Mientras Dina Boluarte asistía a la Misa y Te Deum, daba su extenso mensaje a la nación y también cuando se llevaba a cabo la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, cientos de peruanos han marchado por las calles exigiendo justicia por los 50 asesinatos durante las protestas entre 2022 y 2023. Los dos días centrales del mes patrio fueron ocasión de manifestaciones en el centro histórico de Lima, en las que se han registrado violentas represiones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha condenado las agresiones policiales mediante redes sociales.

«Se han registrado golpes, empujones y disparos por perdigones, hechos que vulneran derechos fundamentales y buscan amedrentar la protesta y la labor periodística», expresó la CNDDHH vía X. El mensaje va acompañado de un video donde se ve a Juan Zapata, fotoreportero del medio Wayka, siendo agredido por policías cuando cubría manifestaciones el 28 de julio. El mismo día, también se reportaron malos tratos de las fuerzas del orden hacia quienes participaban en la ‘marcha fúnebre’ con ataúdes simbólicos y fotografías de las víctimas de represiones en los inicios del gobierno de Boluarte.

Represiones violentas durante protestas

Familiares de víctimas y de quienes participaron en las manifestaciones entre el 2022 y 2023 recorrieron calles del centro de Lima con banderas peruanas de luto y las fotos de fallecidos. En sus caminatas, algunos sufrieron hostigamiento por parte de agentes policiales mientras protestaban frente al Palacio de Justicia, este 29 de julio.

Al respecto, la CNDDHH denunció que la Policía ha usado controles de identidad como mecanismo de intimidación, una «práctica que contraviene la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU». Este documento exige que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente.

Contrario a este principio, el 28 de julio, circularon en redes sociales imágenes de agentes policiales que bloqueaban el paso de las ‘marchas fúnebres’ en calles de Barrios Altos y Rímac, como en el puente Huánuco y Acho. Utilizaron rejas para cerrar vías y uso de gas pimienta y gas lacrimógeno. Entre los grupos participantes perjudicados estuvieron bloques de estudiantes de universidades como San Marcos (UNMSM).

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), por su lado, informó vía X que fueron dos fotoperiodistas agredidos por agentes policiales el 28 de julio: Juan Mandamiento, reportero independiente, además de Juan Zapata.

Otra práctica de las fuerzas del orden calificadas como provocación contra los manifestantes, reportadas por redes sociales y medios, fue la colocación de parlantes con música criolla como modo de bloqueo en la avenida Abancay.

«Los manifestantes que han venido por las muertes y lesiones contra sus familiares han sido brutalmente repelidos, no es una situación en la que se debía usar la fuerza excesiva. Las protestas se estaban haciendo pacíficamente», comenta Juan José Quispe, abogado que integra el grupo jurídico de la CNDDHH. «Pero, el punto de inflexión fue también el discurso de Boluarte donde los llamó golpistas. Prácticamente, fue una revictimización a los familiares», apunta.

Exigen memoria y justicia desde cerro San Cristobal

En lo alto del Apu Usharu, el cerro San Cristóbal, más de 200 personas se reunieron para honrar las voces de quienes ya no están. Familiares de las víctimas de las represiones de 2022 y 2023, del conflicto armado interno, colectivos de derechos humanos y otros acompañantes participaron el 27 de julio en el peregrinaje simbólico. Comenzó con un rezo ancestral al corazón de la tierra, con el que invocaron justicia.

Vestidos de rojo, símbolo de la sangre derramada y resistencia, y fotografías en el pecho, quienes asistieron descendieron el cerro con la promesa de que la memoria no será borrada. Además de representar una denuncia de un peligroso retroceso en la lucha contra la impunidad, la marcha también buscó afirmar la resistencia de quienes aún exigen justicia.

Uno de los principales detonantes del evento fue la aprobación de la ley de amnistía por parte del Congreso, que busca exonerar a miembros de fuerzas del orden y comités de autodefensa involucrados en crímenes como tortura y desapariciones forzadas. A ello se suma que el Congreso archivó la investigación que abrió la fiscalía contra Dina Boluarte que la inculpa de las muertes ocurridas durante protestas a inicios de su gobierno.