Piura: Ministerio Público investiga presunto atentado armado de consejero regional contra periodistas

Los periodistas Alejandro Callirgos Rivas, de Panamericana Televisión, y Dayvis Simón Soto Pozo (independiente) denunciaron haber sido víctimas de atentado con arma de fuego y amenazas por parte de Pedro Enrique Alama Farfán, consejero y precandidato al Gobierno Regional de Piura.

En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Callirgos reportó que el incidente se registró el domingo 5 de abril, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la urbanización Miraflores, del distrito de Castilla, mientras retornaban de una cobertura periodística en la ciudad de Chulucanas.

Según relata, se desplazaban en un automóvil particular cuando fueron interceptados por una camioneta de lunas polarizadas, en la que se encontraba el funcionario junto a su agente de seguridad personal, Moisés Torres Concha.

El acta de denuncia verbal, de fecha 6 de abril, indica que Alama Farfán habría bajado la luna del vehículo y, tras proferir la frase «tienen los días contados», realizó un disparo que no llegó a impactar en los agraviados.

Los periodistas acudieron de inmediato a la Comisaría PNP Castilla para reportar el hecho, pero indicaron que no se les recibió la denuncia formal en ese momento, logrando concretarla recién al día siguiente ante la DIVINCRI Piura.

Callirgos señaló que el consejero se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y que el disparo fue dirigido hacia su persona en pleno movimiento.

Por su parte, Pedro Alama Farfán se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales antes del vencimiento del plazo de flagrancia, admitiendo haber realizado un disparo, pero alegando que este fue de carácter «disuasivo y al aire» debido a que se sintió perseguido por dos motocicletas sospechosas. El funcionario entregó su arma de fuego y se sometió a las pericias de ley, mientras que su agente seguridad respaldó la versión de una presunta persecución previa.

Tras analizar los testimonios, el fiscal provincial Jorge Luis Huamanchumo Vásquez, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Piura, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La disposición fiscal subraya que el uso de un arma idónea contra un vehículo en movimiento amerita una investigación exhaustiva y solicita la intervención de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para evaluar el actuar del personal de la Comisaría de Castilla, que habría omitido diligencias urgentes tras la primera comunicación de los agraviados.

Alama hizo una transmisión en vivo la noche del martes 7 de marzo, en que negó los hechos y anunció que presentará una denuncia por calumnia y difamación.

Algunas fuentes locales en Piura, señalan que detrás de este hecho habrían potenciales conflictos de interés, ya que indican que Alejandro Callirgos realiza diversas labores conjuntas con Dayvis Soto, quien trabaja en el Gobierno Regional de Piura (según indica en su perfil de LinkedIn).

En tal sentido, Pedro Alama, actual el precandidato al Gobierno Regional de Piura por Perú Primero, señala que habría un trasfondo político en el hecho denunciado, ya que es públicamente conocido el conflicto que tiene con el actual gobernador regional, Luis Neyra.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP hace una exhortación pública tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como al Ministerio Público para que desarrollen una investigación diligente que determine las responsabilidades y sanciones que corresponden a este hecho.

Asimismo, la ANP es firme al señalar que cualquier controversia o cuestionamiento que recaiga sobre algún periodista o comunicador debe ser canalizada, deliberada y resuelta en las vías ordinarias o jurisdiccionales correspondientes y no mediante el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tal el caso.

Tomás Gálvez alerta que el Ministerio Público podría cerrar oficinas ante falta de presupuesto

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que varias oficinas del Ministerio Público corren el riesgo de cerrar si no se les otorga un mayor presupuesto. El anuncio se realizó durante la ceremonia en la que juró como titular de esta institución.

“Cada despacho del Ministerio Público tiene que realizar el trabajo que corresponde a dos. Eso no es adecuado. Muchos de nuestros fiscales renuncian y ese es un gran problema. Por eso he señalado al presupuesto como el principal problema, porque si no contamos con los recursos necesarios, como reitero, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”, indicó.

En la ceremonia estuvieron presentes otras autoridades, como el presidente José María Balcázar, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y las fiscales Patricia Benavides y Zoraida Ávalos. Durante su intervención, Gálvez comparó la situación presupuestaria de la Fiscalía con la del Poder Judicial.

