El primer gabinete de ministros del Gobierno de José María Balcázar, con Denisse Miralles a la cabeza, ha sido oficializado. Por ello, vale repasar la información consignada por cada uno de los nuevos titulares de las carteras ministeriales. La República pudo constatar, tras verificar las declaraciones juradas de cada nuevo ministro, que seis ministros, incluyendo a la primera ministra, cuentan con investigaciones en curso.
Según la información adjuntada por ella misma, la presidenta del Consejo de Ministros es actualmente investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. No obstante, la titular del gabinete no detalla el delito por el cual viene siendo investigada.
Siguiendo los pasos de su jefa, Hugo Begazo, nuevo ministro del Interior, también se encuentra bajo investigación. Begazo es señalado por presuntamente haber falsificado un documento público. Según la documentación presentada ante las autoridades, al ministro se le acusa de haber firmado una declaración jurada a favor del saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, cuenta con más de una investigación abierta: dos por negociación incompatible y una por colusión agravada. Además, anteriormente el titular de la cartera de Justicia fue incluído en una denuncia por falsificación realizada tras la detección de firmas falsas presentadas ante Reniec para la inscripción de un partido político.
Así como Jiménez, quien también se encuentra investigado por colusión —en este caso, colusión simple— es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.
Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, registra dos investigaciones en trámite: una por omisión de funciones y otra por genocidio. Esta última podría explicarse por su pasado político: la actual titular del Minam fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante los inicios del Gobierno de Boluarte, periodo en el que se produjeron las muertes de manifestantes en las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.
Completa la lista Wilder Alejandro Quilcate, ministro de Vivienda. Según su declaración jurada, Quilcate es el integrante del gabinete que enfrenta el mayor número de investigaciones: seis procesos ante las autoridades. Entre otros delitos, es acusado de negociación incompatible, lavado de activos y usurpación, entre otros.
El ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles, también contaría con investigaciones. Esto pese a que no consigno ninguna de ellas en su declaración jurada. En el apartado para comentarios sobre las denuncias en su contra, López Gonzáles deja este comentario: “He marcado la opcion ‘no’; sin embargo, tengo conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado. Al no tener dicha informacon en detalle al momento de la firma del presente, la consignaré a través del anexo 3″.
Antecedentes señalados
No solo las denuncias en trámite llaman la atención. Otros ministros también registran investigaciones archivadas. Tal es el caso de algunos que aún son investigados, como Denisse Miralles, Luis Enrique Jiménez y Nelly Paredes del Castillo.
La primera ministra llegó a enfrentar graves acusaciones en su momento, al ser investigada por delitos como lavado de activos y otros vinculados a corrupción. Jiménez, titular de Justicia, quien todavía enfrenta una denuncia por colusión, ya tuvo archivado anteriormente un caso en su contra por ese mismo delito. Por último, Paredes del Castillo afrontó denuncias por nombramiento ilegal y omisión de funciones, ambas posteriormente archivadas.
Otros ministros que actualmente no son investigados mantienen antecedentes relevantes. César Quispe Luján, ministro de Producción, llegó a tener hasta diez procesos abiertos por delitos que iban desde apropiación ilícita hasta estafa, incluyendo lavado de dinero. Con ese número de investigaciones archivadas, se convierte en el ministro que más veces enfrentó procesos de esta naturaleza ante las autoridades.
Luis Napoleón Quiroz y Fátima Altabas, titulares de Salud y Cultura, respectivamente, también cuentan con dos investigaciones archivadas. El primero fue acusado de cohecho pasivo propio —figura penal empleada para describir los sobornos—, mientras que la segunda fue investigada por delitos contra la libertad.
Quien también habría sido investigado, aunque no en el fuero judicial ordinario, es el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo. En su declaración jurada, el titular del sector señala que atraviesa un proceso en el fuero militar por faltas vinculadas al ámbito castrense. Sin embargo, no precisa si dicha investigación se encuentra abierta o ya fue cerrada.
Por último, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, no registra denuncias en la información consignada en sus declaraciones juradas. Sin embargo, en redes sociales se viralizó una denuncia presuntamente realizada por su suegra en su contra por violencia sexual. Al respecto, el Ministerio de Educación respondió mediante un comunicado, asegurando que “la denuncia fue archivada luego de que informes del Instituto de Medicina Legal acreditaran que la denunciante presentaba problemas de salud mental”.
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