El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación ante un reciente fallo judicial peruano que limita las facultades de supervisión de Ositrán sobre el Megapuerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que el Perú corre el riesgo de perder el control sobre esta infraestructura estratégica, utilizando duras calificaciones contra lo que denominaron «propietarios chinos depredadores» y enfatizando que el financiamiento proveniente de dicho país podría comprometer la soberanía nacional a largo plazo.
La controversia legal se originó luego de que el Poder Judicial declarara fundada una demanda de amparo a favor de Cosco, prohibiendo que Ositrán regule, fiscalice o sancione las operaciones dentro del terminal, con excepción de ciertos temas tarifarios bajo competencia de Indecopi. Ante esto, Ositrán anunció que apelará la decisión, sosteniendo que el megapuerto es una infraestructura de uso público según la Ley Portuaria Nacional y, por lo tanto, no puede quedar exento de la supervisión estatal que garantiza la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes.
Por su parte, el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, respaldó la postura de su gobierno a través de un mensaje directo donde afirmó que «lo barato sale caro» y que no existe un precio más alto para una nación que perder su autonomía sobre activos clave. Mientras la tensión diplomática crece, el puerto de Chancay continúa consolidándose como el principal eje logístico de Sudamérica, habiendo recaudado ya más de mil millones de soles a través de la Sunat desde el inicio de sus operaciones.
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