Una condena penal activa la vacancia obligatoria y pone contra las cuerdas al discutido Consejo Regional: la ley exige acción inmediata.
La población de las nueve provincias de la Región Lima debe conocer que la gobernadora regional Rosa Gloria Vásquez Cuadrado registra una sentencia penal condenatoria firme por delito de corrupción de funcionarios, además de múltiples procesos penales activos en distintos distritos fiscales del país, varios con dictamen fiscal y en etapa de apelación. Según la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una condena por delito doloso inhabilita automáticamente para ejercer función pública.
Este escenario obliga al Consejo Regional de Lima a iniciar y resolver, sin dilaciones, el procedimiento de vacancia. Especialistas en derecho advierten que cualquier intento de encubrimiento, demora o negativa constituiría omisión de funciones y desacato al orden constitucional, generando responsabilidad penal individual.
De persistir esta conducta, el caso será elevado al Jurado Nacional de Elecciones, cuya decisión es final y vinculante, con facultad de remitir antecedentes al Ministerio Público. El mensaje es claro: la ley no se negocia, se cumple.
ENFOQUE REAL 