El suspendido fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que el Banco de Crédito del Perú (BCP) no le permite abrir una cuenta bancaria. Como se sabe, Domingo Pérez involucró a esta entidad financiera en investigaciones sobre financiamiento ilícito contra Keiko Fujimori.
«Hasta ahora no puedo entender porque no puedo tener una cuenta en el BCP. Pregunto: ¿Será por qué soy el fiscal que develó los aportes que hacía este banco a la campaña de la señora Fujimori? (…)», indico Domingo Pérez durante la transmisión de su podcast. El suspendido fiscal mostró una carta donde el banco le respondió que «se reservaba el derecho de admisión» ante su solicitud para abrir una cuenta bancaria en esta entidad.
Domingo Pérez investigó a Dionisio Romero, expresidente del BCP
En su programa, Domingo Pérez señaló que el empresario peruano y expresidente del BCP, Dionisio Romero, iba a declarar sobre la entrega de dinero de clientes del banco a la campaña de la candidata fujimorista.
«El primero de julio del año 2024, Dionisio Romero Paoletti se iba a presentar a declarar ante todo el Perú como entre noviembre de 2010 a mayo del 2011 se reunió Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Dionisio Romero y Martin Pérez Monteverde. Iba a declarar como en esas reuniones, Keiko Fujimori asumía compromisos de favorecer a Dionisio Romero a cambio de la contribución económica», declaró en su programa el suspendido fiscal.
BCP responde a José Domingo Pérez
Al respecto, el banco ha indicado a través de un comunicado enviado a este diario que pueden tomarse el derecho de no aceptar a ciertos clientes. Según indicó la entidad financiera, su decisión se encuentra respaldada en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, así como en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, referidos a la aplicación de criterios de prudencia.
«Cuando se trata de clientes nuevos, las entidades del sistema financiero están obligadas a efectuar el análisis de los filtros regulatorios y comerciales que correspondan y, no se encuentran obligadas a establecer relaciones contractuales con todos los que lo solicitan, en determinados supuestos, especialmente cuando se trata de personas con investigaciones penales, conforme a sus políticas internas de prevención y gestión del riesgo», indicaron en su comunicado.