Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Dos colaboradoras cercanas al presidente interino José Jerí dejaron sus cargos públicos tras revelarse que accedieron a contratos estatales luego de haber asistido a una reunión nocturna en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025.

La ingeniera ambiental Guadalupe Vela y Cristina Beraún presentaron su renuncia tras la difusión de un reportaje que expuso que ambas se reunieron con el mandatario en horario nocturno y fueron contratadas por el Estado días después.

Los registros oficiales muestran que Vela permaneció desde las 6:48 p.m. hasta las 11:56 p.m. en el despacho presidencial. Posteriormente, el 20 de noviembre, EsSalud le otorgó una orden de servicio por más de 6,330 soles. Ese mismo mes, fue contratada como locadora en el Ministerio del Ambiente bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público con una remuneración de 11,000 soles.

Por su parte, Beraún obtuvo un contrato por 6,500 soles para labores de análisis de comunicación interna en la oficina presidencial. La funcionaria también decidió dejar su cargo luego de la publicación de la investigación.

La primera de las renuncias se comunicó mediante un escrito publicado por Vela en su cuenta de Facebook, en el que defendió su trayectoria profesional y afirmó que cumplía con los requisitos técnicos para su cargo. En el texto, acusó que la difusión del caso había tenido un impacto negativo en su “honor, reputación profesional, tranquilidad personal e integridad psicológica”.

“Objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual, así como la deslegitimación de mis capacidades profesionales”, señalo.

El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar para determinar si existen irregularidades en las contrataciones a las que accedieron Vela y Beraún, así como en el vínculo entre sus visitas y las órdenes de servicio.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República solicitó a la Presidencia y a los ministerios información detallada sobre las órdenes de servicio y contratos de al menos tres de las cinco jóvenes que visitaron el despacho presidencial y consiguieron contratos luego de esas visitas.

Además de Vela y Beraún, otros casos vinculados a la controversia incluyen Violeta Beas, quien ingresó al despacho presidencial el mismo día y poco después fue nombrada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, así como Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, quienes también recibieron órdenes de servicio tras visitas oficiales.

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

La Fiscalía presentó nuevos elementos sobre la presunta estructura criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, durante la audiencia judicial en la que el imputado reapareció tras haber sido extraditado desde Paraguay. El investigado, acusado por el delito de extorsión agravada, es señalado como cabecilla de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’, una red delictiva que opera en distritos de Lima norte desde el año 2023. De acuerdo con la imputación fiscal, de ser hallado culpable, el procesado podría afrontar una condena de varias décadas de prisión.

Durante la diligencia, Moreno adoptó una actitud desafiante frente al Ministerio Público. En el momento en que el fiscal exponía los mensajes extorsivos atribuidos a la organización, el acusado se rió de manera reiterada y realizó un gesto obsceno al mostrar el dedo medio en dirección al representante fiscal. Este comportamiento se produjo mientras se detallaban las amenazas dirigidas a víctimas que se negaron a cumplir con exigencias económicas.

Fiscalía detalla liderazgo y control territorial de la organización

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti fue el encargado de presentar los principales elementos de la acusación. Según explicó, el ‘Monstruo’ habría ejercido un rol de dirección dentro de la banda criminal, impartiendo órdenes a otros integrantes para la ejecución de diversos hechos ilícitos. Entre estas acciones se incluyen amenazas, cobros extorsivos y ataques contra personas que se negaban a cumplir sus exigencias.

Guffanti indicó que la organización criminal estaría conformada por más de cuarenta miembros y que su accionar se concentra en zonas como Ancón, Puente Piedra y sectores cercanos. De acuerdo con la investigación fiscal, el grupo logró extender su influencia mediante la infiltración en rubros como transporte, comercio y servicios de seguridad local, lo que facilitó la captación de recursos ilícitos y el control de determinadas áreas.

Recaudación ilegal y continuidad del proceso judicial

Además, se detalló que el dinero obtenido mediante extorsiones era recolectado por integrantes cercanos al núcleo de la organización y posteriormente destinado a los líderes del grupo. Este mecanismo, según la tesis del Ministerio Público, permitió sostener y ampliar las actividades criminales en distintos puntos de Lima norte.

Ante estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se evalúen medidas coercitivas estrictas, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y afectación a las víctimas. La defensa del investigado cuestionó los señalamientos y pidió que las pruebas sean analizadas de manera individual.

El Poder Judicial continuará evaluando el caso en las siguientes audiencias, en las que se definirá la situación legal del imputado.

