En los últimos días, diversos medios de comunicación nacionales y plataformas digitales han puesto nuevamente en el centro del debate público el caso de la exgobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, cuya situación jurídica se ha agravado tras la reciente decisión emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Ate.
El panorama ya resultaba complejo desde la resolución emitida por el colegiado de Lima Este, que inicialmente otorgó a la exautoridad el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, contemplado en el artículo 57 del Código Penal. Sin embargo, diversos especialistas cuestionaron dicha decisión al considerar que la sentenciada no cumpliría con los presupuestos legales exigidos para acceder a dicho beneficio.
Entre los principales cuestionamientos se señala que la pena impuesta supera los cinco años, además de existir observaciones respecto a la conducta y personalidad procesal de la sentenciada. A ello se suma una nueva acusación fiscal que afrontaría y que solicita una pena de hasta 18 años de prisión, situación que también habría sido valorada por la instancia superior.
Frente a ello, la Sala Penal de Apelaciones de Ate decidió revocar la suspensión de la pena y ordenó la ubicación y captura de Rosa Vásquez dentro del territorio nacional. Esta medida ha generado un fuerte impacto político y administrativo en el Gobierno Regional de Lima Provincias, dejando en incertidumbre el desarrollo de las actividades institucionales.
Según los argumentos expuestos por la sala, el delito imputado está vinculado a actos contra la administración pública, considerados de especial gravedad por afectar directamente la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Bajo ese razonamiento, el colegiado concluyó que no correspondía mantener el beneficio otorgado en primera instancia.
Pese a la trascendencia del caso, hasta el cierre de esta columna las autoridades regionales no habían emitido un pronunciamiento oficial. Tampoco lo han hecho algunos consejeros regionales, quienes actualmente mantienen alianzas políticas vinculadas a APP y al movimiento regional La Cholita.
Dentro del escenario político regional, incluso se viene discutiendo la posibilidad de esperar una eventual casación ante la Corte Suprema antes de convocar una sesión extraordinaria que permita tratar la sucesión regional. Asimismo, algunos sectores consideran que debe aguardarse la participación de la defensa legal de la exgobernadora para ejercer su derecho de defensa.
No obstante, especialistas sostienen que dicho planteamiento carecería de sustento práctico y legal, considerando que el recurso de casación es excepcional y que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece causales específicas para la vacancia. En particular, el inciso 3 del artículo 30 señala que corresponde declarar la vacancia cuando exista condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad.
Más allá de las posiciones políticas, este caso representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Región Lima. No se trata de celebrar una condena judicial, sino de reconocer la gravedad institucional que implica que una autoridad regional afronte este nivel de cuestionamientos y decisiones judiciales.
La principal preocupación hoy recae sobre los ciudadanos. La incertidumbre respecto a la continuidad de obras, convenios y proyectos regionales genera preocupación en la población, mientras se mantiene la expectativa sobre quién asumirá formalmente la conducción del Gobierno Regional. Conforme al orden sucesorio vigente, correspondería asumir funciones al señor Nicolás Barrera.
Jairo Arenas Ramírez
Asesor penal en litigios penales
Maestrando en la USMP
Estudios en la Universidad de Medellín – Colombia y Salamanca – España