Piura: incautan más de 700 kilos de alcaloide de cocaína ocultos en camión frigorífico

En una operación conjunta de gran envergadura, la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon un importante envío de sustancias ilícitas, incautando 728.242 kilogramos de alcaloide de cocaína.

A través de su cuenta en las redes sociales, el Ministerio Público de Piura señaló que, durante la intervención, cuatro personas fueron detenidas por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

La acción policial se inició el pasado 23 de abril, tras recibir información de inteligencia de la DIRANDRO PNP sobre el traslado de una importante remesa de droga desde Chiclayo con destino a Piura.

Ante esta alerta, se desplegó un operativo estratégico en puntos clave de la carretera Panamericana Norte, específicamente en el tramo comprendido entre el peaje Mórrope y el expeaje Bayóvar.

Investigación en curso

Las autoridades interceptaron inicialmente una camioneta ocupada por tres sujetos identificados con las iniciales C.A.C.R., J.R.O. y J.A.C.G. Posteriormente, se ubicó un camión conducido por R.S.F., el cual se había desviado de la ruta principal.

«Con autorización del conductor, el vehículo fue sometido a registro, detectándose compartimentos ocultos en el techo del área frigorífica, donde se hallaron paquetes tipo ladrillo», detalló el Ministerio Público.

En dicho lugar se hallaron 600 paquetes tipo ladrillo, los cuales, tras ser sometidos a pruebas químicas, dieron positivo para alcaloide de cocaína.

Tanto la droga decomisada como los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones del DEPOTAD PNP Piura. Actualmente, las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público.

Piura: Ministerio Público investiga presunto atentado armado de consejero regional contra periodistas

Los periodistas Alejandro Callirgos Rivas, de Panamericana Televisión, y Dayvis Simón Soto Pozo (independiente) denunciaron haber sido víctimas de atentado con arma de fuego y amenazas por parte de Pedro Enrique Alama Farfán, consejero y precandidato al Gobierno Regional de Piura.

En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Callirgos reportó que el incidente se registró el domingo 5 de abril, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la urbanización Miraflores, del distrito de Castilla, mientras retornaban de una cobertura periodística en la ciudad de Chulucanas.

Según relata, se desplazaban en un automóvil particular cuando fueron interceptados por una camioneta de lunas polarizadas, en la que se encontraba el funcionario junto a su agente de seguridad personal, Moisés Torres Concha.

El acta de denuncia verbal, de fecha 6 de abril, indica que Alama Farfán habría bajado la luna del vehículo y, tras proferir la frase «tienen los días contados», realizó un disparo que no llegó a impactar en los agraviados.

Los periodistas acudieron de inmediato a la Comisaría PNP Castilla para reportar el hecho, pero indicaron que no se les recibió la denuncia formal en ese momento, logrando concretarla recién al día siguiente ante la DIVINCRI Piura.

Callirgos señaló que el consejero se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y que el disparo fue dirigido hacia su persona en pleno movimiento.

Por su parte, Pedro Alama Farfán se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales antes del vencimiento del plazo de flagrancia, admitiendo haber realizado un disparo, pero alegando que este fue de carácter «disuasivo y al aire» debido a que se sintió perseguido por dos motocicletas sospechosas. El funcionario entregó su arma de fuego y se sometió a las pericias de ley, mientras que su agente seguridad respaldó la versión de una presunta persecución previa.

Tras analizar los testimonios, el fiscal provincial Jorge Luis Huamanchumo Vásquez, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Piura, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La disposición fiscal subraya que el uso de un arma idónea contra un vehículo en movimiento amerita una investigación exhaustiva y solicita la intervención de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para evaluar el actuar del personal de la Comisaría de Castilla, que habría omitido diligencias urgentes tras la primera comunicación de los agraviados.

Alama hizo una transmisión en vivo la noche del martes 7 de marzo, en que negó los hechos y anunció que presentará una denuncia por calumnia y difamación.

Algunas fuentes locales en Piura, señalan que detrás de este hecho habrían potenciales conflictos de interés, ya que indican que Alejandro Callirgos realiza diversas labores conjuntas con Dayvis Soto, quien trabaja en el Gobierno Regional de Piura (según indica en su perfil de LinkedIn).

En tal sentido, Pedro Alama, actual el precandidato al Gobierno Regional de Piura por Perú Primero, señala que habría un trasfondo político en el hecho denunciado, ya que es públicamente conocido el conflicto que tiene con el actual gobernador regional, Luis Neyra.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP hace una exhortación pública tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como al Ministerio Público para que desarrollen una investigación diligente que determine las responsabilidades y sanciones que corresponden a este hecho.

