El Ministerio Público informó que viene evaluando las responsabilidades penales derivadas de las deficiencias operativas registradas durante las elecciones generales, así como del manejo y custodia del material electoral en diversos distritos de Lima.
El coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, señaló que durante la jornada electoral se detectaron retrasos en la instalación de mesas, problemas en la distribución del material y fallas en la cadena de seguridad, lo que afectó el normal desarrollo del sufragio.
“Han habido serias deficiencias operativas por parte de ONPE, lo que ha generado evidentemente un retraso en el material electoral”, precisó.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público tomó conocimiento de situaciones ocurridas en distritos como Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, donde se reportaron irregularidades en la recolección y traslado de cédulas de votación, por lo que se evalúa dar parte a la fiscalía penal correspondiente.
“El día de ayer el Ministerio Público ha tomado nota de todas las deficiencias que se han podido apreciar con motivo de los hechos en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores”, sostuvo.
En relación con la detención preliminar de un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el representante explicó que la medida responde al presunto delito de omisión o demora de actos funcionales, sin descartar que la investigación alcance a otros funcionarios.
“Se ha procedido la detención en flagrancia del señor José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el delito de omisión o demora de actos funcionales”, indicó.
Barrenechea también advirtió que, además de las fallas operativas, se investiga un posible caso de colusión en la contratación de una empresa encargada del despliegue logístico, la cual no habría contado con la capacidad suficiente para cumplir con el servicio.
“Se va a establecer si además de este acto de negligencia habrá un acto doloso y por tanto con consecuencias penales”, remarcó.
El Ministerio Público recordó que, de confirmarse los delitos, estos podrían implicar penas de hasta siete años de prisión efectiva, especialmente en casos relacionados con la afectación del derecho al voto y la gestión irregular del material electoral.
“Podría ser una pena grave que podría inclusive llevar una pena efectiva […] por lo menos de 7 años”, afirmó.
Finalmente, se informó que fiscales de prevención del delito continuarán con labores de supervisión para verificar que el traslado y custodia del material electoral se realicen conforme a la ley.
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