Alejandro Narváez: «Si Petroperú recibiera apoyo del Gobierno, evitaríamos el alza brutal en precios de combustibles»

La crisis energética que padecen hoy los peruanos por el aumento de precios, causada por la rotura del ducto de Camisea que opera la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha vuelto a poner en los reflectores el papel estratégico de Petroperú. En entrevista con La República, su expresidente Alejandro Narváez asegura que, si la petrolera estatal contara con respaldo financiero y capital de trabajo, podría incrementar la producción de GLP y contribuir a equilibrar el mercado, evitando así el fuerte incremento en el precio de los combustibles que hoy golpea a los consumidores.

Narváez asegura que la empresa no busca «ni un sol del Gobierno», sino únicamente un aval que le permita acceder a financiamiento en el mercado. En ese marco, sostiene que el reperfilamiento de la deuda, cuya propuesta está encarpetada, es la salida técnica más viable para la recuperación de la compañía, pero que el gobierno encabezado por Denisse Miralles ha decidido ignorar. Además, señala que hay un consenso mayoritario para que el decreto de la privatización se derogue.

—Se ha sumado la tormenta perfecta: la guerra del Medio Oriente, que ha presionado al alza el precio del crudo, la rotura del ducto de Camisea y un Petroperú debilitado con problemas de caja. ¿Estos tres factores evidencian la fragilidad de la seguridad energética del Perú?

—Sin duda. La confluencia de esos tres factores ha hecho que se dispare el precio de las gasolinas en el Perú, del GLP y de todo lo que consumimos en nuestro país. Eso es clarísimo.

—¿Qué tan preparado está el Perú para responder a un shock energético así?

—No estamos preparados para nada. No tenemos los stocks de seguridad para el tema del gas. Las normas están ahí, pero no se cumplen. Somos un país absolutamente vulnerable ante factores exógenos principalmente, incluso internos como el caso del gasoducto que ha sufrido la rotura y que en este momento está medio explicado el asunto.

—¿Cuál debería ser el rol de una empresa pública como Petroperú en este tipo de contextos?

—Es una evidencia clarísima de la importancia estratégica que tiene Petroperú. Si tuviera los recursos que tienen Repsol u otras empresas privadas del sector, no deberíamos enfrentar un salto tan brutal en el precio de los combustibles.

«El 80% del mercado de GLP está controlado por Pluspetrol»

Petroperú produce gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, el 80% del mercado nacional está controlado por Pluspetrol, que es un monopolio y en este momento no produce nada debido a la rotura del ducto. Eso significa que, para mantener el abastecimiento en condiciones similares a las anteriores, el país tiene que recurrir a importaciones.

El 20% restante se reparte entre otros operadores, una pequeña participación de Petroperú y el resto corresponde a producto importado. Este es un ejemplo claro de que, si Petroperú contara con el capital suficiente, podría producir más GLP en este momento. El GLP es un derivado del petróleo. Por lo tanto, si la empresa tuviera los recursos necesarios o estaría en condiciones normales, no enfrentaríamos el actual déficit de oferta.

Resulta difícil entender cómo se llega a esta situación cuando una empresa plenamente preparada como Petroperú debería estar en condiciones de atender el mercado en escenarios de crisis puntual.

—Serviría como paliativo frente a estas contingencias

—Simplemente sería un competidor más, que permitiría que los precios estén por debajo de los 65 soles que cuesta un balón de gas. El mercado estaría mejor repartido y no recaería, en este caso, en Pluspetrol, que hoy tiene el monopolio total.

Pluspetrol maneja el mercado de GLP con cerca del 80% de participación. Si Petroperú produjera más, y tuviese mayor disponibilidad de petróleo —del que se obtiene el GLP—, su participación podría ubicarse en torno al 15% o 20% del mercado. Eso permitiría un mayor equilibrio en la oferta y, en consecuencia, los precios bajarían.

—¿Hoy cuánto GLP produce Petroperú?

—Más o menos 4.000 barriles a 5.000 barriles, eso no es nada. Solamente para atender una parte del mercado del norte.

—Insuficiente

—Totalmente insuficiente.

Oficializan bono de S/120 para taxistas ante la escasez de gas natural: ¿en qué consiste?

En el marco de las medidas anunciadas para mitigar el impacto económico de la crisis energética en la población vulnerable, el Gobierno de José María Balcázar publicó el decreto de urgencia que oficializa un subsidio a los taxistas que usan gas natural vehicular (GNV).

“Se establecen medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera, que permitan fortalecer los mecanismos de compensación social para los beneficiarios del Programa Ahorro GNV del Fise y usuarios de gas natural vehicular”, se lee en la norma legal publicada en la edición extraordinaria de El Peruano.

