Poder Judicial dejó control total de puerto Chancay a favor de Estado chino

No supervisión, total exclusividad, no rendición de cuentas en diversos ámbitos, prerrogativas a favor de empresa estatal China, el Estado Peruano atado de manos, pudo mas el poder económico de los privados poniendo de rodillas al Perú bajo el manto de la inversión, soberanía en riesgo, primo como siempre el negocio para los gobernantes antes que la seguridad nacional.

Perú prepárate para un posible conflicto internacional donde tendrás que defender algo que ya te es ajeno, tu integridad territorial vulnerada y tu recurso estratégico como lo es el mar de GRAU despojado por intereses de apatrias que en la historia te vuelven a traicionar, te han metido en un problema geopolitico y militar entre dos súperpotencias por algo que nunca tuviste vela en ese entierro, pero de algo estoy seguro la inmundicia de paganos uniformados tendrán que rendir cuentas.

Comandante (r)

Gregory Paredes Saavedra

Armada Peruana

Golpe a ‘Los Pulpos’: Este es ‘JJ’, brazo armado de la organización criminal

Tras un trabajo de inteligencia coordinado entre la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Nacional de Inteligencia de la PDI de Chile, se logró la captura de Jhon Esnaider Nureña Rojas, ‘JJ’, brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

El sujeto tiene 19 años y su prontuario policial es de terror.

El intervenido fue impedido de ingresar a territorio chileno al representar un peligro para la seguridad, al registrar una detención preliminar vigente en el Perú. 

De acuerdo con información policial, ‘JJ’ es investigado por el delito de extorsión agravada y es señalado como pieza clave de ‘Los Pulpos’. 

El presunto implicado abordó la noche del martes un vuelo con destino a Chile, en un aparente intento de evadir a las autoridades peruanas.

Tras detectar su salida del país, la Policía Nacional del Perú activó los protocolos de cooperación internacional y alertó de inmediato a sus homólogos chilenos sobre la situación.

Gracias a esta coordinación, personal policial del vecino país intervino al sospechoso al momento de descender del avión. Posteriormente, se realizaron las gestiones correspondientes para su retorno al Perú, el cual se concretó durante la madrugada, quedando nuevamente bajo custodia de las autoridades peruanas

El comandante general de la PNP, Oscar Manuel Arriola Delgado, supervisó la llegada del detenido y resaltó la efectividad del trabajo conjunto entre ambos países para cerrar el cerco a redes delictivas que operan a nivel regional. 

‘JJ’ fue trasladado la tarde de este viernes a Trujillo.

A pesar de su corta edad, ‘JJ’ cumpliría un rol operativo clave dentro de la estructura criminal. Su tarea era ejecutar acciones violentas para presionar a las víctimas y asegurar el cobro de dinero ilícito.

Entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2026, Trujillo registró una serie de atentados con artefactos explosivos contra locales de diversión nocturna y establecimientos comerciales, en hechos que la Policía vincula a una red de extorsión criminal. 

El primer ataque ocurrió el 19 de enero, cuando un explosivo fue detonado en el bus de la orquesta Armonía 10, estacionado en el frontis de la discoteca Monasterio, en la intersección de la avenida El Golf con la prolongación César Vallejo. 

Días después, el 21 de enero, se produjeron dos detonaciones simultáneas en locales de la licorería Tabaco y Ron, ubicados en la intersección de las avenidas Huamán y Larco, lo que permitió la captura de dos presuntos implicados. En estos hechos, ‘JJ’ habría estado presente, según la PNP.

Pero eso no es todo. La cadena de atentados continuó el 24 de enero, con un ataque contra la discoteca Luxor, situada en la avenida Fátima, sector La Encalada–El Golf, hecho por el cual fueron detenidos dos sujetos señalados como autores materiales. 

El 1 de febrero, un nuevo explosivo fue detonado en el restobar Tabaco Marino, en la avenida Metropolitana II, dejando daños materiales y un herido producto de la onda expansiva. ‘JJ’ aparece otra vez vinculado a estos actos.

Su función dentro de la red criminal, precisa la PNP, no solo habría estado ligada al uso de la violencia, sino también a tareas logísticas que permitían sostener las comunicaciones y exigencias económicas de la organización. 

