El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) será investigado preliminarmente por el presunto delito de colusión y negociación incompatible por supuestamente haber endeudado a la Municipalidad de Lima (MML) con S/4 mil millones, de manera “ilegal” e “irregular”, durante su gestión como alcalde.
La denuncia por este caso fue presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes Reyes, quien anteriormente denunció un supuesto fraude en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán.
Emisión de bonos sin garantía del gobierno nacional, según la denuncia
En el documento al que accedió Epicentro, Sifuentes Reyes argumenta que la MML emitió bonos de titulización por el valor de S/4 mil millones, pese a “incumplir” normas técnicas, legales y contables a cambio de los ingresos por concepto de impuestos de alcabala y vehicular.
La práctica de emisión de bonos se da cuando una entidad se endeuda pidiendo dinero a inversionistas a cambio de comprometerse a devolver ese dinero en el futuro con intereses. Si bien se trata de una medida legal, no puede ejecutarse de forma libre ni discrecional sin responder a las regulaciones del Estado.
En este caso, cuando la MML solicitó la opinión de la Contraloría, la institución advierte que la deuda que contraerían se pagaría en un plazo de 20 años, más cinco años de gracia. Esto comprometía las finanzas de las siguientes cinco gestiones municipales, precisó el Informe Previo N° 001-2023-CG/GRLIM, denominado ‘Operación de endeudamiento, sin garantía del gobierno nacional’.
Sifuentes precisó en su denuncia que el endeudamiento se ejecutó con tres acuerdos de concejo realizados entre 2023 y 2024.
Indicó que el primer acuerdo -Acuerdo de Concejo Nº 204, del 23 de junio de 2023- autorizó la primera emisión de bonos titulizados “sin garantía del gobierno peruano y en el mercado nacional”, pero terminó haciéndose en el mercado internacional.
Adicionalmente, el auditor denunciante argumenta que la MML no tendría los recursos económicos para cumplir los parámetros exigidos por el Decreto Legislativo 1275, que exigía que el saldo de la deuda total no debe exceder el 100% de los ingresos de una entidad.Denuncia fue rechazada en un inicio y Procuraduría tuvo que apelar
El último 9 de febrero la Primera Fiscalía Provincial dispuso «rechazar liminarmente» la denuncia penal. La Procuraduría Anticorrupción apeló la decisión y, finalmente, la fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante ordenó ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie una investigación fiscal contra el exalcalde de Lima y quienes resulten responsables.
ENFOQUE REAL 