InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

La traducción más cercana para ‘InkaRoot’ sería “raíz inca”. También es el alias del hacker que expuso la fragilidad de la ciberseguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Quería un nombre que se identificara con el Perú. Los incas representan nuestra raíz y grandeza, mientras que ‘root’ es un término usado en ciberseguridad”, explicó a La RepúblicaInkaRoot ha venido difundiendo en el grupo de Telegram ‘Deface Perú’ todas las filtraciones obtenidas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin-PNP), algunas de las cuales evidenciarían actos de corrupción y seguimientos a periodistas.

Luego de la filtración, La República inició la búsqueda en redes y en el mundo real para identificar a la o las personas detrás de ella, así como sus motivos, con el fin de comprender por qué decidieron hackear los servidores de la Policía Nacional del Perú y posteriormente difundir sus hallazgos. No fue fácil ubicarlos: el rastreo en redes sociales y la dirección de varios entendidos en la materia nos llevo a instalarnos dentro del grupo DeFace Peru. Ahi, InkaRoot habilitaba de manera ocasional un espacio para contactarlo, pero lo eliminaba pocos minutos después. Así perdimos varias oportunidades de comunicarnos con él, hasta que en una de esas ocasiones hicimos clic en el momento adecuado. No tenemos forma de confirmar que realmente se trate del hacker, pero la información compartida y otros datos proporcionados nos dan una alta certeza de que es uno de los integrantes del grupo que perpetro la filtración de información masiva más grande de los últimos años en nuestro país.

El hacker utiliza una curiosa presentación en esta red social: una foto de perfil de Vladimiro Montesinos y su nombre escrito en negrita y cursiva. Se toma su tiempo para responder; naturalmente, desconfía. No es para menos: hoy es considerado un enemigo público de la Policía, que aún insiste en negar públicamente lo sucedido. Me pidió una foto de mi carné periodístico, hizo su propia búsqueda y comprobación, entiendo. Luego de varios mensajes de uno y otro lado, accedió a contarnos su verdad por escrito, para que no quede registro de su voz e imagen que permita identificarlo. En medio de la desconfianza, InkaRoot respondió por escrito una serie de preguntas a La República y dejó en claro que su activismo cibernético trasciende a la PNP.

“Tenemos en la mira a más objetivos corruptos, incluida Dina Boluarte”, aseguró al ser consultado sobre si replicaría sus acciones en otras instituciones del Estado.

No, no estamos ante una versión peruana de Elliot Alderson. Mucho menos se trata de otro “dibujito”, como algunos intentan retratarlo. InkaRoot se encarga de desmitificar cualquier arraigo estereotípico enquistado en la cultura popular que lo muestra como una persona asocial y excepcionalmente dotada para la informática. Afirma llevar una vida común y corriente en el anonimato y sostiene que su formación ha sido, en gran parte, autodidacta. “Saludos al SENATI”, añade con tono humorístico.

De ideologías y programación: ¿Cuál es el análisis político de un hacktivista?

Mientras estas líneas son leídas, diversos hackers venden información obtenida en foros de internet. InkaRoot, sin embargo, adopta una posición distinta y usa sus habilidades con otro propósito. El responsable de los ‘DirinLeaks’ apuesta por el hacktivismo, una práctica que refiere a uso de tecnologías digitales para infiltrarse virtualmente en instituciones y promover causas sociales.

“Me dedico al hacktivismo porque estoy cansado de la corrupción normalizada y de la indiferencia de la élite. Busco lo mismo que cualquier peruano de a pie: justicia, transparencia y un país más digno”, afirma.

Y es que InkaRoot no es apolítico. Se identifica como un nacionalista de derechas, un movimiento con cierto auge en espacios alternativos del internet peruano. “El progreso no es posible sin unidad ni propósito. Hoy el país está en ‘piloto automático’, sin rumbo ni metas claras”, señala.

Fuera del discurso habitual de las derechas neoconservadoras peruanas, InkaRoot muestra empatía hacia quienes perdieron la vida ejerciendo su derecho a la protesta: “Las muertes en las manifestaciones fueron el punto de quiebre”, confiesa al recordar qué lo motivó a iniciarse en el hacktivismo.