Es preciso recordar que Perú atraviesa su noveno día de emergencia del suministro del gas natural ante la rotura del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco. Este es la única tubería que abastece de este recurso energético a la costa del país, lo que ha generado efectos colaterales en diversos sectores productivos y la economía familiar. 

¿De cuánto es el subsidio para taxistas afectados por escasez del gas natural?

Hasta el 14 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso la racionalización del gas natural a sectores priorizados, el que excluye del abastecimiento al transporte vehicular, dentro de los cuales se vieron más afectados quienes brindan servicio de taxi. 

En esa línea, el Gobierno otorgará un subsidio directo y único de S/120 a los taxistas de Lima, Callao e Ica que usen GNV y estén autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o las municipalidades provinciales correspondientes. 

Suspenden cobro a taxistas con vehículos convertidos a gas natural vía FISE

Además, a los taxistas que convirtieron sus vehículos para uso a gas natural a través del Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), se les suspenderá todo tipo de cobro por 60 días calendario. 

Y es que, los usuarios que financiaron su conversión mediante este programa, pagan el préstamo de a poco, cada vez que cargan GNV en el grifo. Este es el recaudo que no tendrán que pagar por dos meses, así como tampoco se les aplicará ningún cargo ni comisión adicional. 

“Para los taxistas que están en el programa de crédito de GNV se les está postergando dos meses en su pago de cuota y adicionalmente se les va a dar un bono de S/120 a los taxistas identificados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró el ministro de Energía y Minas en entrevista en Ampliación de Noticias en RPP.

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Una planta siderúrgica de gran escala se construye en el distrito de Chilca, Cañete, sin contar con estudio de impacto ambiental ni licencias municipales, según un reportaje de Punto Final.

Se trata de un proyecto, impulsado por la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C., que pertenece a inversionistas de origen chino y se desarrolla en un terreno de más de 14 hectáreas ubicado en el sector San Bartolito.

De acuerdo con lo mostrado por el reportaje, en la zona se observan grúas, excavaciones profundas y grandes estructuras metálicas. La planta tendría como objetivo producir hasta 700.000 toneladas anuales de acero, principalmente alambres y láminas.

Según información del Ministerio de la Producción del Perú y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la empresa no ha presentado hasta el momento un estudio de impacto ambiental para el proyecto, requisito indispensable para iniciativas industriales de este tipo.

Lo único tramitado por la compañía sería un plan de participación ciudadana aprobado el 2 de octubre del 2025, cuando las obras ya se encontraban en marcha. Además, el proyecto tampoco contaría con licencias de construcción ni habilitación urbana.

En diciembre del 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una inspección en el lugar. No obstante, la entidad no impuso sanciones al señalar que la planta aún no estaba operando y que durante la visita las obras se encontraban paralizadas.

Empresa informa que no tienen infracciones ni incumplimientos

Al respecto, Acero Lima Shenglong S.A.C. emitió un comunicado en el que sostuvo que las investigaciones de las entidades estatales no han determinado incumplimientos ni infracciones por parte de la compañía.

Gobierno de José María Balcázar designa a Jorge Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional del INPE

El Gobierno de José María Balcázar designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El nombramiento fue oficializado este lunes 9 de marzo a través de la Resolución Suprema 054-2026-JUS, que cuenta con el respaldo del mismo presidente Balcázar y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

Cotos Ochoa asumió la titularidad de la entidad debido a que el puesto se encontraba vacante. «Resulta necesario disponer acciones administrativas que garanticen la continuidad en la gestión de la citada Institución», precisa la RS.

La resolución suprema también resalta que el Consejo Nacional Penitenciario continuará conformado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios hasta que entre en vigencia la nueva estructura del INPE, conforme se estableció en el Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y la misma institución.

De igual manera, la norma recalca que tanto el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) como el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) se unirán a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Henry Cotos Ochoa: ¿quién es el nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE?

Anteriormente, Cotos Ochoa se desempeñó como el jefe de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la que supervisaba los centros penitenciarios de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Jaén, Cajamarca, entre otros.

En 2013 fue designado como director de la Oficina Regional Sur–Arequipa del INPE en lugar de Óscar Castillo Calderón. No obstante, poco tiempo antes de estar en ese puesto tuvo a su cargo la Dirección de la Oficina Regional Lima.

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: »Colapso total»

Los gremios de transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo en protesta por la crisis energética, el incremento del precio de los combustibles, los peligros en las carreteras y el deterioro de la infraestructura vial. La medida fue convocada por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú junto a diversas asociaciones del sector.

En un comunicado, señalaron que enfrentan una situación límite debido al aumento de costos operativos y a la falta de respuestas por parte del Estado. Según indicaron, buscan presionar a las autoridades para que adopten acciones urgentes.

