Fuente: Central de Noticias
Un nuevo golpe judicial sacude la campaña de Javier Alvarado y plantea un serio riesgo de inestabilidad institucional en el Gobierno Regional de Lima si el candidato resulta elegido y posteriormente condenado. La Sala Penal de Apelaciones de Huaura rechazó por unanimidad el recurso presentado por su defensa y confirmó el auto de enjuiciamiento por un presunto caso de corrupción vinculado a una obra pública en la provincia de Barranca.
En exclusiva, Central de Noticias tuvo acceso a la Resolución N.º 03, de fecha 29 de octubre de 2026, mediante la cual los magistrados desestimaron por unanimidad, los argumentos del abogado Luis Flores Valderas, quien pretendía anular el auto de enjuiciamiento alegando vulneración del principio de imputación necesaria. Para la Sala, los hechos atribuidos al acusado y los elementos probatorios se encuentran suficientemente identificados, por lo que corresponde continuar el proceso en juicio oral.
El grave caso comprende a nueve acusados por presunta colusión agravada en la obra de Agua Potable y Alcantarillado de El Porvenir y Caleta Vidal, en Supe. Según la información del requerimiento fiscal, el Ministerio Público solicita seis años de prisión, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/ 2,423,927.97, cuyo pago se plantea solidariamente entre los acusados.
La decisión judicial deja sin sustento a sus mediocres defensores de Alvarado, quienes utilizaban un comunicado de la Corte Superior de Huaura del 4 de octubre, para desacreditar las informaciones sobre su situación procesal. Aquel pronunciamiento únicamente desmentía la existencia de una sentencia o adelanto de fallo. Nunca significó una absolución, ni la inexistencia de expedientes judiciales en su contra.
La región ya padece las consecuencias de la inestabilidad política, marcada por los cambios de mando entre Rosa Vásquez y Nicolás Barrera. Un escenario similar podría repetirse ante una eventual elección de Javier Alvarado y una posterior condena penal que implique prisión o inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto podría profundizar el caos y desgobierno en el Gobierno Regional de Lima.
La pregunta final ¿Todavía pretenderán vender al toro bravo como una blanca paloma?