El Poder Ejecutivo oficializó, a través del Decreto Supremo Nº 086-2026-PCM, la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas jurisdicciones del sur del país. El objetivo de esta disposición es continuar ejecutando operaciones orientadas a enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La medida, que rige a partir del 9 de junio de 2026, comprende a los distritos fronterizos de Palca, Tarata, La Yarada-Los Palos y Tacna, situados en la provincia homónima de la región Tacna.
Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, para lo cual contará con acciones de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. La normativa precisa que la PNP determinará las zonas exactas de intervención basándose en labores de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.
Restricción de derechos ciudadanos
El decreto supremo refiere a la aplicación del artículo 137 de la Constitución, el cual permite la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales específicos en las zonas declaradas en emergencia. En este caso, quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.
Respecto al desarrollo de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas que tengan un carácter masivo y público, la norma establece que será obligatorio solicitar un permiso previo ante las autoridades competentes para su evaluación. Por el contrario, los eventos que no reúnan un carácter masivo podrán realizarse con normalidad sin necesidad de requerir dicha autorización.
Finalmente, se dispuso que, en un plazo máximo de cinco días hábiles tras el término de la medida, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá remitir un informe de resultados al titular del Ministerio del Interior, documento que luego será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial con sus respectivas recomendaciones.