Un informe fiscal y pericial ha puesto bajo la lupa una presunta red de irregularidades durante la gestión de Javier Alvarado en el Gobierno Regional de Lima, vinculada a la emisión de recibos por honorarios, el manejo de encargos económicos y la utilización de terceros proveedores que, según los documentos, presentarían evidentes coincidencias en su elaboración.
Un mismo puño gráfico en distintos proveedores
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de similitudes en el puño gráfico es decir, la escritura manuscrita en recibos por honorarios correspondientes a distintos proveedores.
El denominado Puño Gráfico A aparece en recibos emitidos por diversos proveedores, entre ellos:
– José Figueroa Yanayaye
– Guillermo Conde Muchaypiña
– Maribet Serna Chipana
– Giovanni Muchaypiña Loyola
– Sebastián Velarde Alfonso
– Mayra Vásquez Quiroz
– Víctor Camara Morales
– Dayana Cortez León
– Alberto Cortes Villalobos
– Oscar Noel Cotera
– Mirtha Marcos de Anampa
– Margarita Ramírez Pineda
Pese a tratarse de personas distintas, los documentos consignan un mismo patrón de escritura en el llenado de los recibos, particularmente en el campo “Recibí de: Gobierno Regional de Lima”.
Asimismo, el informe señala que proveedores como Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, pese a residir en lugares distintos, presentan recibos con el mismo puño gráfico, lo que constituiría un indicio de que habrían sido elaborados por una sola persona.
Además, se advierte que varios proveedores utilizaban el mismo formato y tenor para presentar informes de actividades, variando únicamente el tipo de letra como mecanismo para aparentar diferencias.
Delitos imputados a proveedores
En el documento fiscal se consigna que diversos proveedores, en condición de terceros, son investigados como presuntos:
Cómplices extraneus en delitos contra la administración pública, en las modalidades de:
Peculado por apropiación (Art. 387 del Código Penal)
Colusión (Art. 384 del Código Penal)
Negociación incompatible (Art. 399 del Código Penal)
Autores de:
Falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411 del Código Penal)
Falsedad genérica (Art. 438 del Código Penal)
Defraudación tributaria (Ley Penal Tributaria D. Leg. 813 y D. Leg. 1114)
Entre los mencionados figuran nombres como María Elena Negrón Martínez, Héctor Grober Pasquel Pino, Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, entre otros.
“Burriers administrativos” y cobro de cheques
El informe también describe la existencia de funcionarios y servidores administrativos de segunda línea que habrían actuado como “burriers administrativos”, es decir, personas encargadas de:
– Firmar comprobantes de pago.
– Cobrar los cheques en el Banco de la Nación.
– Entregar el dinero al gerente inmediato que impulsaba el encargo económico.
Según el documento, en muchos casos estas personas no contaban con la experiencia profesional mínima para organizar actividades de envergadura, y su participación se habría limitado a firmar documentos que habrían sido elaborados por terceros.
Encargos económicos millonarios
Uno de los hechos más relevantes se refiere al Informe N.º 27-2015, relacionado con un encargo económico otorgado en 2013 para la realización de un evento denominado “Minicampeonato de Vóley” en Barranca.
Se consigna que:
– Se autorizó un encargo económico por S/ 35,000.
– Se informó la asistencia de cerca de 350 personas.
– No se presentó el registro formal de participantes y/o asistentes.
Además, el documento detalla que, durante el periodo 2011-2014, se habrían entregado múltiples encargos económicos por montos significativos.
Por ejemplo:
– Sara Noemí Aliaga Tantaleán habría recibido 17 encargos económicos por un total de S/ 537,470.00.
– Jorge Humberto Barba Mitrani, en su condición de Director de Comercio Exterior y Turismo, habría recibido 4 encargos económicos por S/ 104,601.00.
– Marcelo Lévano Solari, exgerente de Desarrollo Social, habría canalizado 25 encargos económicos por un total de S/ 644,500.00 entre 2011 y 2014.
El informe sostiene que la Gerencia de Desarrollo Social fue la que viabilizó la mayor cantidad de encargos económicos en ese periodo.
Indicios que agravan la investigación
La coincidencia en la escritura de recibos emitidos por distintos proveedores, el uso reiterado de formatos similares, la falta de sustento documentario completo y la concentración de encargos económicos en determinadas áreas configuran, según el informe, indicios relevantes de una posible organización interna destinada a canalizar fondos públicos mediante terceros.
Las investigaciones continúan y corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales. No obstante, los documentos analizados revelan un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia en el manejo de recursos del Gobierno Regional de Lima durante la gestión de Javier Alvarado.
ENFOQUE REAL 