Un nuevo escenario judicial podría poner fin a la gestión de Rosa Vásquez al frente del Gobierno Regional de Lima. Una resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate, con fecha 18 de noviembre de 2026, cuya autenticidad y emisión aún deben confirmarse, habría declarado fundada la apelación contra el hábeas corpus que dejó sin efecto su sentencia condenatoria.
La Sala habría determinado que la demanda constitucional era improcedente porque existía un recurso de casación pendiente de resolución. En consecuencia, el hábeas corpus no podía utilizarse para cuestionar anticipadamente una sentencia penal sin agotar los recursos judiciales correspondientes.
LA CONSECUENCIA ELECTORAL SERÁ TRASCENDENTAL
Mediante Resolución N.º 1755-2026-JNE, publicada en El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones ya había reconocido la causal de suspensión de Rosa Vásquez, conforme al artículo 31, numeral 3, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por existir una condena de segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad.
Posteriormente, el JNE restituyó su credencial al quedar sin efecto las sentencias mediante el hábeas corpus. Si ahora esa protección constitucional es revocada y las condenas recuperan su eficacia, desaparecería el fundamento que permitió su reincorporación y no sería necesario volver a debatir una causal de suspensión que el propio organismo electoral ya reconoció.
En ese supuesto, correspondería al JNE restablecer los efectos electorales de la suspensión, de oficio o a pedido de parte, previa verificación de la situación judicial vigente. Nicolás Barrera quedaría nuevamente en condiciones de asumir la Gobernación Regional de Lima y podría culminar el periodo 2023-2026, considerando el tiempo que puede demandar resolver una casación y las pocas semanas restantes de gestión.
LEY N.º 27867: UNA CASACIÓN PENDIENTE NO IMPIDE LA SUSPENSIÓN
La casación pendiente será determinante para establecer la firmeza de la condena penal o su eventual revocatoria, pero no impide la suspensión prevista en el artículo 31, numeral 3, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Tampoco corresponde afirmar que la revocatoria del hábeas corpus implique automáticamente el encarcelamiento de Rosa Vásquez.
La decisión definitiva sobre su situación penal y la vigencia o ejecución de eventuales órdenes de captura seguirá en manos de la justicia. Sin embargo, en el ámbito electoral, el antecedente del propio JNE será decisivo para poner fin a su gestión para siempre.