Fuente: Diario El Chaski
Una nueva denuncia política comienza a generar tensión dentro del Gobierno Regional de Lima. Según fuentes internas del propio Consejo Regional, se estaría orquestando una presunta vacancia contra el vicegobernador Nicolás Barrera con el objetivo de impedir que asuma funciones tras la confirmación de la sentencia contra la hoy sentenciada y prófuga Rosa Vásquez.
La denuncia ha encendido las alarmas porque, de concretarse ese escenario, quien podría verse beneficiado políticamente sería Ronaldd Soberón como presidente del consejo regional, nombre que vuelve a sonar con fuerza dentro del tablero regional.
Pero ahí no termina la polémica.
Diversas voces recuerdan que Ronaldd Soberón tiene parentesco con Lucho Ueno, vínculo que hoy vuelve a estar bajo la lupa y alimenta los cuestionamientos sobre una eventual continuidad del poder dentro del mismo entorno político… y familiar, y también por que Lucho Ueno esta postulando al gobierno regional con APP – La Cholita.
De acuerdo con estas versiones internas, dentro del Consejo Regional existirían movimientos y conversaciones orientadas a frenar la llegada de Nicolás Barrera al cargo que le correspondería asumir por ley. La sospecha es que, mientras públicamente se habla de institucionalidad, por debajo se estaría armando otra jugada.
Y la pregunta que hoy recorre los pasillos del Gobierno Regional es una sola:
¿Por qué quieren impedir que Nicolás Barrera asuma?
Para sectores críticos, la respuesta estaría ligada al temor de perder el control político del Gobierno Regional tras la caída de Rosa Vásquez.
Lo que se cuestiona es que varios consejeros, señalados por haber respaldado políticamente a Rosa Vásquez durante su gestión, hoy seguirían moviendo piezas para que el poder no salga del mismo grupo.
Si Nicolás Barrera queda fuera del camino y Ronaldd Soberón termina ocupando ese espacio, la lectura política sería contundente, el poder seguirá dentro del mismo círculo de siempre, y el vínculo familiar con Lucho Ueno solo hace crecer la polémica por que podrían por ahí financiar la campaña con dinero del gobierno regional de Lima.
En medio de la crisis institucional, lo que debió ser una transición política ordenada hoy amenaza con convertirse en una nueva batalla por el poder. Desde distintos sectores ya lo advierten:
primero blindaron una gestión cuestionada; ahora, presuntamente, buscarían vacar a quien debería asumir por ley para mantener el control regional.
Si estas versiones se confirman, el escándalo recién estaría comenzando. Porque para muchos ya no se trataría solo de una disputa política, se trataría de algo mucho más delicado como una presunta operación desde el propio Consejo Regional para que el Gobierno Regional no cambie de mano, sino que siga quedándose entre los mismos.