Por Ángel Curioso Hidalgo
Consideramos imperativo esclarecer la reciente coyuntura legal de la ciudadana Rosa Vásquez Cuadrado. Es fundamental desentrañar este complejo escenario procesal de forma digerible para la ciudadanía, trazando una línea divisoria nítida entre la recuperación de la libertad física y la restitución del poder político.
En los últimos días, ha circulado profusa información sobre su situación judicial. En efecto, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina y Cieneguilla ha emitido resoluciones donde se declara fundada su demanda de hábeas corpus. Este fallo de primera instancia declara nula la sentencia de nueve años y cinco meses que pesaba en su contra por peculado doloso agravado, ordenando el levantamiento inmediato de las órdenes de captura.
No obstante, la ciudadanía debe comprender que este es un alivio circunscrito estrictamente a la justicia penal. El juez de La Molina, si bien resguarda derechos constitucionales vinculados a la libertad, carece por completo de facultades y competencias para ordenar su reposición en el sillón del Gobierno Regional de Lima Provincias.
En el terreno de la justicia electoral, el panorama es diametralmente distinto y se rige por un cauce inexorable. Conforme al artículo 178°, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el ente supremo y exclusivo que ostenta la prerrogativa de administrar justicia en materia electoral. Por consiguiente, solo el Pleno del JNE puede emitir un pronunciamiento definitivo para restituirle las credenciales oficiales como gobernadora.
Aunado a ello, el derrotero procesal sigue siendo arduo. Para que el mandato de nulidad de las sentencias penales se consolide formalmente, el expediente principal tiene que «bajar» físicamente desde la Corte Suprema hasta el juzgado de origen, un trámite burocrático ineludible. Además, es un hecho procesal previsible y seguro que la Procuraduría del Poder Judicial impugnará (apelará) este hábeas corpus concedido en primera instancia, lo que trasladará la batalla legal a una Sala Superior. Este tribunal superior debería estar resolviendo a lo mucho en un mes y medio, existiendo la posibilidad de que eventualmente se revoque la decisión del juzgado.
En suma, el retorno a la gobernación no es automático. Estamos frente a un proceso que tiene todavía para meses de letargo y debate en los tribunales. Es innegable que Rosa Vásquez recupera momentáneamente su libertad locomotora, pero para que retome y reasuma las riendas administrativas, la palabra final la tiene el JNE, y para llegar a ese fallo decisivo, aún queda un largo y sinuoso trecho. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú dejó sin efecto la credencial de Rosa Vásquez y es el único ente que puede volver a acreditarla.