“El Ministerio Público tiene 9000 fiscales y se le asignan solo 2,870 millones de soles. (…) En el Poder Judicial hay 25,000 trabajadores y 5000 jueces. Nuestra actividad es más costosa; sin embargo, a ellos se les asignan 4500 millones de soles”, señaló.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación, pese a cuestionamientos

Durante su etapa como fiscal interino, la labor de Gálvez ha recibido fuertes cuestionamientos. Las críticas se enfocan principalmente en la desactivación de equipos de investigación considerados clave, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y el grupo encargado de casos relacionados con víctimas de protestas sociales.

En enero, adoptó decisiones que generaron polémica al disponer el archivo de investigaciones importantes. Entre ellas se encuentran el proceso contra la fiscal suprema Patricia Benavides y miembros de la JNJ, así como la indagación contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, que dejaron más de 20 fallecidos. Según las resoluciones emitidas, no se encontraron pruebas suficientes para determinar responsabilidades penales.

En febrero, las controversias persistieron. Gálvez archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también resultó beneficiado con el cierre de una acusación en su contra por presunta organización criminal. A ello se sumaron críticas por no apelar el fallo de la Corte Suprema que descartó declarar ilegal a Fuerza Popular, pese a que el Ministerio Público aún contaba con plazo para hacerlo.

“Es la crisis más grave de su historia”: en abril, el Ministerio Público se quedaría sin presupuesto para sueldos de fiscales, dice Chávez Cotrina

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en diálogo con RPP, advirtió de una «grave crisis» que se vive dentro del Ministerio Público, debido a la falta de presupuesto destinado por el Ejecutivo.

El magistrado indicó que la situación se repite año tras año, pero que, en este 2026, ha llegado a tal nivel que, para el próximo marzo, se deberá prescindir del 50 % del personal de apoyo de la entidad por falta de recursos para pagarles los sueldos.

«Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4 700 trabajadores de función fiscal y administrativos no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo», sostuvo.

«Nosotros tenemos el oficio del señor gerente general [del Ministerio Público], que le ha cursado a todas las presidencias y coordinadores, el 00042-2026 de la Gerencia General, donde claramente nos dice lo siguiente: ‘evaluar y realizar la reducción de los requerimientos concernientes a la contratación del personal en un 50 %’; es decir, el otro 50%, que son 4 700, no van a continuar trabajando en el Ministerio Público por falta de presupuesto», destacó.

Chávez Cotrina recalcó que los recursos de la Fiscalía «solamente alcanzan hasta el mes de marzo, es decir, el mes de marzo a 50 % [del personal] que queda se le va a pagar, y si no nos dan [presupuesto], ya el otro 50 % también va a tener que retirarse».

Pero la imposibilidad del pago de remuneraciones no solo alcanzaría al personal de apoyo, sino que, en abril, tampoco se podría garantizar los sueldos de los fiscales «de todas las jerarquías», a nivel nacional, así como el presupuesto para gastos operativos.

«También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones, independientemente de los otros gastos corrientes que se tiene, como la parte ya operativa de los viáticos, los pasajes, pagar médico legista, pagar criminalística, pagar los arriendos, pagar el tóner, es decir, el Ministerio Público está pasando por la crisis más grave en toda su historia«, afirmó.

¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo ante la demanda de presupuesto?

Según Chávez Cotrina, pese a los pedidos insistentes de presupuesto adicional al Gobierno, aún no ha habido respuesta.

«El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado», expresó.

El fiscal indicó que, pese a la predisposición pública manifestada por el Gobierno de José Jerí para dotar de presupuesto adicional al Ministerio Público, esto nunca se dio. Ante ello, señaló que ya se ha insistido con el actual ministro de Economía del Gobierno de Balcázar.

«Lamentablemente, no [se atendió el pedido con Jerí]. Hubo quizás buenas intenciones, pero la realidad es esta […] Dejar al Ministerio Público sin presupuesto, reducirlo a su mínima expresión, la más perjudicado va a ser la sociedad porque ¿quién persigue el delito?», inquirió Chávez.

«El gerente general nos está sosteniendo que están enviando la documentación, que han pedido cita con el actual ministro. Esperemos que, entre hoy día y mañana, se reúnan para solucionar este problema que es gravísimo. La crisis es grave. Nosotros entendemos que el país está pasando por una grave emergencia por el tema de las lluvias y los huaicos. Lo entendemos, pero también tienen que entender que el crimen está avanzando y no se puede dejar de perseguirlo», añadió.

