En una audiencia reciente, el fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio Ramos explicó que la denuncia del Congreso contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, no tiene base legal. El Parlamento la acusó de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad y usurpación de funciones, pero el fiscal Atencio señaló que estos cargos no tienen sustento técnico. “Teniendo en cuenta que nosotros nos decantamos por la tipicidad, queda claro que no se generó ningún daño o perjuicio al Estado”, afirmó.
Para entender el origen de este caso, es necesario señalar que el Congreso acusó a Delia Espinoza de intentar «quitarle» facultades de investigación a la Policía Nacional para entregárselas a los fiscales mediante un nuevo reglamento. Por ello, se le acusa de haber cometido diversos delitos. Sin embargo, durante la audiencia, el abogado de Espinoza, David Lértora Seminario, explicó que no se puede responsabilizar a su cliente por el reglamento de “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, ya que ella no respaldó ni firmó ese documento.
El fiscal Atencio Ramos aclaró que el reglamento sobre cómo deben investigar los fiscales no rompió ninguna ley. Al revisar los detalles del caso, el representante del Ministerio Público mencionó que no insistirán con la acusación que envió el Congreso y declaró ante el juez lo siguiente: “No vamos a disentir con la excepción de improcedencia de acción”. Esto quiere decir que la Fiscalía está de acuerdo en que el caso debe archivarse, ya que considera que los hechos denunciados no constituyen un delito y tampoco tienen sustento legal para ser juzgados.
Su decisión a favor de la Espinoza se evidenció cuando el juez Juan Carlos Checkley le preguntó al fiscal Atencio si estaba de acuerdo con la excepción. Tras la interrogante, Atencio Ramos contestó: “En efecto”.
Por su parte, la Procuraduría solo se opuso a que se archiven dos de los cuatro delitos. El abogado Rubén Montúfar, representante de la entidad, señaló que está de acuerdo con cerrar los cargos por prevaricato y falsedad genérica, pero sostuvo que sigan bajo investigación los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Con este escenario, el juez Checkley decidirá en los próximos días si dicta el archivo definitivo del proceso penal.
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