Asimismo, la ANP es firme al señalar que cualquier controversia o cuestionamiento que recaiga sobre algún periodista o comunicador debe ser canalizada, deliberada y resuelta en las vías ordinarias o jurisdiccionales correspondientes y no mediante el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tal el caso.

Operativo en alta mar: Incautan más de 2.4 toneladas de cocaína en lancha de Piura

Un operativo conjunto ejecutado en el litoral norte permitió la incautación de más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína ocultas en una embarcación intervenida frente a la región Piura. La acción estuvo liderada por la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de diversas instituciones del Estado.

Las investigaciones de inteligencia detectaron a una presunta organización criminal dedicada al acopio y envío de droga hacia Centroamérica mediante lanchas rápidas. Según las autoridades, los implicados utilizaban aplicaciones de mensajería encriptada y equipos de comunicación satelital para evitar los controles.

Bajo conducción fiscal, el pasado 13 de febrero se interceptó una embarcación sin nombre visible y con bandera ecuatoriana, en la que viajaban tres ciudadanos extranjeros. Durante el registro se hallaron compartimientos ocultos que contenían sacos con paquetes tipo ladrillo, los cuales dieron resultado presuntivo positivo para cocaína tras la prueba de campo.

En las diligencias de apertura, identificación y pesaje se contabilizaron 2,124 paquetes, con un peso bruto total de 2,470.850 kilogramos. Los tripulantes fueron detenidos mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles conexiones con redes internacionales.

Piura: Funcionarios estarían vinculados a organización criminal “Los Ilustres”

Luego de la investigación fiscal y policial y la declaración de colaboradores eficaces, se determinó que los presuntos integrantes de la organización criminal“Los Ilustres de Piura”, tenían la vinculación con un notario, un registrador y dos oficiales de la PNP, funcionarios con quienes concertaron ilícitamente para sus trámites notariales y registrales y apoderarse de los terrenos de propiedad del Estado que se encontraban libres, así como también impedir la persecución penal en su contra.

Según el expediente N° 00489-2026-1-2001-JR-PE-06, al que Correo tuvo acceso, la presunta organización criminal “Los Ilustres de Piura” tiene como supuesto cabecilla al abogado José Santos Lázaro Pilco, y se dedicaban al saneamiento fraudulento e inscribir predios mediante la falsificación de contratos de compraventa, escrituras públicas y títulos de propiedad de predios, los mismos que utilizaron y presentaron ante instancias judiciales (para entablar demandas), notariales y registrales como si fueran auténticos

Precisa la fiscalía que en estos trámites aparece uno los integrantes de la organización o personas jurídicas vinculadas a ellos fingiendo ser comprador de los predios, esto con el fin de que puedan ser inscritos en Sunarp a nombre de dicho integrante, y “luego se distribuyan las ganancias como consecuencia de la actividad criminal que proyectan consumar”.

Dicha investigación contra esta presunta organización está desde marzo del 2023, en la que se conoció que sus miembros lograron inscribir con documentos falsos en el año 2016 la propiedad de un terreno de 439 hectáreas en el sector “Loma del Mar y Luna” – distrito de Miguel Checa (Sullana) y en el año 2019 inscribieron ilegalmente dos terrenos de 2,158 y 1,420 hectáreas cada uno de ellos y un tercer terreno de 1,226 hectáreas + 6712 m2 en el sector “Pampas de Congorá” (Paita).

“En la última etapa de la planificación delictiva llevada a cabo por los miembros de la organización criminal “Los Ilustres de Piura”, se inicia después de que lograran las inmatriculaciones fraudulentas ante Registros Públicos de las escrituras públicas obtenidas por la vía notarial y judicial de los inmuebles antes descritos, inscritos a nombre de alguno de los miembros de la organización criminal […]. Esta última etapa todavía se encuentra vigente, esto es, en pleno desarrollo por parte de la organización criminal”, se lee en la carpeta fiscal.

Precisamente, en el marco de esta investigación, ayer el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, con apoyo del Departamento de Lavado de Activos de la PNP, ejecutó el allanamiento con descerraje, registro personal y domiciliario, incautación de ocho inmuebles, entre ellos la comisaría PNP de Pariñas, y uno en Lima.

La medida se ejecuta dentro de la investigación que sigue contra seis personas por la presunta comisión de diversos delitos.

Juzgado de Piura vuelve a citar a Mark Zuckerberg por demanda iniciada en 2022

El nombre de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, vuelve a aparecer en una resolución judicial peruana.