“La ciberseguridad del Estado peruano es débil”

El hackeo a la PNP reveló más de 2 GB de documentos confidenciales de la institución. Entre ellos hay reportes sobre posibles amenazas a jefes de Estado, registros de actividades de congresistas, información sobre agentes encubiertos y presuntos seguimientos a medios de comunicación y periodistas. Para InkaRoot, esto es solo una muestra de las graves consecuencias que puede acarrear la debilidad de la seguridad cibernética del país.

“La ciberseguridad del Estado peruano es débil. Existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas no solo por peruanos, sino también por actores extranjeros interesados en desestabilizar al gobierno. Lo de DirinLeaks es solo un ejemplo de lo expuesto que está este país en el mundo digital”, advierte.

El ataque no fue aleatorio. El hacker explica por qué eligieron a la Dirección de Inteligencia como objetivo: “Escogimos la Dirin-PNP porque era una unidad clave: controlaba la vigilancia sobre periodistas y opositores. Además, era un blanco fácil. Queríamos demostrar lo vulnerables que están nuestras instituciones frente a ataques cibernéticos”, afirma.

¿Cómo medir el éxito de la operación? InkaRoot considera que, mientras la ciudadanía conozca lo revelado, habrá valido la pena vulnerar los sistemas de la PNP.

“Todo salió como planeamos: que la población vea el mal uso de recursos y las presiones políticas sobre la opinión pública. Eso es ser hacktivista: señalar, exponer y atacar la corrupción, sin importar el nombre de la institución. No me interesa lo que digan los medios; mi objetivo es que el pueblo conozca la verdad sobre la corrupción y la vigilancia, y no se deje engañar. Mi motivación es una sola: exponer la corrupción y poner la verdad frente al pueblo”, enfatiza.

Desde la filtración, la PNP y el ministro Juan José Santiváñez —señalados como los principales afectados por las revelaciones— han optado por minimizar el impacto y, en algunos casos, negarlo. ¿Están las instituciones peruanas condenadas a la inseguridad cibernética? InkaRoot no responde directamente, pero marca la intriga: “Descúbranlo”, concluye.

La libertad de prensa en permanente riesgo

Por Dante Pacheco

El derecho a la libertad de expresión a la que tenemos los periodistas siempre está en riesgo de que se le vulnere y así como en el Perú tenemos una democracia endeble, también la libertad de prensa es amenazada por quienes detentan el poder y ahora también atacada por las poderosas organizaciones criminales que se han enquistado en nuestro país.

En pocos días estaremos celebrando el Día del Periodista y resulta obvio que hablaremos de la libertad de expresión como elemento principal que permite que los periodistas digamos la verdad, estandarte que se encuentra alicaído porque hoy más que nunca autoridades y funcionarios del Ejecutivo enfilan sus baterías contra periodistas que les resultan incómodos o se han convertido en piedras en sus zapatos.

Lo  más reciente fue la denuncia del Ministro de Justicia cuando era titular del Interior y en tanto fue alto funcionario en el propio Palacio de Gobierno, entonces denunció a un grupo de periodistas de Punto Final, incluyendo a su conductora acusándolos de marcaje para presuntamente extorsionarlo, tomando como elemento de juicio un reportaje que bajo la lupa de los analistas no tiene nada de delito, motivo por el cual una Fiscal envió la denuncia al archivo, sin embargo desde el Poder Judicial la obligan a continuar con las investigaciones bajo pretexto de que no entrevistaron a los acusados, cosa increíble por cuanto basta y sobra con el hecho de que la Fiscal no haya encontrado pruebas suficientes para proseguir con el caso, lo que significa que existe una intencionalidad en contra de los hombres y mujeres de prensa.

Tan endeble es la denuncia de Santibáñez que su abogado ha dicho que ellos solo pretenden que interroguen a los periodistas y que si no se encuentra razón para continuar con las investigaciones entonces no habrá pasado nada… es decir que el propósito es solamente el de hostilizar a la prensa independiente, arrinconarla; Para colmo de la desgracia en que están sumidos los periodistas ahora resulta que otro periodista es sometido a investigación y al levantamiento del secreto de las comunicaciones porque consideran que al realizar una entrevista el propósito habría sido el de obtener provecho económico.