Finalmente, el fiscal remarcó que su entidad atraviesa «una crisis tan grave que se podría decir que la fiscalía queda inoperativa».

«Yo llamo la atención al ministro de Economía, porque si estamos frente a una ola de crimen como estamos viviendo, no es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales», puntualizó.

PNP y Ministerio Público ejecutaron megaoperativo contra remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’: hay 14 detenidos

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial por 15 días de diversos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, entre ellos sus mandos principales y mandos medios, liderados por Erick Moreno.

Como parte de la investigación dirigida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, también se ejecutó una orden de allanamiento con fines de incautación en 23 inmuebles y 12 celdas de cinco penales ubicados en Lima, Cañete y Huaral.

Según las indagaciones, la organización criminal operaba desde el año 2022 y estaría vinculada a delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. El cobro de cupos a negocios formales incluía pagos iniciales de S/ 10 000 a S/ 80 000, además del cobro diario de S/ 1 a S/ 5 a mototaxis y combis.

Otra modalidad identificada habría sido la venta obligada de tarjetas de polladas o chuletadas, utilizada para justificar pagos físicos o bancarios vinculados a las actividades ilícitas.

En la intervención participaron 33 fiscales especializados, con apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Unidad de Seguridad del Estado (USE), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) y otras unidades de la Policía Nacional del Perú.

Ministerio Público reporta 56 choferes asesi*nados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. En su mayoría, las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha convertido en el método más recurrente para asesinar a transportistas en zonas urbanas.

En síntesis, ocho de cada diez atentados se producen bajo esta modalidad: interceptación desde una moto lineal y disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. El aumento de estos crímenes está directamente relacionado con el incremento explosivo de las denuncias por extorsión, que afecta especialmente al sector transporte.

La República conversó con diversos expertos para conocer cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detención por dicho delito aumentaron drásticamente no solo en el último año, sino en los últimos cuatro años, que refleja la expansión del crimen organizado y la debilidad de la respuesta del Estado.

Septiembre fue el mes más violento

Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se ha intensificado. Septiembre cerró con 31 homicidios, la cifra mensual más alta del año. Octubre registró 18 muertes y en los primeros días de noviembre ya se había sumado una nueva víctima.

El incremento de homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% respecto al mismo período de 2024 (18.215 casos).

Este fenómeno también tiene un impacto geográfico claro. Las denuncias crecieron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y el Callao (+45,6%). Asimismo, 19 regiones muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a 76 denuncias diarias. La tendencia es clara: el 2025 será el año con más denuncias de extorsión registradas en la historia reciente del Perú.

José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), alerta que este mes representa un ejemplo claro de cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó «bajo ninguna circunstancia un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia». «Revisando las estadísticas, los cuales resultan preocupantes, no damos cuenta que esa administración no puso atención a un factor importante que muchos expertos en seguridad ciudadana hemos demandado: inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público», indica.

Menos del 1% de los extorsionadores termina en prisión

A pesar del alarmante número de denuncias, el sistema de justicia penal muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Según datos del INPE, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, apenas 11 tienen sentencia firme (3,8%). Las restantes 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.

Para Stefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva. A ello se suma, observa, la falta de un sistema judicial y penal robusto que garantice sanción efectiva. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan libres por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia que funcione desde la denuncia hasta la condena”, señala.

En términos históricos, entre 2022 y octubre de 2025 se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión, pero solo 363 personas más han sido encarceladas por este delito en ese período. Es decir, el aumento de reclusos por extorsión representa apenas el 0,4% del total de denuncias, lo que evidencia una impunidad estructural en el combate contra las mafias.

Ante este escenario preocupante, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala, criticó que el actuar director de la institución encargada de los centros penitenciarios no haya promovido, en primer lugar, cumplido su rol de ejecutar la política penitenciaria nacional al permitir que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles. «Eso no saldrán en las estadísticas. Quedará para la anécdota y un saber de conocimiento público, pero de nada sirve encerrar a los extorsionadores si no se combate la delincuencia no solo en las calles, sino dentro de las instalaciones penitenciarias», asegura.

Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% (750) está sin sentencia. “Ningún día del año ha registrado cero homicidios en el país”, alerta el analista de datos Juan Carbajal, quien ha revisado las cifras penitenciarias y las bases del SINADEF.