Nureña Rojas habría participado en el secuestro de Manuel Calle López, ocurrido en octubre de 2024. Según la información policial, se encargaba de activar chips telefónicos para que un sujeto identificado como ‘Jhonson’ realice las llamadas extorsivas y exija el pago del dinero a la familia de la víctima, lo que refuerza su presunta participación activa en delitos de alta gravedad.

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

La Fiscalía presentó nuevos elementos sobre la presunta estructura criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, durante la audiencia judicial en la que el imputado reapareció tras haber sido extraditado desde Paraguay. El investigado, acusado por el delito de extorsión agravada, es señalado como cabecilla de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’, una red delictiva que opera en distritos de Lima norte desde el año 2023. De acuerdo con la imputación fiscal, de ser hallado culpable, el procesado podría afrontar una condena de varias décadas de prisión.

Durante la diligencia, Moreno adoptó una actitud desafiante frente al Ministerio Público. En el momento en que el fiscal exponía los mensajes extorsivos atribuidos a la organización, el acusado se rió de manera reiterada y realizó un gesto obsceno al mostrar el dedo medio en dirección al representante fiscal. Este comportamiento se produjo mientras se detallaban las amenazas dirigidas a víctimas que se negaron a cumplir con exigencias económicas.

Fiscalía detalla liderazgo y control territorial de la organización

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti fue el encargado de presentar los principales elementos de la acusación. Según explicó, el ‘Monstruo’ habría ejercido un rol de dirección dentro de la banda criminal, impartiendo órdenes a otros integrantes para la ejecución de diversos hechos ilícitos. Entre estas acciones se incluyen amenazas, cobros extorsivos y ataques contra personas que se negaban a cumplir sus exigencias.

Guffanti indicó que la organización criminal estaría conformada por más de cuarenta miembros y que su accionar se concentra en zonas como Ancón, Puente Piedra y sectores cercanos. De acuerdo con la investigación fiscal, el grupo logró extender su influencia mediante la infiltración en rubros como transporte, comercio y servicios de seguridad local, lo que facilitó la captación de recursos ilícitos y el control de determinadas áreas.

Recaudación ilegal y continuidad del proceso judicial

Además, se detalló que el dinero obtenido mediante extorsiones era recolectado por integrantes cercanos al núcleo de la organización y posteriormente destinado a los líderes del grupo. Este mecanismo, según la tesis del Ministerio Público, permitió sostener y ampliar las actividades criminales en distintos puntos de Lima norte.

Ante estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se evalúen medidas coercitivas estrictas, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y afectación a las víctimas. La defensa del investigado cuestionó los señalamientos y pidió que las pruebas sean analizadas de manera individual.

El Poder Judicial continuará evaluando el caso en las siguientes audiencias, en las que se definirá la situación legal del imputado.

“El cargo no hace al líder y el poder prestado siempre cobra”

Por Andrés Tello

El paso de José Jeri por la presidencia encargada del Perú quedará como un ejemplo claro de lo que ocurre cuando el poder llega antes de que exista el carácter para ejercerlo. A sus 38 años tuvo una oportunidad excepcional, pero terminó consumiendo en pocos meses un capital político que a otros les toma toda una vida construir.

Las denuncias por presunto tráfico de influencias, los cuestionamientos por contrataciones sin criterio meritocrático y una gestión sin rumbo consolidaron una imagen preocupante. No se trata de simples errores, sino de una forma equivocada de entender el poder, más cercana a la improvisación que al liderazgo.

Nada fue casual. Su llegada a la presidencia del Congreso de la República y luego al Ejecutivo encargado fue una decisión políticamente calculada. Un Parlamento dominado por fuerzas mayoritarias (Fujimorismo, Acuñismo, Peru Libre, Renovación, Podemos) decidió colocar a un actor débil al frente en el último año previo a elecciones (Somos Peru – Jeri). El objetivo fue claro: controlar el Ejecutivo desde el Congreso, manejar ministerios, nombramientos, presupuesto y aparato estatal. Jeri aceptó ese rol, creyendo que ejercía poder, cuando en realidad solo lo administraba para otros, esta no fue una oportunidad, fue una trampa.

