En un hecho que roza lo irónico, la Municipalidad Provincial de Huaral procedió a la clausura de la oficina descentralizada de EMAPA HUARAL–OTASS, ubicada en la calle Derecha. El motivo: el local operaba sin el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), un requisito de ley indispensable para garantizar la integridad de los trabajadores y de los miles de usuarios que acuden a diario.
La clausura se ejecutó mientras el gerente de la entidad, Juan Carlos Bueno Rivera, ofrecía una conferencia de prensa a un grupo de medios de comunicación. Sin embargo, el blindaje mediático no pudo frenar la fiscalización municipal, que interrumpió el acto para aplicar la ley.
Según información, la medida no solo implica el cierre temporal del establecimiento hasta que se subsanen las faltas, sino también una multa económica considerable de media UIT.
Tras el incidente, la gerencia emitió un comunicado informando que la atención se trasladará a la planta de tratamiento, guardando silencio absoluto sobre el porqué se permitió atender al público en un local que no cumplía con las normas mínimas de seguridad.
Preguntas sin respuesta
Este suceso deja interrogantes graves para la población huaralina:
- ¿Cuánto tiempo ha funcionado este local exponiendo a los ciudadanos a riesgos innecesarios?
- ¿Quién asume la responsabilidad política y administrativa ante esta negligencia?
Resulta indignante que, pese a las elevadas tarifas de los recibos de agua que pagan los usuarios, la administración de EMAPA HUARAL demuestre tal desprecio por las normas de seguridad básicas. En Huaral, ha quedado demostrado que los discursos se desmoronan cuando chocan con la realidad: la ley debe ser igual para todos, incluso para quienes pretenden dar lecciones desde un atril.
ENFOQUE REAL 