Lo más preocupante es que los tres poderes del Estado están detrás de coactar la libertad de prensa en nuestro país. En esta ola de hostilizar a la prensa están quienes amenazan y atentan contra periodistas con seguimientos, atentados contra su vida y amenazas de muerte. Si alguna vez la prensa sufrió persecución y destierro por sus opiniones o forma de pensar, hoy las circunstancias son más peligrosas porque la persecución está cargada de violencia, de componendas y del dedo acusador de quienes detentan el poder que se muestran intolerantes y por lo tanto a quienes no se les puede decir nada… ante esta cruda realidad solo nos queda enfrentar la amenaza uniendo fuerzas, reclamando y defendiendo con las únicas armas que tenemos, nuestra voz o nuestra pluma. No permitamos que la corrupción, venga de donde venga nos doblegue ni siga amenazando la libertad de prensa. Que así sea.

Revelan que gestión de César Acuña gastó más de 17 millones de soles por 100 patrulleros con sobrecosto millonario

El Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, pagó un sobrecosto de 17 millones 880 mil soles por 100 camionetas entregadas a la Policía Nacional (PNP) a principios de este año, según un informe publicado este domingo por Cuarto Poder.

La compra se realizó en dos procesos distintos de licitación pública: uno para 45 camionetas y otro para 55 unidades adicionales, todas con idénticas características. Ambos contratos fueron firmados en octubre de 2024 con la misma empresa ganadora, Maquinarias S.A.

El dominical reveló que un día después de la firma del contrato con La Libertad, el Gobierno Regional de Áncash adquirió los mismos vehículos a la misma empresa por 14 millones 425 mil soles, lo que representa una diferencia de casi 3.5 millones de soles más.

“Me acabo de enterar por ustedes. No tengo conocimiento. Es bueno que hayan hecho esta investigación para que los gerentes den respuestas a los trujillanos. Como política nuestra de gestión, es cero corrupción”, señaló el gobernador, quien evitó asumir responsabilidad directa.El gerente general explicó queEl gerente general explicó que el precio más alto incluía servicios adicionales como monitoreo satelital y mantenimiento extendido, pero el análisis técnico cuestiona la validez de estos costos

Acuña afirmó que las decisiones de compra dependen de las áreas técnicas y aseguró que, si se comprueba corrupción, se investigará y sancionará a los responsables: “No estoy dispuesto a tener a mi lado a personas que me hagan quedar mal. Cualquier error no se habla del funcionario, sino de César Acuña. Yo me he ganado un nombre. Pueden hablar lo que sea, pero no que soy corrupto”, expresó.

El gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay, justificó el precio más alto, alegando que incluía servicios adicionales como mantenimiento extendido y monitoreo satelital por tres años.

Sin embargo, Cuarto Poder indicó que esta justificación es solo una “media verdad”, ya que los vehículos que cuentan con este servicio son solo 45, no los 100. Los otros 55, según el contrato, solo recibirán mantenimiento hasta los 100 kilómetros, igual que en la región Áncash.

Los consejeros regionales Frank Solórzano y Robert de la Cruz denunciaron que el caso fue reportado en diciembre de 2024, pero el Ministerio Público y el órgano de control interno no han tomado medidas concretas.Además de este caso, elAdemás de este caso, el Gobierno Regional de La Libertad enfrentó otro escándalo por irregularidades en la gestión de fondos del programa Procompite

Denuncia anterior

El mismo dominical reveló semanas atrás irregularidades en la gestión de fondos públicos del programa Procompite, que asignó S/58 millones en 2023 y 2024 para proyectos de emprendedores. El exgerente regional, Juan José Fort Cabrera, fue señalado como el principal responsable por exigir pagos ilegales a empresarios a cambio de asegurar su participación en los concursos del programa.

Empresarios denunciaron que Fort y su intermediario, Johnny Carranza, pedían entre S/5,000 y S/25,000 para garantizar la selección de proyectos, aunque algunos no recibieron lo prometido tras negarse a pagar más dinero.

Tras investigaciones, el Gobierno regional anuló los concursos y retrotrajo los procesos a la etapa de admisibilidad. El informe oficial reveló vicios como la falta de expedientes técnicos y documentos ilegibles, y concluyó que Fort incumplió su responsabilidad.

Acuña aseguró entonces que Procompite continuará operativo, pero Fort fue destituido de su cargo.

Libertad de prensa en riesgo: Consejo de la Prensa rechaza levantamiento de secreto de comunicaciones

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó de forma categórica la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.

La medida, planteada en el marco de una investigación fiscal por presunto cohecho, ha generado una ola de preocupación en el gremio periodístico, que considera que esta solicitud constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al ejercicio independiente del periodismo en el país.

