Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para Jackson Mora y otros ocho investigados por presunto fraude informático

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora y otras ocho personas investigadas por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, y del Estado.

El requerimiento fiscal incluye a César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero.

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados habrían conformado una presunta organización criminal dedicada a vulnerar los sistemas informáticos de entidades públicas para ejecutar transferencias ilícitas de recursos del Estado.

Como parte de este presunto accionar, los investigados habrían desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

El dinero, según las pesquisas, habría sido canalizado a través de empresas y cuentas bancarias con el objetivo de ocultar su origen y facilitar su disposición.

Incautaron documentos y equipos electrónicos

La solicitud de prisión preventiva se sustenta en los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, incluidos los hallazgos realizados en las diligencias de allanamiento y registro domiciliario efectuados en 11 inmuebles ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos.

Durante los operativos se incautó documentación, equipos electrónicos y otros elementos considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados.

El Ministerio Público informó que continuará con las diligencias correspondientes para determinar las presuntas responsabilidades penales de los investigados, en estricto respeto del debido proceso.

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