En entrevista con La República, Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), advierte sobre el grave deterioro de la libertad de prensa en el país, marcado por el asesinato de cuatro periodistas en lo que va del año, la impunidad en las investigaciones y un Estado que —según afirma— no está respondiendo con la urgencia ni la contundencia que estos crímenes exigen. Laines analiza los patrones detrás de estos ataques, cuestiona la actuación de la Fiscalía y el Gobierno, y alerta sobre el mensaje de miedo y silenciamiento que hoy enfrentan, especialmente, los periodistas de regiones.

Ya son cuatro periodistas asesinados por ejercer su profesión. Es un número realmente preocupante, creo que desde los 90 no veíamos esta escala de violencia contra la prensa

Sí, de hecho, creo que el siglo reciente es la cifra más alta de periodistas asesinados en Perú. No teníamos asesinatos desde hace ocho años. Y claro, tener cuatro hace que la cifra sea la más elevada desde el inicio de este siglo. Y eso complica mucho y más entrando a un año electoral.

Sobre todo, porque hay un patrón que se está siguiendo: son periodistas que se dedicaban a investigar actos de corrupción en sus provincias

De hecho, nosotros decíamos, con los tres primeros casos, ahora se suma el de Mitzar, que tiene la misma tipología de que había cuatro cosas comunes entre todos los casos: una, de que era sicariato. En ninguno de los cuatro casos podrían decir de que ha sido delincuencia, que le han querido robar. El móvil del robo está descartado en los casos, porque ni a Gastón Medina, ni a Raúl Celis, ni a Fernando Núñez, ni a Mitzar Castillejos, no les han quitado los vehículos donde se desplazaban, ni sus móviles, nada.

El robo está absolutamente descartado. Dos, son periodistas de regiones, los cuatro eran periodistas en activo, estaban haciendo periodismo y de hecho eran muy críticos con las autoridades locales, regionales de sus zonas. Solo basta mirar sus plataformas informativas para constatar y testimoniar que eran muy críticos que es lo que le toca hacer el periodismo.

Tres, los cuatro fueron asesinados o saliendo de sus domicilios, como en el caso de Mitzaar, a conducir su programa informativo, o volviendo de una cobertura periodística, como fue el caso de Fernando Núñez. Y cuarto, en ninguno de los casos hay resultados concretos de las investigaciones, las fiscalías de Derechos Humanos en ningún momento han dicho, se está investigando este móvil del crimen.

En el caso de Fernando Núñez detuvieron un menor de edad que dijeron que había sido el que apretó el gatillo y luego lo tuvieron que liberar. Y hace un par de días lo han vuelto a detener por mandato judicial. En el caso de Gastón Medina hay un sicario preso. Pero dijeron que habían ubicado a otros de la red de sicarios en Chile y nunca se supo nada del proceso de extradición. Entonces, son como apariciones muy para la pantalla, pero no hay resultados concretos ni de las investigaciones, ni del móvil del crimen.

Y en esos casos, quienes pagan a sicarios para asesinar a colegas, tienen claro que no van a pagar ante la justicia o se van a sentar frente a un tribunal porque no hay una investigación diligente.

¿Y a qué podría deberse esto? Que la Fiscalía no esté actuando tal vez conforme debería hacerlo

Yo creo que hay procesos demasiado burocratizados en el país. De verdad, cuando se dice que Perú es un estado fallido, no falta razón en eso. Por ejemplo, la actuación de la Fiscalía en el caso de Mitzar: su cuerpo lo sacaron del hospital anoche, lo llevaron a la morgue de Lima. Y son las 11 de la mañana y su familia no se puede llevar el cuerpo. Y esto es actuación de la Fiscalía. Hemos hablado con la Fiscalía en Lima, pidiéndoles que por favor prioricen el caso. Es un cuerpo que va a ser desplazado a Aguaytía, y lo que te dicen es: pero este caso lo está llevando la Fiscalía de Derechos Humanos de Ucayali y aquí va a haber un personal que lo va a apoyar, pero depende de Ucayali. Entonces te preguntas, ¿no tienen protocolos para actuar de emergencia ante estos casos? O con el propio traslado de Mitzar a Lima tras ponerse grave en Tingo María. Lo trasladan aquí por la presión que hemos hecho sus colegas, porque si no, te aseguro que hubiera fallecido en Tingo María al segundo o tercer día que hicimos el reclamo. Y cuando lo trasladan lo hacen por tierra, porque te dicen que la pista del aeropuerto de Tingo María estaba en mantenimiento todo el mes de diciembre. Se hicieron 11 horas en ambulancia, cuando lo más lógico hubiera sido que lo trasladen a Huánuco y que del aeropuerto de Huánuco lo trasladen a Lima. Y lo que nos decían era: no,
pero para que pueda salir de Huánuco la referencia la tendría que aceptar el hospital de Huánuco, y recién ahí puede pedir avión desde Huánuco.

