Nuevos elementos incorporados a la investigación por el presunto feminicidio de Zoila Castillo Chanduco y el asesinato de su hijo de seis años han complicado aún más la situación legal de Alexis Alcántara Tellería, quien cumple nueve meses de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias del caso que conmocionó a la región San Martín.
Según información revelada por América Noticias, el principal sospechoso arrastraba un historial de denuncias por violencia familiar y lesiones graves antes de ser señalado como autor de uno de los crímenes más impactantes de los últimos meses en el país.
Los antecedentes, registrados durante 2024, fueron considerados por el Ministerio Público y el Poder Judicial al momento de evaluar el pedido de prisión preventiva por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio calificado.
Informe psicológico expone rasgos preocupantes
Uno de los documentos más relevantes incorporados a la carpeta fiscal es el informe psicológico forense practicado a Alcántara Tellería.
De acuerdo con las conclusiones de los especialistas, el investigado presenta una tendencia a minimizar las consecuencias de sus acciones y muestra escasa sensibilidad frente al sufrimiento de otras personas.
El peritaje señala además que el acusado intenta proyectar una imagen favorable de sí mismo, aunque sus conductas y antecedentes reflejarían una realidad distinta.
Para los investigadores, estos hallazgos resultan importantes debido a que coinciden con el comportamiento que habría mostrado durante las diligencias posteriores a su captura.
Cambió varias veces su versión
La Fiscalía también advirtió contradicciones en las declaraciones brindadas por Alcántara a lo largo de la investigación.
Inicialmente, el acusado habría admitido su participación en la muerte de Zoila Castillo y del menor. Sin embargo, posteriormente modificó su relato e intentó justificar los hechos asegurando que la propia madre había agredido primero a su hijo.
Esta versión ha sido rechazada por los familiares de las víctimas y por los representantes del Ministerio Público, quienes sostienen que los elementos de prueba apuntan a una responsabilidad directa del investigado.