Por Emerson Jara
El cierre de gestión en el Gobierno Regional (GORE) de Lima Provincias ha tomado el peor cariz posible, lo que se proyectaba como un tramo final destinado a inaugurar proyectos y consolidar presupuestos ha derivado en un estrepitoso derrumbe político e institucional. La ratificación por unanimidad de la condena de prisión efectiva contra la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado no solo decapita el liderazgo de la región, sino que sumerge a sus nueve provincias en una parálisis administrativa de consecuencias devastadoras.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este confirmó la sentencia de nueve años y cinco meses de prisión efectiva contra Rosa Vásquez por el delito de peculado doloso agravado. Asimismo, el Poder Judicial ordenó su inmediata captura y dispuso el pago conjunto de una millonaria reparación civil de un millón 900 mil soles en favor del Estado.
¿Por qué se le condena? Aunque la sentencia cae sobre su cabeza mientras ejerce el cargo de gobernadora regional, los hechos ilícitos se remontan a sus periodos previos como alcaldesa provincial de Huarochirí. La tesis fiscal acreditó la existencia de planillas fantasmas, apropiación de fondos públicos mediante cobros irregulares y la falsificación sistemática de documentos para justificar servicios que el municipio jamás recibió. A pesar de que la defensa intentó dilatar el proceso apelando a una supuesta falta de pruebas, la contundencia de las pericias contables sepultó sus pretensiones de librarse de la cárcel. Con una orden de captura vigente, el sillón del GORE Lima queda de facto vacío, gatillando un forzoso proceso de sucesión legal en favor del vicegobernador regional.
Para las provincias que componen la jurisdicción regional (Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos), el veredicto judicial es el tiro de gracia a un mandato que ya arrastraba serios cuestionamientos por ineficiencia en el gasto presupuestal:
1.- Parálisis total de obras públicas: Proyectos de asfaltado, construcción de colegios y sistemas de saneamiento básico —muchos de ellos a medio ejecutar en Huaral, Cañete y Huaura— quedan congelados en el limbo burocrático. El cambio forzado de autoridades implica, por ley, la congelación temporal de firmas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que retrasa los pagos a proveedores e interrumpe los plazos de entrega.
2.- Vulnerabilidad ante emergencias: Con el fenómeno climático latente y la necesidad de ejecutar defensas ribereñas en los ríos de la región (como las cuencas del río Chancay-Huaral o el río Mala), la ausencia de un liderazgo sólido e interconexión técnica con el Ejecutivo deja a las provincias de la sierra y la costa desprotegidas ante eventuales huaicos y desbordes.
3.- Crisis de confianza ciudadana: El caso de Rosa Vásquez reabre una vieja herida en el norte y sur chico: la historia repetida de gobernadores regionales procesados o encarcelados por corrupción (un destino similar al de predecesores como Javier Alvarado o Nelson Chui). Esta realidad erosiona por completo la confianza de la ciudadanía hacia el proceso de descentralización.
El colapso de la gestión de Rosa Vásquez deforma por completo el balance de su mandato y deja a las nueve provincias de Lima pagando el precio del desgobierno, mientras la policía ejecuta la orden de búsqueda de la ahora prófuga exautoridad, los más de un millón de habitantes de la región se preparan para un cierre de año marcado por el estancamiento económico y la desolación institucional.