informó la asistencia de cerca de 350 personas.
– No se presentó el registro formal de participantes y/o asistentes.
Además, el documento detalla que, durante el periodo 2011-2014, se habrían entregado múltiples encargos económicos por montos significativos.
Por ejemplo:
– Sara Noemí Aliaga Tantaleán habría recibido 17 encargos económicos por un total de S/ 537,470.00.
– Jorge Humberto Barba Mitrani, en su condición de Director de Comercio Exterior y Turismo, habría recibido 4 encargos económicos por S/ 104,601.00.
– Marcelo Lévano Solari, exgerente de Desarrollo Social, habría canalizado 25 encargos económicos por un total de S/ 644,500.00 entre 2011 y 2014.
El informe sostiene que la Gerencia de Desarrollo Social fue la que viabilizó la mayor cantidad de encargos económicos en ese periodo.
Indicios que agravan la investigación
La coincidencia en la escritura de recibos emitidos por distintos proveedores, el uso reiterado de formatos similares, la falta de sustento documentario completo y la concentración de encargos económicos en determinadas áreas configuran, según el informe, indicios relevantes de una posible organización interna destinada a canalizar fondos públicos mediante terceros.
Las investigaciones continúan y corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales. No obstante, los documentos analizados revelan un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia en el manejo de recursos del Gobierno Regional de Lima durante la gestión de Javier Alvarado.
El caso FINVER no es un simple debate técnico ni una controversia procesal aislada. Lo que está en juego es algo más grave: una estrategia jurídica claramente orientada a evitar el juicio oral, ganar tiempo y debilitar cualquier posibilidad de una sentencia penal efectiva.
Desde la perspectiva procesal, el entrampamiento resulta evidente. La defensa de Javier Alvarado ha recurrido de manera reiterada a incidentes de nulidad, pedidos de reposición y, recientemente, a la llamada apelación por salto, invocando el supuesto incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las resoluciones de primera y segunda instancia, así como la casación suprema.
El objetivo ha sido uno solo: impedir la instalación del nuevo juicio oral programado para el 9 de enero de 2026. Y, finalmente, lo han conseguido.
El último pronunciamiento del Tribunal Constitucional ordena que el juez penal emita una nueva sentencia, pero sin la realización de un juicio oral, limitándose a resolver sobre la base de los actuados existentes. Aquí se presenta el problema central: el modelo procesal penal peruano no admite sentencias sin juicio oral. El juicio es, por definición legal y constitucional, oral, público y contradictorio. La propia Constitución prohíbe desviar a una persona del procedimiento previamente establecido.
En materia de nulidad, la regla es clara: la nulidad retrotrae el proceso al estado anterior al vicio. Si el vicio se produjo en la sentencia, lo que corresponde es la realización de un nuevo juicio oral, no la emisión de una sentencia sin debate ni actuación probatoria.
El escenario construido ejerce una presión indebida sobre el magistrado, colocándolo ante una falsa disyuntiva: o acata el mandato constitucional y dicta una sentencia sin juicio que, según la defensa, debería ser absolutoria, o insiste en llevar adelante el juicio y se expone a nuevas nulidades. Sin embargo, con o sin juicio, el juez podría incluso condenar. Precisamente eso es lo que se busca evitar: que la condena sea una opción real.
En este contexto, el tiempo se convierte en el principal aliado del imputado. Cada dilación acerca el proceso a la prescripción o al agotamiento del plazo razonable. No se persigue una absolución por inocencia, sino una absolución por desgaste.
El rol de la Fiscalía es determinante. El Ministerio Público tiene el deber constitucional de defender la legalidad y el debido proceso. Si se expide una sentencia sin juicio oral, corresponde solicitar su nulidad por ilegal e inconstitucional. El silencio fiscal, hasta el momento, resulta preocupante.
FINVER no es un caso menor. Es el proceso que más compromete la carrera política de Alvarado, quien además afronta otros procesos judiciales y múltiples investigaciones fiscales en trámite. La ecuación es simple: evitar el juicio hoy, dejar pasar el tiempo y llegar al poder político mañana.
Aquí no se discute culpabilidad o inocencia, se discute algo mucho más grave: que el juicio nunca ocurra, y cuando el juicio desaparece, la justicia también.
Cómo diría Martha Hildebrandt, porque somos tan huachafos, porque nos gusta tanto usar eufemismos, porque no decimos las cosas por su nombre.
Javier Alvarado fue condenado a pena privativa de la libertad, en tres instancias, la Corte Suprema confirmó la sentencia en última y definitiva instancia, por eso estuvo prófugo de la justicia.
La defensa de Javier Alvarado, a través de un Habeas Corpus, logró que el TC declarara nula la sentencia del Poder Judicial.
Ese mismo Tribunal Constitucional, nombrado por la mafia congresal, ordenó un nuevo proceso que, obviamente, tiene que cumplirse, no es, como dicen sus ayayeros, que fue absuelto, eso es imposible, ya que no le corresponde al TC pronunciarse sobre la inocencia o la responsabilidad penal de Javier Alvarado.
Lo que debe quedar claro es que Renovación Popular, que lidera Rafael López Aliaga, le ha dado la mano en el TC, ya que ellos pusieron a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.
La prueba irrefutable del apoyo de “Porky” ante el TC, es el hecho de que Javier Alvarado, vaya como senador por Renovación Popular, por la Región Lima, ya que la estrategia de la mafia que nos gobierna es copar el Senado.
Javier Alvarado postula para el Senado, porque sabe que puede blindarse, conseguir inmunidad y escaparse de una condena que pende sobre su cabeza como una espada de Damocles.
He querido aclarar este punto, para que el pueblo emita un voto informado y evitar que la mafia nos siga gobernando.
