El sicario trasladó a su víctima en una moto lineal. Ese domingo -3 de julio del 2021- transcurría tranquilo, con el toque de queda decretado por el Estado para prevenir contagios por el COVID-19. La chica, una joven venezolana, había estado, poco antes, reunida con un grupo de compatriotas. Solo una de ellas era su objetivo y fue sacada con engaños.
Cuando llegaron a la urbanización Virgen del Rosario, el hombre de la moto la obligó a descender. Su misión era ejecutarla y no falló. Disparó cinco veces y escapó.
El crimen con el sello de una mafia ocurrió en Surco. No era la primera vez que un asesinato por encargo se cobraba la vida de mujeres en Lima, pero fue uno de los casos más sonados hasta que luego, en el 2022, se extendió con el homicidio de otras dos extranjeras en el jirón Zepita.
La joven venezolana asesinada en Surco había sido captada, mediante engaños, en Colombia y trasladada al país para explotarla sexualmente.
Le exigían el pago de US$5.000 por su libertad, pero la ultimaron porque amenazó con denunciar su caso a las autoridades.
Un mes antes del crimen, en junio, una denuncia de la Policía de Colombia llegó a la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Los agentes se enteraron así que una venezolana había sido captada en la ciudad de Cartagena y, junto con otras chicas, fueron traídas a Lima.
Tras una ardua investigación, la policía capturó a ‘Los chamos de Santa Rosa’ y hoy el Poder Judicial los sentenció a duras penas de prisión, según lo confirmó la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.
“Se consiguió que se confirme, en segunda instancia, condenas de hasta 34 años de prisión efectiva para los integrantes de esta banda criminal por los delitos de explotación sexual en agravio de cuatro mujeres, y homicidio calificado”, dijo un representante del Ministerio Público.
La sentencia confirma la pena de 34 años de cárcel para Víctor Hernández Jiménez, alias Vitoco, líder de la banda; así como de 24 años para José Lorven Cortez; y de 15 años y 11 meses para Keiner López Pastran y Deibis Villegas Parra, cada uno.
La condena para el cabecilla de la banda también comprendió el delito de homicidio calificado al haber ordenado la ejecución de una de las víctimas de explotación sexual que informó sobre su situación a las autoridades.
Por esta razón, se le impuso a Hernández Jiménez el pago de S/60.000 como reparación civil por ese hecho, así como el de S/50.000 por cada agraviada por el ilícito de explotación sexual. Por el delito de banda criminal, todos deberán pagar también S/10.000.
Según los hechos comprobados en doble instancia, la red operaba desde 2021 y captó mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp a mujeres, en su mayoría extranjeras, para luego explotarlas en el distrito de Santa Anita.
Los miembros de la banda cumplían distintos roles como el cobro de cupos, transporte y vigilancia de las víctimas, a quienes sometían a la prestación de servicios sexuales bajo amenaza y coacción.
ENFOQUE REAL 