Sostienen que la ruptura del ducto de gas gestionado por TGP en el distrito de Megantoni, en Cusco, ha generado pérdidas económicas y paralización de actividades productivas. A ello se suma, dijeron, las dificultades de transitabilidad en distintas regiones, lo que también estaría afectando los tiempos de traslado.

Transportistas viven incertidumbre

El dirigente del sector Geovani Diez afirmó que la situación se ha agravado en los últimos meses y cuestionó la inacción estatal. “La crisis del transporte cada vez se acentúa más. Tenemos lo de la inseguridad que ya lleva más de año y medio sin resolverse, pese a las propuestas presentadas a distintas instituciones del Gobierno. Es un colapso total”, declaró a La República.

El representante sostuvo, además, que el abandono de las pistas y los desastres naturales han complicado seriamente la transitabilidad en varias rutas del país. “Casi el 60% de las vías del Perú presentan problemas. Hay trayectos que normalmente tomaban 10 horas y ahora pueden demorar tres o cuatro días”, precisó.

El GNV para los camiones

Otro de los puntos centrales es el impacto de la falta de gas y el incremento del costo de los combustibles, que —según los transportistas— amenaza la continuidad de sus servicios.

Diez señaló que el desabastecimiento de gas natural vehicular ha afectado especialmente a las unidades que dependen de esta matriz energética. “Muchos camiones trabajan únicamente con GNV y ahora nos encontramos con que no hay suministro suficiente, lo que obliga a detener todo”, explicó.

El vocero también advirtió sobre el alza sostenida del precio del diésel. “Ya estamos bordeando los 20 o 21 soles por galón, algo nunca antes visto. Con estos niveles es imposible sostener la operación”, afirmó.

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Exigencias al Gobierno

Como parte del pliego de demandas, los trabajadores plantean retirar temporalmente la carga tributaria de los combustibles, que —según explican— alcanza alrededor del 40%, incluyendo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Asimismo, solicitan la reactivación de un fondo de compensación, la aplicación de la Ley N.º 31886, y la revisión del sistema de peajes.

También piden instalar mesas de trabajo con cronogramas y compromisos formales, así como mecanismos de responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios que incumplan acuerdos.

Movilizaciones en todo el Perú

La paralización ha sido convocada con carácter indefinido. “Los paros de 24 o 48 horas no han dado resultados. No vamos a levantar la medida hasta tener soluciones reales”, afirmó Diez. Según manifestó, 16 de los 18 gremios de transporte de carga a nivel nacional se sumarán a la protesta. La convocatoria incluye a conductores de distintos vehículos.

En todo el país se evalúa realizar marchas camioneras y concentraciones en los principales accesos viales, como las rutas de ingreso a Lima y el Callao, además de otros puntos estratégicos. Los organizadores señalaron que las manifestaciones serán pacíficas.

Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

Se acerca el día de las Elecciones Generales en el Perú y se van conociendo los antecedentes de los candidatos al próximo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. En ese contexto, La República revisó las declaraciones juradas que todos los postulantes presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y detectó que, al menos, 51 de ellos cuentan con una sentencia por violencia familiar en su pasado.

El partido que lidera el ranking de este tipo de condenas es Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña. En su historial, lleva 13 candidatos con fallos judiciales: 11 de esos postulantes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados, mientras que 2 a la del Senado.

La siguiente organización política de la lista es Perú Moderno, con 5 postulantes con sentencias de este tipo: 4 de ellos aspiran a ser diputados y 1 busca ser senador. El tercer puesto es ocupado por Perú Primero, el partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra, y Progresemos, con 4 condenados cada uno. El siguiente puesto lo ocupa el Partido Aprista Peruano (APRA) —que lleva a Enrique Valderrama como candidato presidencial—, con 3 sentencias.

Asimismo, 7 partidos cuentan con dos candidatos al Parlamento sentenciados por violencia familiar: Perú Libre, del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón; Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Podemos Perú, que lleva a José Luna Gálvez a la Presidencia; País para Todos, que va con Carlos Álvarez; Somos Perú, de George Forsyth; Juntos por el Perú (JPP), de Roberto Sánchez; y Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra.

En suma general, 36 candidatos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 14 senadores con este tipo de sentencia en su pasado.

En ese mismo ámbito, un candidato a la Cámara de Diputados del partido Democrático Federal cuenta con una sentencia por violencia familiar contra la mujer y sus integrantes. La agrupación Progresemos tiene a 2 postulantes como diputados que cuentan con dos condenas por lesiones leves por violencia familiar.