País para Todos podría quedarse sin candidatos: Álvarez y otros postulantes amenazan con renunciar por escándalo de franja electoral

Escándalo en País para Todos. El candidato presidencial Carlos Álvarez amenazó con renunciar a su candidatura si su agrupación política no aclaraba la denuncia sobre un presunto direccionamiento irregular de recursos de la franja electoral al canal Nativa.

El portal La Encerrona reveló que varios partidos políticos, incluidos País Para Todos, han invertido más de S/ 600 000 en el medio de comunicación relacionado a Miguel del Castillo, uno de los fundadores del partido Primero la Gente, presuntamente con una comisión del 15 %.

Álvarez deslindó de la responsabilidad del manejo financiero del partido y exigió transparencia inmediata y una sanción contra aquellos que resulten responsables.

“Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, indicó.

A raíz del pronunciamiento de su candidato presidencial, la organización política descartó actos de irregularidad y enfatizó que la selección del canal se realizó bajo “criterios estrictamente estratégicos”.

El partido manifestó su disposición de desistir del uso de la franja en el medio Nativa para evitar sospechas infundadas, a la vez que calificó como difamatorias las versiones sobre el cobro de comisiones.

Más de 30 candidatos a diputados y senadores amenazan con renunciar si no se esclarece el caso

El candidato a diputado Martín Soto y otros 30 postulantes del partido también advirtieron que renunciarán si es que la organización no identifica ni separa a los responsables.

En Ampliación de Noticias, Soto, quien también es jefe del plan de Gobierno del citado partido, dijo que el comunicado de la agrupación fue oportuno; sin embargo, alegó que el pronunciamiento no da explicaciones oportunas.

“Creo que lo que Carlos Álvarez ha hecho, y la ciudadanía lo va a entender muy bien, es poner su candidatura a disposición, dar un paso al costado”, declaró.

Según dijo, el canal Nativa ha recibido hasta S/ 2 millones de parte de siete partidos políticos, entre los que mencionó a Primero la Gente, Salvemos al Perú, País para Todos, Partido Demócrata Federal, Partido de los Trabajadores y el Partido Patriótico del Perú.

“Hay [siete partidos] que le han dado más de 2 millones de soles a Nativa. Yo ni siquiera sabía que [existía]. Entre todos ellos son casi 2 millones y medio de soles para Nativa, que ni siquiera sabía que existía”, aseveró.

Así, cuestionó un presunto mal uso de los 80 millones de soles que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y distribuyó equitativamente a las 38 organizaciones políticas que participan en los comicios.

“Se han dado 80 millones a todos los partidos. Y lo que tú tienes son que 1 700 000 de soles ha recibido cada uno de los partidos. […] La finalidad puede ser buena, pero se hace con la plata de todos, no con la plata de los militantes. ¿Y qué ocurre? Hay poco control, no hay ninguna evidencia de que esto tenga un impacto positivo en la calidad de la democracia”, criticó.

Para el politólogo, existe un “problema” en el manejo de la franja electoral que continuará persistiendo si no se ejecuta una reforma política del sistema de partidos.

“El punto acá es que las autoridades de los partidos tienen que dar las explicaciones suficientes a la ciudadanía, explicar los criterios por los cuales tomaron estas decisiones, y sí, sancionar, si es que corresponde a quienes hayan tomado estas malas decisiones”, acotó.

Primero La Gente acusa a su fundador Miguel del Castillo de irregularidades en el uso de la franja electoral

Los dirigentes del partido político Primero la Gente denunciaron irregularidades en la distribución de los fondos de la franja electoral asignada a esta agrupación. Su candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, ha responsabilizado de la situación a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido.

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Pérez Tello confirmó que a la fecha Miguel del Castillo tiene suspendidos sus derechos como militante y dirigente.

La organización identificó que S/416 000 del dinero público asignado por la ONPE para la propaganda electoral de Primero La Gente, fueron direccionados por Miguel del Castillo, fundador del partido, a la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación de su propiedad y lo responsabilizan de haber tomado esta decisión de forma unilateral sin comunicarla a la dirigencia, calificando el hecho como una grave falta ética en un evidente conflicto de intereses.

La candidata informó que, enterados de estos hechos, tanto ella como los dos vicepresidentes de su plancha presidencial y el secretario general de comunicaciones, Miguel Villalba, informaron oportunamente la situación a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, donde solicitan desistir de la difusión de su propaganda en la cuestionada empresa.

“El cargo no hace al líder y el poder prestado siempre cobra”

Por Andrés Tello

El paso de José Jeri por la presidencia encargada del Perú quedará como un ejemplo claro de lo que ocurre cuando el poder llega antes de que exista el carácter para ejercerlo. A sus 38 años tuvo una oportunidad excepcional, pero terminó consumiendo en pocos meses un capital político que a otros les toma toda una vida construir.