En un comunicado oficial, el CPP calificó la medida como “desproporcionada” y señaló que el derecho al secreto de las comunicaciones es una garantía constitucional indispensable para proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y salvaguardar el rol fiscalizador de la prensa en una sociedad democrática.


Investigación por presunto cohecho y contexto del caso

La solicitud de la Procuraduría surge en el marco de una investigación que involucra a los dos periodistas y a la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Según las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido a Cruz y Prado publicar información negativa contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.

Los periodistas mencionados han negado rotundamente cualquier participación en los hechos señalados. Rodrigo Cruz y César Prado aseguraron que sus conversaciones con diversas fuentes forman parte de la labor periodística legítima y que no han aceptado ningún tipo de influencia externa para direccionar contenido informativo.

El CPP enfatizó que, incluso si se identificara una falta ética en la cobertura de ciertos temas, esto no justifica una medida tan invasiva como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la cual debería ser excepcional, proporcional y debidamente fundamentada.


Libertad de prensa bajo presión judicial

En su pronunciamiento, el Consejo de la Prensa Peruana advirtió sobre una tendencia preocupante: el uso creciente de procesos judiciales para intimidar o presionar a periodistas.

“Involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede convertirse en una forma de hostigamiento institucional y amenaza el ejercicio independiente del periodismo”, señaló el organismo.

El CPP recordó que el secreto de las comunicaciones está protegido por la Constitución y que vulnerarlo sin una justificación sólida compromete principios fundamentales de la libertad de información. Además, advirtió que aceptar estas prácticas podría sentar un precedente grave que debilitaría el rol de la prensa como fiscalizadora del poder.


Riesgo de un precedente peligroso

Para el gremio periodístico, la solicitud de la Procuraduría no solo pone en riesgo el trabajo de Cruz y Prado, sino que abre la puerta a que otros comunicadores puedan ser investigados y vigilados de manera indiscriminada.

El Consejo de la Prensa alertó que medidas como esta pueden derivar en autocensura, limitar la pluralidad informativa y reducir la capacidad de la prensa para investigar hechos de interés público, como casos de corrupciónabuso de poder o violaciones a los derechos humanos.

La situación cobra especial relevancia en un contexto donde varios gremios periodísticos han denunciado un aumento en las presiones políticas y judiciales contra periodistas, lo que podría reflejar una creciente hostilidad hacia la prensa independiente.


El rol de las fuentes periodísticas en democracia

Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento del CPP es la defensa de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Según el organismo, levantar el secreto de las comunicaciones sin una causa plenamente justificada pone en riesgo la protección de quienes brindan información y podría disuadir a futuros denunciantes de hechos de interés público.

El Consejo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la protección de las fuentes es un pilar para el ejercicio libre del periodismo y, por tanto, para la garantía del derecho ciudadano a estar informado.

Asimismo, resaltó que investigar hechos de corrupción y comunicar con diversas fuentes forma parte de la esencia de la labor periodística, por lo que la criminalización de estas prácticas representa un riesgo grave para la democracia.


Llamado a las autoridades y próximos pasos

El Consejo de la Prensa Peruana hizo un llamado directo a las autoridades judiciales y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que respeten los marcos legales vigentes y garanticen la independencia del periodismo.

Solicitaron que cualquier medida que involucre comunicaciones privadas cumpla con los requisitos legales más estrictos y que solo se aplique cuando exista prueba contundente de la comisión de un delito.

Finalmente, el gremio periodístico reafirmó su compromiso de defender la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes y el derecho ciudadano a estar informado. Además, adelantaron que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales para salvaguardar los principios democráticos y el ejercicio del periodismo independiente en el país.

Más de 14 mil enfermeras acatarán huelga indefinida este martes: no habrá atención en hospitales de EsSalud

El próximo martes 9 de septiembre, los hospitales de EsSalud en todo el país amanecerán sin atención de enfermería.

Más de 14 000 enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS) acatarán una huelga nacional indefinida, en reclamo por mejores condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos pendientes por parte de la institución.

La jornada de lucha se hará sentir también en las calles de Lima con un recorrido que partirá en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), continuará por el Campo de Marte y concluirá con un plantón frente a la sede central de EsSalud, ubicada en la intersección de las avenidas Arenales y Domingo Cueto, en Jesús María. 

“Esta huelga representa la voz de más de 14 000 enfermeras que están al servicio de los más de 12 millones de asegurados del país. No buscamos confrontar: exigimos condiciones laborales dignas para asegurar una atención de calidad que los peruanos merecen”, señaló Vitalia Pisfil Farro, Secretaria General SINESSS – Base INCOR.