El Cuarto Juzgado Civil de Piura reprogramó para el 10 de septiembre de 2026 la audiencia única de la demanda de amparo interpuesta por el abogado piurano Juan Mejía Seminario, quien acusa a la red social de haber vulnerado su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de un caso reciente. El proceso se remonta al año 2021, cuando la cuenta personal de Facebook de Mejía Seminario fue suspendida temporalmente. La plataforma argumentó que el usuario difundió información considerada falsa sobre el origen del COVID-19.

Según el demandante, el contenido compartido correspondía a un análisis atribuido a Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, en el que se sostenía que el virus SARS-CoV-2 habría sido creado en un laboratorio. Al considerar que la sanción fue arbitraria, el abogado acudió a la vía judicial.

PROCESO EN PAUSA

La demanda de amparo fue admitida en enero de 2022 y ese mismo año el juzgado ya había dispuesto la realización de una audiencia única virtual, conforme a los protocolos del Poder Judicial durante la pandemia.

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Incluso se ordenó que Zuckerberg sea notificado mediante exhorto diplomático, un procedimiento que implica coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el pago de derechos consulares.

Sin embargo, la diligencia no llegó a concretarse y el expediente permaneció en pausa durante más de dos años. Recién ahora, mediante la Resolución N.° 13, el Cuarto Juzgado Civil de Piura ha decidido reactivar el proceso y fijar una nueva fecha.

La audiencia se realizará el 10 de setiembre de 2026, a las 10:00 a. m., de manera virtual, a través de Google Meet, y estará a cargo del juez Iván Cueva Cortez, en el marco del Expediente N.° 00900-2021-0-2001-JR-CI-04.

TRADUCTOR, NOTIFICACIÓN E INDEMNIZACIÓN

Debido a la condición internacional del demandado, el juzgado dispuso que se gestione la presencia de un traductor de inglés, quien asistirá al magistrado durante el desarrollo de la audiencia. Además, se reiteró la notificación de Zuckerberg por la vía diplomática.

En su demanda, Mejía Seminario solicita la restitución de su cuenta de Facebook y una indemnización de US$300,000 por el presunto daño ocasionado. El abogado ha sostenido públicamente que, aunque Facebook sea una empresa privada, no puede restringir derechos fundamentales en espacios digitales que funcionan como foros de expresión masiva.

“Facebook, al ser un medio privado, no puede violentar la libertad de expresión. Si no les gusta una opinión, simplemente te bloquean. Eso no es legal”, declaró el demandante en una etapa previa del proceso.

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha confirmado si representantes legales de Meta participarán en la audiencia ni si Mark Zuckerberg intervendrá directamente. Lo cierto es que el proceso, iniciado hace más de cuatro años, sigue abierto y podría sentar un precedente jurídico en el país.

Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

Rubén Alejandro Quevedo Nole, de 33 años, murió luego de ser brutalmente golpeado por dos ciudadanos extranjeros en el centro poblado de Mallaritos, en Sullana, región Piura. El ataque ocurrió el pasado domingo 11 de enero, cuando la víctima ya estaba en su tierra natal luego de viajar desde Lima para reencontrarse con su familia por las festividades.

De acuerdo con información preliminar, el padre de familia fue atacado con palos y piedras dentro de su vivienda durante una gresca cuyas causas aún no han sido esclarecidas. Pese a que vecinos y familiares intentaron auxiliarlo, las graves lesiones en la cabeza obligaron a su traslado al hospital de Sullana, donde permaneció internado y falleció al día siguiente a causa de una hemorragia cerebral.

La tía de la víctima cuestionó la actuación policial tras el ataque. “Le han golpeado el cerebro a mi sobrino. Llegó la policía, pero no hicieron nada. Estas son las consecuencias y le dio derrame cerebral. Nosotros queremos justicia”, declaró.

Familia protesta por justicia y ofrece recompensa de S/15.000

Los presuntos responsables fueron identificados como Manuel Ángel Alvarado Gonzáles (24) y Noel Alexander Carneiro Malaver (25), ambos de nacionalidad venezolana. Testigos señalaron que ellos atacaron a Rubén dentro de su vivienda y luego huyeron con rumbo desconocido. “Están prófugos”, afirmó su hermana.

Familia ofrece recompensa por información de sospechosos. Foto: difusión.

Rubén Quevedo era padre de familia de una adolescente de 15 años y trabajaba en una empresa de telefonía en Lima. Su muerte ha generado indignación entre familiares, vecinos y amigos, quienes exigen celeridad en las investigaciones.

Tras el velorio, pobladores y familiares realizaron una protesta en la carretera Panamericana Norte, donde bloquearon temporalmente la vía con quema de llantas, piedras y carteles para exigir justicia y la captura de los responsables. Asimismo, los parientes del occiso ofrecieron una recompensa de S/15.000 a quien brinde información que permita ubicar a los implicados y ponerlos a disposición de las autoridades.