En un operativo de alto impacto ejecutado durante la madrugada, el Ministerio Público, con apoyo de efectivos de la DIVIAC y de la Policía Nacional del Perú, allanó la vivienda de Rubén Cano, alcalde de La Victoria, e intervino a Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, alias ‘Jhuly’, quien pertenece al partido político Juntos por el Perú, por el cual se presentó como diputada.
La intervención forma parte de una serie de diligencias simultáneas orientadas a desarticular una red que, según la hipótesis fiscal, operaba desde hace más de una década dentro de la estructura municipal para controlar espacios públicos en el emporio comercial de Gamarra, mediante el cobro sistemático de cupos a comerciantes.
El fiscal a cargo, Carlos Angelino Córdoba, detalló que la operación también alcanzó a funcionarios en ejercicio dentro del municipio.
“Tenemos una serie de funcionarios de la Municipalidad de La Victoria, entre ellos el alcalde Rubén Cano, el gerente de Fiscalización y personal de Recursos Humanos. Desde esta última área se habría facilitado la contratación de personas no idóneas, quienes operaban como fiscalizadores y ejecutaban acciones selectivas en Gamarra”, explicó.
Según el representante del Ministerio Público, estos fiscalizadores habrían retirado a comerciantes informales no alineados con la organización, permitiendo que otros ocupen esos espacios bajo un esquema de pagos ilegales.
Durante el operativo también fue detenido Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’, señalado como el presunto líder de la red. De acuerdo con las autoridades, este individuo ya había estado recluido en un penal en 2024, lo que no habría impedido la continuidad de las actividades ilícitas.
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Además, las fuerzas del orden intervinieron al exgerente de Movilidad Urbana Sostenible y a exfiscalizadores municipales, quienes habrían tenido roles operativos dentro del esquema de control territorial.
Una red infiltrada desde 2014
La tesis fiscal sostiene que la organización criminal logró infiltrarse desde 2014 en la Gerencia de Fiscalización del municipio de La Victoria, consolidando progresivamente el dominio de zonas estratégicas dentro de Gamarra, especialmente en los denominados dameros A y B.
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Este control habría continuado durante la actual gestión edil iniciada en enero de 2023, lo que, según los investigadores, sugiere que las autoridades municipales tenían conocimiento —o al menos toleraban— estas prácticas.
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Las investigaciones revelan un sistema estructurado de cobros ilegales. Tras operativos municipales de recuperación de espacios públicos, estos eran presuntamente reasignados a comerciantes ambulantes a cambio de pagos que oscilaban entre 1,000 y 5,000 soles por el derecho de ocupación.
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A ello se sumaban cuotas semanales de entre 10 y 20 soles, generando un flujo constante de ingresos ilícitos para la organización.
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