Entonces es un nivel de burocracia que estanca absolutamente toda la posibilidad de, primero salvarle la vida a alguien y que un proceso de investigación funcione. La Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS; cuando llegaron a asesinar a Raúl Celis, el segundo periodista este año; tuvimos una reunión con la fiscal coordinadora de las Fiscalías de Derechos Humanos. Y le dijimos que queríamos saber en qué están las investigaciones sin vulnerar el secreto sumario. Pero tienen que decirnos e informarle a las familias por lo menos en qué van las investigaciones y si no avanzan, decir que está fallando para que no avance.

Ellos en un momento nos dijeron: es que a veces nosotros pedimos alguna diligencia y la policía no tiene personal capacitado para llevar adelante este tipo de diligencias. Entonces es un problema estructural en el Estado. Y a veces hacen cosas que son mucho más lesivas, que son conferencias de prensa para decir ya atrapamos a este sicario, está pasando tal cosa, cuando no hay en realidad una evolución clara del proceso de investigación por falta de personal, falta de asignación de recursos.

La fiscal de Derechos Humanos que estaba viendo el caso de Gastón Medina en ICA nos decía: bueno, pero para mí a veces es difícil porque yo en realidad opero desde Pisco, entonces cada vez que hay diligencias tengo que trasladarme hasta ICA, y eso hace que la respuesta a veces no sea tan inmediata. Si yo pudiera operar desde ICA sería diferente.

O en el caso de Raúl Celis nos decían: bueno, es que el caso lo asumió primero una fiscalía penal y luego la trasladó a una fiscalía de derechos humanos, que es la que corresponde cuando se trata de periodistas. Y claro, ya se había perdido un montón del proceso entre el traslado. El nuevo fiscal empezó casi en el aire y por eso probablemente esa sea la investigación que tiene el menor avance de todas las demás. Entonces hay un estado fallido frente a estos casos. Hay falta de personal especializado y hay como un temperamento de querer mostrar resultados cuando no son resultados reales de esos procesos de investigación y eso le hace peor a los casos. Porque ya con lo de Fernando Nuñez, la propia familia del periodista de Pacasmayo nos decía a este menor de edad que lo han detenido. En realidad, lo han detenido por otras cosas. Lo han tenido que liberar días después, ahora lo han vuelto a capturar. Pero eso le genera muchas dudas a la familia de si la investigación está avanzando de manera seria o no.

¿Y el Gobierno cómo está actuando ante esta situación?

Creemos que hay una desafección absoluta del Estado frente a estos casos. Perú tiene cuatro periodistas asesinados, dos de ellos en el gobierno del señor Jerí. Yo no he escuchado al presidente de la República decir una palabra sobre el asesinato de periodistas. El asesinato de periodistas, aunque sea es un acto simbólico, es un hecho grave. El mensaje cuando asesinas a un periodista y no pasa nada es grave. Perú en este momento solo está detrás de México. México es el país donde más periodistas asesinan en un año. Pero este 2025, detrás de México está Perú. Perú está por arriba de Centroamérica, está por arriba de Haití, está por arriba de Ecuador, está por arriba de Colombia. Estamos en un nivel catastrófico para el ejercicio del periodismo en el país.

Si tienes un estado que pareciera que no se entera que estas cosas están pasando o que no le da la importancia que debería darle. Además, que han asesinado periodistas de muy alto perfil en cada una de sus provincias.

Acá también viene una parte muy importante. El Congreso aprobó darle facultades legislativas al Ejecutivo. Y dentro de estas que solicitó el señor José Jerí se encuentra una que pide la creación de delito vinculado a la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales, una clara limitación para la labor periodística. Y durante todo el año se ha intentado desde el Legislativo y Ejecutivo promover leyes que limitan el trabajo de la prensa. ¿Podría tener relación con el hecho de quienes mandan a asesinar periodistas se sienten seguros de que no les va a pasar nada?