Ahora bien, existen otros 14 candidatos al Congreso de la República que cuentan con sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es decir, tuvieron un fallo judicial en su contra por no cumplir con su obligación de dar el apoyo económico para la compra de los alimentos a pesar de contar con un mandato judicial.

El APRA, Perú Primero y Podemos Perú tienen a 2 postulantes cada uno con este antecedente en su pasado. Ahora Nación, Avanza País, Cívico Obras, Democrático Federal, Somos Perú, Perú Libre, Perú Moderno y Progresemos tienen a uno. En suma, 10 aspiran a ser diputados y 4 a senadores.

Es preciso resaltar que las cifras tomadas para este informe están basadas en las candidaturas declaradas inscritas por los jurados electorales especiales. Se dejó de lado a las postulaciones que fueron declaradas improcedentes, excluidas, renuncias o tachadas. De haberse incluido ese número de candidatos, el número hubiera sido mayor.

Elecciones 2026: 186 candidatos fueron sentenciados por familia y alimentos

Por otro lado, existe otra lista de 186 candidatos que tienen sentencias por familia y alimentos. Este ranking negativo es encabezado por los partidos de Alianza para el Progreso, el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el de José Luna Gálvez (Podemos Perú) y el de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Ahora bien, veamos el detalle. En APP, hay 20 candidatos con sentencias de familia/alimentos; 9 de ellos aspiran a ser diputados, 10 a senadores y uno como parlamentario andino.

En el fujimorismo, hay 11 de estos postulantes con ese historial. 5 quieren ser diputados y 6 senadores. Podemos Perú tiene la misma cifra negativa, pero 7 de ellos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 3 senadores.

Renovación Popular tiene 10 sentenciados. 6 buscan una curul como diputados, 1 como parlamentario andino y 3 como senadores.

Pero eso no es todo, la lista continúa: País para Todos de Carlos Álvarez tiene a 9 con este historial; 6 buscan ser diputados y 3 senadores. La misma cifra se repite con Perú Primero, que lleva a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia.

El partido de izquierda Juntos por el Perú (JPP) también se incluye en la lista. La agrupación cuenta con 8 candidatos con sentencias, 2 a diputados y 6 a senadores. En suma, estos 7 partidos con mayor visibilidad tienen a 41 candidatos a diputados, 34 senadores y 3 parlamentarios andinos con este antecedente.

El APRA, Demócrata Unido Perú, Somos Perú, Unidad Nacional y Perú Moderno no se quedan atrás; estos partidos tienen a 7 candidatos al Congreso con estas sentencias en su pasado. Del total de estas 5 agrupaciones, 25 buscan ser diputados, 2 parlamentarios andinos y 8 senadores.

Más abajo del ranking también se ubica el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación, Cívico Obras y Demócrata Verde con 5 candidatos con sentencia, respectivamente. Mientras tanto, Perú Libre, Democrático Federal y Cooperación Popular cuentan con 6 cada uno.

Salvemos al Perú y Frente de la Esperanza 2021 tienen a 4. La Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Partido del Buen Gobierno, el Partido Morado y Perú Acción llevan a 3 cada uno entre sus filas.

Progresemos, Primero la Gente (el partido de Marisol Pérez Tello, que se inscribió al último), el PRIN, Integridad Democrática, el Partido Patriótico Peruano (PPP), Libertad Popular y Fe en el Perú tienen a 2 candidatos con estas sentencias. Las agrupaciones de SíCreo y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) tienen a uno cada uno.

En general, estas 35 agrupaciones políticas que buscarán ocupar una curul llevan a 112 candidatos a diputados, 6 a parlamentarios andinos y 68 a senadores con sentencias por familia y alimentos.

Por otro lado, existe otra lista de candidatos con sentencias por el delito de falta contra la persona, lesiones dolosas o culposas. Aunque es mínima, es importante. Hay 5 postulantes (3 diputados y 2 senadores) con este antecedente. Fuerza Popular, Frente de la Esperanza 2021, Perú Libre, Perú Moderno y Unidad Nacional llevan a un aspirante al Congreso con esta condena en su pasado.

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Según la Plataforma Electoral, Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, es el partido con mayor número de candidatos que tienen sentencias en su historial. En total, 53 postulantes de APP presentan condenas: 32 aspiran a ser diputados, 1 al Parlamento Andino y 20 al Senado. Le sigue Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, con 32 candidatos sentenciados: 21 para diputados y 11 para senadores.

Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ocupa el tercer lugar en cuanto a candidatos con antecedentes penales. El partido presenta 33 postulantes con condenas: 21 aspiran a ser diputados, 2 al Parlamento Andino y 10 al Senado. En cuarto lugar se encuentra Perú Primero, de los hermanos Martín y Mario Vizcarra, con 29 candidatos sentenciados: 19 para diputados y 10 para senadores.