A este reclamo se suma un caso crítico: el tomógrafo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) se encuentra inoperativo desde junio de 2025, afectando gravemente la atención de cientos de pacientes cardíacos al mes. El INCOR es el centro de referencia nacional en enfermedades del corazón y goza de prestigio internacional, por lo que la paralización de un equipo vital evidencia el nivel de abandono que atraviesa EsSalud.

Entre los principales reclamos del SINESSS figuran

  • Igualdad en cargos gerenciales: garantizar acceso meritocrático a puestos de dirección, sin discriminación.
  • Brecha de personal y hacinamiento: instalación de una Mesa Técnica para visibilizar la carga laboral real y cerrar brechas.
  • Atención a trabajadores: rechazo a la negativa de brindar atención médica integral a las propias enfermeras en sus centros de labores.
  • Restitución del Bono de Especialidad: exigir el pago inmediato de este beneficio (10% de la remuneración principal), suspendido de manera desigual frente a otros profesionales.

“Las enfermeras no solo exigimos respeto a nuestros derechos, sino también respuestas inmediatas para garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención segura para millones de asegurados”, concluyó Pisfil. 

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Las plazas de 34 profesionales de la salud, entre ellos 12 médicos, fueron declaradas nulas de “inscripción y posterior adjudicación” por haber adulterado su promedio ponderado promocional para conseguir un puesto en el Serums 2025-I, informó el Ministerio de Salud (Minsa), el cual agregó que, además de separarlos del programa, se les ha denunciado ante las instancias respectivas para las acciones que correspondan.

La Dirección General de Personal de la Salud (Digep) del Minsa detectó esta adulteración tras solicitar información a 96 universidades a nivel nacional, con el objetivo de validar el promedio ponderado promocional presentado por los profesionales de la salud que adjudicaron una plaza en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-I.

“Este control posterior y las medidas adoptadas se establecen por primera vez en nuestra gestión, no habiendo precedente alguno en otras gestiones”, explicó el Minsa.

Durante el proceso, se identificó que 34 profesionales de la salud presentaron una nota de promedio ponderado promocional que difiere del informe remitido por las diferentes universidades.

Como resultado de este control posterior, el Comité Central del Serums declaró la nulidad de la inscripción y posterior adjudicación de los citados 34 profesionales (12 médicos y 22 profesionales de las demás profesiones) que adulteraron su promedio ponderado promocional.

Universidades no apoyan

El Minsa precisó que, hasta el momento solo 31 universidades, validaron las constancias del promedio ponderado de los postulantes médicos. Referente a las demás profesiones, un total de 40 universidades han validado las mencionadas constancias.

La Dirección General de Personal de la Salud del Minsa ha reiterado formalmente, y por segunda vez, a las diferentes casas de estudio que remitan la validación de las constancias de los profesionales que adjudicaron una plaza en el Serums 2025-I. De esta manera, esperan que, en el marco de la transparencia del proceso, las universidades cumplan con dicha solicitud.

El Minsa señaló que continuará realizando las acciones de control posterior a la documentación presentada por los profesionales y se procederá a separar del programa Serums, a los que registran información falsa, adulterada o inexacta en cualquier etapa del proceso conforme lo establece la normativa vigente.

Acciones tras revés judicial

Esta semana, el Poder Judicial anuló, en primera instancia, el Decreto Supremo n° 013-2024-SA, que eliminaba la obligatoriedad del Examen Nacional de Medicina (ENAM) como requisito para acceder al Serums y que la reemplazaba por la evaluación desarrollada por el Minsa.

Así, la sentencia ordena que la anulación tenga efecto retroactivo, como si dichas normas nunca hubieran existido, y deja sin efecto todos los actos sustentados en ellas antes de su publicación en El Peruano. 

Ante ello, el titular del Minsa, César Vásquez, mostró su rechazo al fallo judicial. “Estamos apelando. Si en segunda instancia se aplicara, tenemos el derecho de emitir otro decreto supremo y corregir la situación», dijo.

Agregó que el proceso del Serums seguirá con normalidad hasta que se emita una sentencia en segunda instancia, por lo que pidió calma a los profesionales que postulan a los centros de salud de las zonas alejadas del país, cuyo requisito es importante para laborar en hospitales del Estado.