Sí, el mensaje que te dan cuatro asesinatos a periodistas en un año es primero el nivel de desprotección en la que ejercen especialmente periodistas en regiones. Porque además estas cuatro víctimas han sido periodistas de regiones, pero además se demuestra que el Estado no hace nada frente a estos hechos. En cualquier otro país el asesinato de un periodista te genera un nivel de movilización desde el gobierno central, equipos especiales para la investigación, se dispone prioridad absoluta.

Ayer a la familia de Mitzar le decían que probablemente el cuerpo esté en tres o cuatro días para poder trasladarlo a Aguaytía. Una sociedad democrática no puede permitirse ese tipo de tratamiento y ya no digo solo a un periodista, no debería permitírselo a ningún ciudadano del país. Pero el mensaje que se da es claro. Para nosotros, si es ya grave la vulneración al derecho a la vida de un periodista. Para nosotros lo que reviste igual gravedad es el mensaje que se le da a los otros colegas: no te metas con nosotros, no te metas a terrenos incómodos. Pagar o contratar a un sicario y que asesine a alguien como en el caso de Fernando Núñez, nos lo decían colegas en Pacasmayo, cuesta en la zona 300 o 400 soles.

Entonces el mensaje colectivo de querer generar miedo, temor, silencio en las y los periodistas es quizás el mensaje más grave después de la violación del derecho a la vida de estos actos. Y si el Estado no está en capacidad de responder, de responder dotando de equipos especializados, identificándose a quien sea, es porque potencialmente los autores intelectuales de estos crímenes podrían ser gente que en este momento detenta poder político en esos entornos regionales y locales.

Y a los operadores de justicia no debería temblarles la mano una vez que han cerrado sus investigaciones para señalar si el que está detrás de estos crímenes es un alcalde o es un proveedor de un gobierno local o regional. Creo que si, por lo menos se llegara a garantizar justicia en alguno de los casos, otro enemigo de la libertad de prensa se lo pensaría dos o tres veces antes de contratar un sicario. Si supieran de que el aparato del Estado es capaz de identificar a quienes mandan a asesinar a nuestros colegas.

Respecto a la represión policial que se ha visto en las movilizaciones sociales de colegas que estaban en pleno ejercicio de sus funciones, ¿qué podría comentarnos?

Cada vez que hay una convocatoria a movilización social, siempre activamos nuestro observatorio de libertad de prensa. Porque, desgraciadamente, en los últimos tres años, y habló el periodo de la señora Boluarte, el de ahora el señor Jeri; cada vez que se produce alguna movilización siempre el nivel de riesgos para quienes están en cobertura es mayor. Entre las tres jornadas que convocó la Generación Z, se registró alrededor de 50 agresiones a periodistas, perdigones, el uso de láser para intentar dañar los lentes de las cámaras, varios casos. En cobertura hay gente que a pesar de que tenía la identificación de prensa, la tiraban al piso, lo agredían o lo empujaban contra los fierros que están cercanos al Palacio Legislativo. Hay evidencias, muchas de estas cosas están en evidencia videográfica. Todos nuestros colegas, cuando un efectivo policial viene con intención de impedir el trabajo periodístico, lo primero que hace es ponerle la credencial en la cara y decir que eres prensa. Nadie podría decir que no estaban identificados. Nosotros dijimos que había un ataque deliberado a quienes estaban haciendo cobertura periodística porque era claro que lo que querían impedir era que quede registro de lo que podían ser potenciales situaciones de abuso de la fuerza. Y en su momento la policía además, y creo que eso es lo más indignante, más allá de reconocer, lo que decía era de que si los periodistas fueron golpeados no era su responsabilidad porque los periodistas no estaban en las zonas propicias. Y la policía se ha inventado esta figura de las zonas propicias en las que ellos quieren escapar a su propia responsabilidad, que es garantizar la seguridad de los periodistas en cobertura diciendo: mira, si tú no te paras en el lugar que yo dispongo o detrás nuestro, o en el espacio que yo te marco, yo ya no soy responsable de tu seguridad. Y eso es inaceptable porque el Estado está obligado a garantizar la seguridad de los periodistas en cobertura, y el Estado no te puede decir, ponte a cinco kilómetros, porque el periodismo se necesita hacer en primera línea.