Las denuncias por presunto tráfico de influencias, los cuestionamientos por contrataciones sin criterio meritocrático y una gestión sin rumbo consolidaron una imagen preocupante. No se trata de simples errores, sino de una forma equivocada de entender el poder, más cercana a la improvisación que al liderazgo.

Nada fue casual. Su llegada a la presidencia del Congreso de la República y luego al Ejecutivo encargado fue una decisión políticamente calculada. Un Parlamento dominado por fuerzas mayoritarias (Fujimorismo, Acuñismo, Peru Libre, Renovación, Podemos) decidió colocar a un actor débil al frente en el último año previo a elecciones (Somos Peru – Jeri). El objetivo fue claro: controlar el Ejecutivo desde el Congreso, manejar ministerios, nombramientos, presupuesto y aparato estatal. Jeri aceptó ese rol, creyendo que ejercía poder, cuando en realidad solo lo administraba para otros, esta no fue una oportunidad, fue una trampa.

Todo esto era evitable. En nueve meses pudo al menos iniciar una respuesta seria frente a la inseguridad ciudadana, bajar la tensión política y permitir que el país se concentre en elegir bien en 2026. No lo hizo. Optó por el protagonismo y la complacencia.

Este traspié terminó salpicando a su partido. Aquí corresponde ser claro. Soy militante de Somos Perú, pero no soy amigo de José Jeri. Lo conocí circunstancialmente y fui de los que cuestionó públicamente que se asumiera la presidencia del Congreso en el último año, independientemente de la persona. El tiempo confirmó esa advertencia. Este es un error individual, no colectivo. Somos Perú no es parte ni cómplice de lo ocurrido.

En el Perú esta situación se entiende fácil. Es como el joven futbolista con talento que se va temprano al extranjero y regresa derrotado porque no estaba preparado para la disciplina ni la presión. En el argot popular se le conoce como el “síndrome de Reymond Manco”: talento hay, oportunidad también, pero falta cabeza. En política pasa exactamente lo mismo.

Y esto no es una crítica a los jóvenes. Todo lo contrario. Los jóvenes deben participar, liderar y renovar la política, pero no basta con conocimientos, carisma o años de militancia. La consistencia emocional y moral es igual de importante.

Ese es, en buena medida, el gran drama del Perú: basta mirar la larga lista de expresidentes, gobernadores regionales y alcaldes hoy procesados o sentenciados para entender que el problema no es la edad, sino la falta de carácter para resistir el poder, habría que agregar a los requisitos para ser presidente y/o funcionario una evaluación psicológica, incluso psiquiátrica, para cargos de máxima responsabilidad.

La evaluación psicológica mide el carácter, el equilibrio emocional y la forma en que una persona toma decisiones bajo presión; la evaluación psiquiátrica, en cambio, es un acto médico orientado a diagnosticar y tratar patologías. Ambas inciden en quienes asumen responsabilidades públicas, no para descalificar ni etiquetar, sino para prevenir riesgos. Gobernar implica manejar poder, presión, conflicto y tentaciones permanentes; ignorar el factor humano es uno de los errores más graves del sistema político peruano. Evaluar no es excluir, es cuidar a las personas y proteger a las instituciones.

Sí, este episodio se ha convertido en una mochila para la campaña, pero no nos va a doblegar. En Somos Perú no nos escondemos ni bajamos la cabeza: redoblamos esfuerzos. El candidato presidencial tiene que estar más en la calle, más visible y más firme, y lo mismo los candidatos al Congreso —diputados y senadores— todos, no unos cuantos, dando la cara y mostrando carácter. Hemos sido golpeados por una circunstancia inesperada, pero no somos responsables de ella. Ahora toca más trabajo, más presencia y más convicción. La gente entiende, la gente sabe, y la política se gana así: dando la cara cuando es más difícil, no cuando es cómodo. La lección es dura, pero necesaria:

“EL CARGO NO HACE AL LÍDER; EL CARÁCTER SÍ. Y APRENDER A TIEMPO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE AVANZAR.”

Empresa Translima incluye el concepto “EXTORSIÓN” en sus boletas de cobro

La crisis de inseguridad en el Perú ha alcanzado un nivel de institucionalización alarmante. La empresa de transporte urbano Translima ha comenzado a emitir boletas de venta físicas a sus conductores donde figura explícitamente el concepto “EXTORSIÓN”. Este rubro, formalmente codificado, establece un pago individual de 15 soles destinado al cumplimiento de los cupos exigidos por bandas criminales.

Esta medida permite a las empresas contabilizar el dinero entregado a los delincuentes como parte de sus costos necesarios para operar, transformando un acto ilícito en un asiento contable de inversión operativa.

