El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. La iniciativa busca reducir la sobrepoblación en las cárceles del país y mejorar las condiciones del sistema penitenciario, que actualmente alberga a más de 100.000 internos en establecimientos con capacidad para poco más de 41.000 personas.
La resolución encarga al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y a la Dirección de Gracias Presidenciales coordinar las acciones necesarias para implementar el plan. Además, la Dirección de Política Criminológica del Minjusdh tendrá a su cargo el seguimiento de las medidas previstas.
Asimismo, la norma establece que el INPE deberá elaborar, en un plazo de 15 días hábiles, los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte necesarios para supervisar la ejecución del plan. También dispone que la entidad impulse alianzas estratégicas orientadas a fortalecer los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal para la población penitenciaria.
MEDIDAS
Aunque la reciente resolución publicada en el diario oficial aprueba el plan sin detallar su contenido, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó en abril que la estrategia combinará la ampliación de infraestructura penitenciaria con mecanismos orientados a reducir la población carcelaria en determinados casos.
Entre las medidas previstas figuran la evaluación de beneficios penitenciarios, las conmutaciones de pena, las gracias presidenciales y la expulsión o el traslado de ciudadanos extranjeros privados de libertad. Según el titular del sector, estas acciones se aplicarán únicamente a personas condenadas por delitos de menor gravedad y no alcanzarán a internos considerados de alta peligrosidad.
El plan también mantendrá la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios. Actualmente, existen proyectos en ejecución en Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay, que buscan incrementar la capacidad del sistema.
MÁS DE 24.000 INTERNOS PODRÍAN ACCEDER A MEDIDAS DE DESHACINAMIENTO
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Justicia, una evaluación preliminar identificó a 24.739 internos que podrían acogerse a alguna de las herramientas contempladas en la estrategia.
Como primer paso, el Ejecutivo prevé remitir más de 5.000 expedientes al Poder Judicial para que los magistrados determinen si corresponde aplicar alguno de los mecanismos previstos por la normativa vigente.