Todo esto era evitable. En nueve meses pudo al menos iniciar una respuesta seria frente a la inseguridad ciudadana, bajar la tensión política y permitir que el país se concentre en elegir bien en 2026. No lo hizo. Optó por el protagonismo y la complacencia.

Este traspié terminó salpicando a su partido. Aquí corresponde ser claro. Soy militante de Somos Perú, pero no soy amigo de José Jeri. Lo conocí circunstancialmente y fui de los que cuestionó públicamente que se asumiera la presidencia del Congreso en el último año, independientemente de la persona. El tiempo confirmó esa advertencia. Este es un error individual, no colectivo. Somos Perú no es parte ni cómplice de lo ocurrido.

En el Perú esta situación se entiende fácil. Es como el joven futbolista con talento que se va temprano al extranjero y regresa derrotado porque no estaba preparado para la disciplina ni la presión. En el argot popular se le conoce como el “síndrome de Reymond Manco”: talento hay, oportunidad también, pero falta cabeza. En política pasa exactamente lo mismo.

Y esto no es una crítica a los jóvenes. Todo lo contrario. Los jóvenes deben participar, liderar y renovar la política, pero no basta con conocimientos, carisma o años de militancia. La consistencia emocional y moral es igual de importante.

Ese es, en buena medida, el gran drama del Perú: basta mirar la larga lista de expresidentes, gobernadores regionales y alcaldes hoy procesados o sentenciados para entender que el problema no es la edad, sino la falta de carácter para resistir el poder, habría que agregar a los requisitos para ser presidente y/o funcionario una evaluación psicológica, incluso psiquiátrica, para cargos de máxima responsabilidad.

La evaluación psicológica mide el carácter, el equilibrio emocional y la forma en que una persona toma decisiones bajo presión; la evaluación psiquiátrica, en cambio, es un acto médico orientado a diagnosticar y tratar patologías. Ambas inciden en quienes asumen responsabilidades públicas, no para descalificar ni etiquetar, sino para prevenir riesgos. Gobernar implica manejar poder, presión, conflicto y tentaciones permanentes; ignorar el factor humano es uno de los errores más graves del sistema político peruano. Evaluar no es excluir, es cuidar a las personas y proteger a las instituciones.

Sí, este episodio se ha convertido en una mochila para la campaña, pero no nos va a doblegar. En Somos Perú no nos escondemos ni bajamos la cabeza: redoblamos esfuerzos. El candidato presidencial tiene que estar más en la calle, más visible y más firme, y lo mismo los candidatos al Congreso —diputados y senadores— todos, no unos cuantos, dando la cara y mostrando carácter. Hemos sido golpeados por una circunstancia inesperada, pero no somos responsables de ella. Ahora toca más trabajo, más presencia y más convicción. La gente entiende, la gente sabe, y la política se gana así: dando la cara cuando es más difícil, no cuando es cómodo. La lección es dura, pero necesaria:

“EL CARGO NO HACE AL LÍDER; EL CARÁCTER SÍ. Y APRENDER A TIEMPO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE AVANZAR.”

Empresa Translima incluye el concepto “EXTORSIÓN” en sus boletas de cobro

La crisis de inseguridad en el Perú ha alcanzado un nivel de institucionalización alarmante. La empresa de transporte urbano Translima ha comenzado a emitir boletas de venta físicas a sus conductores donde figura explícitamente el concepto “EXTORSIÓN”. Este rubro, formalmente codificado, establece un pago individual de 15 soles destinado al cumplimiento de los cupos exigidos por bandas criminales.

Esta medida permite a las empresas contabilizar el dinero entregado a los delincuentes como parte de sus costos necesarios para operar, transformando un acto ilícito en un asiento contable de inversión operativa.

Protestas por el incremento de cupos criminales

La situación se agravó recientemente tras reportarse que los extorsionadores decidieron elevar la exigencia económica de S/ 15 a S/ 20 por conductor. Este incremento motivó un “apagado de motores” y una paralización parcial en la cochera de la empresa ubicada en Carabayllo.

Pese a la indignación, muchas unidades retomaron sus rutas debido a que los transportistas dependen de los ingresos diarios para su subsistencia, viéndose obligados a aceptar las condiciones impuestas por las mafias.