Protestas por el incremento de cupos criminales

La situación se agravó recientemente tras reportarse que los extorsionadores decidieron elevar la exigencia económica de S/ 15 a S/ 20 por conductor. Este incremento motivó un “apagado de motores” y una paralización parcial en la cochera de la empresa ubicada en Carabayllo.

Pese a la indignación, muchas unidades retomaron sus rutas debido a que los transportistas dependen de los ingresos diarios para su subsistencia, viéndose obligados a aceptar las condiciones impuestas por las mafias.

Estado reparará daños de extorsión con impuestos de ciudadanos

En paralelo a la formalización del cobro de cupos en las empresas, el Ejecutivo reglamentó la Ley N° 32490, la cual traslada el costo financiero de la extorsión al erario nacional. Según el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, publicado el 18 de enero, el Estado utilizará el presupuesto institucional —financiado por los impuestos de los peruanos— para la “reparación integral” de las víctimas.

La norma ordena la creación de un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger a las unidades de transporte. Sin embargo, el enfoque no es preventivo, sino reactivo: su finalidad es financiar la reactivación de servicios que hayan sido afectados por atentados o amenazas.

Programa “Ruta Segura Restablecida”: Reparación y no prevención

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el encargado de ejecutar el programa denominado “Ruta Segura Restablecida”. Los puntos clave de este programa incluyen:

Reparación de daños en infraestructura (estacionamientos y sedes).
Reposición de unidades siniestradas por ataques criminales.
Financiamiento para el equipamiento que resulte afectado durante los atentados.

Esta política del gobierno de José Jerí ha generado debate, pues implica que los fondos públicos se destinen a cubrir las consecuencias de un delito que el Estado no ha logrado frenar en las calles.

Pensar a Huaral desde la geopolítica, por Rey Salvador Jara

Gobernar una provincia como Huaral exige algo más que buena voluntad o discursos bien intencionados. Exige entender el territorio, caminarlo, escucharlo y, sobre todo, respetar lo que la geografía y la historia ya nos han dicho desde hace décadas. Huaral no es un espacio vacío que se pueda improvisar; es costa, es valle, es sierra, y cada una de esas realidades pide decisiones distintas, pero articuladas.

Durante años hemos permitido que el crecimiento urbano avance sin orden, ocupando suelos agrícolas, presionando las fuentes de agua y generando ciudades que crecen rápido, pero sin calidad de vida. Esto no es casualidad, es consecuencia directa de no haber entendido que el ordenamiento territorial no es un trámite técnico, sino una herramienta política de primer nivel.

Se espera que los candidatos a la alcaldía provincial, asuman el ordenamiento territorial como una función esencial del gobierno local, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Ordenar el territorio significa decidir con claridad dónde se vive, dónde se produce y dónde se transforma lo que producimos. Significa poner límites, pero también abrir oportunidades reales para la gente.

El ordenamiento productivo es clave. No todos los distritos deben hacer lo mismo, ni competir entre ellos. La sierra de Huaral, por ejemplo, no puede seguir siendo vista solo como zona de pobreza; es la reserva hídrica y agrícola de la provincia. La franja intermedia tiene una vocación natural para la agroindustria, y la zona costera, por su ubicación estratégica, puede convertirse en un nodo logístico y comercial de alcance regional. Cuando no entendemos esto, desperdiciamos territorio y tiempo.

El ordenamiento urbano, por su parte, no debe estar separado del productivo. Una ciudad que crece sin planificación termina expulsando a su propia población, generando informalidad, transporte caótico y servicios colapsados. Planificar no es frenar el desarrollo, es darle dirección.

Este proceso no se hace de la noche a la mañana. Requiere estudios técnicos, participación ciudadana real y una gestión firme que articule al gobierno regional y nacional. Pero, sobre todo, requiere decisión política. Porque no ordenar también es una decisión, y suele ser la más costosa.

Huaral tiene todo para convertirse en un verdadero polo de desarrollo de Lima Provincias. Pero eso solo será posible si entendemos que gobernar el territorio es gobernar el futuro. Y el futuro no se improvisa, se construye con visión, conocimiento y responsabilidad.

LO QUE SE DEBE DEBATIR

Plan de Desarrollo Concertado Provincial (PDCP) – actualización con enfoque productivo.

• Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) – define usos del suelo a escala provincial.

• Planes de Desarrollo Urbano (PDU) para Huaral, Chancay y ejes de expansión.

• Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) – en coordinación con el Gobierno Regional.

Elementos técnicos clave:

• Cartografía SIG (riesgos, suelos, agua).

• Inventario productivo distrital.

• Análisis de conectividad vial y logística.

• Diagnóstico sociodemográfico (crecimiento, migración, empleo).