Por Francisco Diez-Canseco Távara (*)

La República está siendo puesta a prueba. Y el Congreso ha decidido mirar a otro lado.

Hoy el Perú tiene un Presidente formalmente investido, pero rodeado de acusaciones fiscales, procesos judiciales y antecedentes disciplinarios que cualquier democracia seria obligaría a evaluar sin contemplaciones. Existen denuncias por presunta apropiación ilícita vinculada a fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, institución que resolvió su expulsión. Hay una sentencia penal con reparación civil por difamación agravada. Se han abierto investigaciones por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo. La Fiscalía de la Nación lo ha denunciado por presunto cohecho pasivo. Y años atrás fue separado del Poder Judicial tras graves cuestionamientos en el ejercicio de la función jurisdiccional.

No estamos hablando de especulaciones. Son actuaciones formales del sistema institucional.

Frente a este cuadro, el Congreso calla. El mismo Congreso que invocó la “incapacidad moral permanente” cuando le convenía hoy aplica un doble estándar intolerable. Para unos, la moral es causal inmediata. Para otros, desaparece.

Ese silencio no es neutral. Es complicidad política.

La Presidencia no es un trámite. Es la encarnación de la autoridad ética de la Nación. Cuando quien la ocupa arrastra cuestionamientos de esta magnitud, la legitimidad se erosiona desde el primer día.

Un país que normaliza esto acepta que el estándar moral sea negociable. Y cuando el estándar cae en la cúspide del Estado, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema.

No se trata de revancha. Se trata de dignidad republicana.

El Congreso tiene la obligación constitucional de actuar con coherencia. Debe evaluar, debatir y asumir su responsabilidad histórica sin cálculos ni pactos ocultos. Y si no lo hace, será la ciudadanía quien lo juzgue políticamente.

Convoco a los peruanos a no resignarse. A exigir transparencia. A reclamar que el artículo 113 de la Constitución se aplique con el mismo rigor para todos. A defender la moral pública como condición indispensable para gobernar.

La estabilidad no se construye sobre silencios. Se construye sobre principios.

El Perú necesita liderazgo limpio, firme y valiente. No puede conformarse con poder formal sostenido por conveniencia política.

Sin autoridad moral en la cima del Estado, no hay República fuerte.

Hay solo poder precario.

Y el Perú merece mucho más que eso.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz