Las nuevas autoridades del Perú que asumirán sus cargos para el periodo 2027–2030 deberán cumplir estrictamente con los perfiles profesionales exigidos por la normativa vigente al momento de nombrar a sus funcionarios, bajo el principio de que la confianza política no está por encima de la ley.
El marco legal peruano establece responsabilidades penales e institucionales severas para garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública a través de tres ejes normativos fundamentales. Para ello, el abogado Roger Mendoza Vega hizo un análisis e hizo algunas recomendaciones para las nuevas autoridades.
¿𝗤𝗨É 𝗗𝗘𝗕𝗘𝗡 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗥 𝗔 𝗦𝗨𝗦 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦?
Ley Nº 31676: responsabilidad penal por designaciones ilegales.
Esta norma modificó el artículo 381 del Código Penal y sanciona al funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga un cargo público a una persona que no reúne los requisitos legales.
También sanciona a quien acepta el cargo sin contar con dichos requisitos.
La pena prevista es de 2 a 4 años de privación de libertad y de 60 a 120 días-multa.
Ley Nº 31419: idoneidad para acceder a la función pública.
No basta con tener la confianza del gobernador regional o del alcalde. Los funcionarios y directivos comprendidos en esta normativa deben cumplir los requisitos mínimos de formación académica, experiencia general, experiencia específica y demás condiciones exigibles.
¡Atención! Esta normativa ha tenido modificaciones, entre ellas las introducidas por la Ley Nº 32507 y el Decreto Supremo Nº 145-2025-PCM. Por eso, corresponde revisar el marco vigente y aplicable a cada puesto.
Los instrumentos de gestión también deben respetarse.
Antes de emitir una resolución de designación o encargo, debe verificarse el perfil del puesto, el Manual de Clasificador de Cargos (MCC), el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), cuando corresponda, y los demás instrumentos de gestión aplicables.
¿𝗤𝗨É 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗦 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦?
Antes de iniciar la gestión 2027–2030:
Revisen los perfiles de todos los cargos que serán objeto de designación.
Verifiquen los títulos, grados académicos y experiencia de los profesionales propuestos.
Soliciten a la Oficina de Recursos Humanos un informe de cumplimiento de requisitos.
Verifiquen los impedimentos legales para acceder a la función pública.
Exijan que cada expediente de designación contenga la documentación que sustenta el cumplimiento del perfil.
No permitan que los compromisos políticos, las recomendaciones personales o las cuotas de poder sustituyan la idoneidad profesional.
𝗨𝗡𝗔 𝗥𝗘𝗙𝗟𝗘𝗫𝗜Ó𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗦 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦
El gobierno regional o municipal no debe convertirse en una agencia de colocación de allegados, amigos o financiadores de campaña.
La ciudadanía espera autoridades que elijan equipos capaces de resolver problemas públicos, ejecutar presupuestos, gestionar inversiones y prestar servicios de calidad.
La confianza política puede orientar una elección, pero la ley determina quiénes pueden acceder válidamente a los cargos públicos.