Estado reparará daños de extorsión con impuestos de ciudadanos

En paralelo a la formalización del cobro de cupos en las empresas, el Ejecutivo reglamentó la Ley N° 32490, la cual traslada el costo financiero de la extorsión al erario nacional. Según el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, publicado el 18 de enero, el Estado utilizará el presupuesto institucional —financiado por los impuestos de los peruanos— para la “reparación integral” de las víctimas.

La norma ordena la creación de un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger a las unidades de transporte. Sin embargo, el enfoque no es preventivo, sino reactivo: su finalidad es financiar la reactivación de servicios que hayan sido afectados por atentados o amenazas.

Programa “Ruta Segura Restablecida”: Reparación y no prevención

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el encargado de ejecutar el programa denominado “Ruta Segura Restablecida”. Los puntos clave de este programa incluyen:

  • Reparación de daños en infraestructura (estacionamientos y sedes).
  • Reposición de unidades siniestradas por ataques criminales.
  • Financiamiento para el equipamiento que resulte afectado durante los atentados.

Esta política del gobierno de José Jerí ha generado debate, pues implica que los fondos públicos se destinen a cubrir las consecuencias de un delito que el Estado no ha logrado frenar en las calles.

Piura: Funcionarios estarían vinculados a organización criminal “Los Ilustres”

Luego de la investigación fiscal y policial y la declaración de colaboradores eficaces, se determinó que los presuntos integrantes de la organización criminal“Los Ilustres de Piura”, tenían la vinculación con un notario, un registrador y dos oficiales de la PNP, funcionarios con quienes concertaron ilícitamente para sus trámites notariales y registrales y apoderarse de los terrenos de propiedad del Estado que se encontraban libres, así como también impedir la persecución penal en su contra.

Según el expediente N° 00489-2026-1-2001-JR-PE-06, al que Correo tuvo acceso, la presunta organización criminal “Los Ilustres de Piura” tiene como supuesto cabecilla al abogado José Santos Lázaro Pilco, y se dedicaban al saneamiento fraudulento e inscribir predios mediante la falsificación de contratos de compraventa, escrituras públicas y títulos de propiedad de predios, los mismos que utilizaron y presentaron ante instancias judiciales (para entablar demandas), notariales y registrales como si fueran auténticos

Precisa la fiscalía que en estos trámites aparece uno los integrantes de la organización o personas jurídicas vinculadas a ellos fingiendo ser comprador de los predios, esto con el fin de que puedan ser inscritos en Sunarp a nombre de dicho integrante, y “luego se distribuyan las ganancias como consecuencia de la actividad criminal que proyectan consumar”.

Dicha investigación contra esta presunta organización está desde marzo del 2023, en la que se conoció que sus miembros lograron inscribir con documentos falsos en el año 2016 la propiedad de un terreno de 439 hectáreas en el sector “Loma del Mar y Luna” – distrito de Miguel Checa (Sullana) y en el año 2019 inscribieron ilegalmente dos terrenos de 2,158 y 1,420 hectáreas cada uno de ellos y un tercer terreno de 1,226 hectáreas + 6712 m2 en el sector “Pampas de Congorá” (Paita).

“En la última etapa de la planificación delictiva llevada a cabo por los miembros de la organización criminal “Los Ilustres de Piura”, se inicia después de que lograran las inmatriculaciones fraudulentas ante Registros Públicos de las escrituras públicas obtenidas por la vía notarial y judicial de los inmuebles antes descritos, inscritos a nombre de alguno de los miembros de la organización criminal […]. Esta última etapa todavía se encuentra vigente, esto es, en pleno desarrollo por parte de la organización criminal”, se lee en la carpeta fiscal.

Precisamente, en el marco de esta investigación, ayer el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, con apoyo del Departamento de Lavado de Activos de la PNP, ejecutó el allanamiento con descerraje, registro personal y domiciliario, incautación de ocho inmuebles, entre ellos la comisaría PNP de Pariñas, y uno en Lima.

La medida se ejecuta dentro de la investigación que sigue contra seis personas por la presunta comisión de diversos delitos.