«Queda en manos del Congreso y José Jerí si, lejos del estado de emergencia, no se establecen objetivos a largo plazo para combatir a los delincuentes, extorsionadores o no», advierte Pedraza.

Regiones afectadas y montos exigidos

La Fiscalía también alerta que una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos en el país. Las zonas más afectadas por el crimen organizado son La Libertad, junto con distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Las organizaciones criminales exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables. En paralelo, los robos continúan siendo el delito más frecuente, con 40.125 denuncias por hurto y asalto hasta septiembre. Lima Norte y Lima Sur concentran los mayores índices de estos delitos.

Ministerio Público abre proceso disciplinario contra José Domingo Pérez

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario al fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara el archivo de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cócteles.

La medida fue dispuesta por Juan Antonio Fernández, jefe de la ANC, ante la presunta infracción al numeral 13 del artículo 47 de la Ley N.º 30483, Ley de Carrera Fiscal.

El proceso disciplinario se inicia ante la presunta existencia de deficiencias funcionales en la formulación o defensa de la acusación, las cuales podrían configurar una infracción grave en el ámbito del Ministerio Público.

«Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de 60 días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios», señala el documento.

Asimismo, la Fiscalía solicita al fiscal «un informe de descargo sobre los hechos dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado, debiendo acompañar copias certificadas de la documentación que sustente su dicho, el mismo que podrá ser presentado de forma presencial o virtual».

El excongresistaJorge del Castillo también encabeza otra fórmula presidencial junto a su excolega Mauricio Mulder y Belén García, secretaria general del Apra.

Cabe precisar que la agrupación tendrá la modalidad de elección interna de un militante, un voto.

El segundo partido con más precandidatos es Acción Popular. Una de las planchas es encabezada por su presidente, Julio Chávez.

Alfredo Barnechea lidera otra lista acompañado de Armando Villanueva y Tania Abad Jaime.

Además, competirán por representar al partido de la lampa el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, “Vitocho”, y el actual legislador Edwin Martínez.

Los militantes de Acción Popular elegirán al menos 75 delegados, quienes posteriormente elegirán a su representante para los próximos comicios.

En Avanza País serán dos personas las que disputarán la representación de la candidatura a la presidencia.

El comunicador de televisión Phillip Butters presentó su plancha presidencial junto a Fernán Altuve en la primera vicepresidencia y la congresista Karol Paredes en la segunda.

El comunicador tendrá que competir contra el excongresista César Combina, quien también presentó su precandidatura junto a Julio Porras e Ida Chacón.

Phillip Butters y su plancha presidencial en Avanza País. (Foto: Difusión)

MÁS COMPETENCIA

El Partido Morado tendrá dos precandidatos presidenciales. El exgobernador regional Mesías Guevara y el excongresista Richard Arce confirmaron a Correo que participarán en las elecciones internas.

Cabe precisar que dicha agrupación tendrá una elección para definir a sus 30 delegados, quienes finalmente definirán quién los representará.

La coalición Frente de los Trabajadores y Emprendedores, que está conformada por Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores, tendrá dos precandidatos presidenciales.

La persona que representará al Partido de los Trabajadores sería Angélica Sayán, mientras que por Primero la Gente aún se debe definir si competirá Miguel del Castillo o Marco Zevallos.

En la alianza Venceremos, conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo, hay dos precandidatos presidenciales: Vicente Alanoca y el congresista Guillermo Bermejo.

Finalmente, está el Partido Democrático Federal. Virgilio Acuña, hermano de César Acuña, buscará ser el candidato presidencial del partido. En su plancha lo acompañan Alex Hualla, de Arequipa, en la primera vicepresidencia, y Carmen Puluche, de Chiclayo, en la segunda vicepresidencia.

Al principio, se tenía como idea que el Partido Democrático Federal tenga un solo candidato, pero en los últimos días apareció la precandidatura presidencial de un aspirante más. Se trata de Armando Massé Fernández, quien dirigió la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y que se afilió a ese partido en enero de este año.

Armando Massé Fernández, quien dirigió la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), es precandidato del Partido Democrático Federal.

PANTOMIMA

De otro lado, existen al menos 30 partidos que tendrán un candidato único.

Entre ellos están César Acuña (APP), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos), Carlos Espá (Partido Sí Creo) y Paul Jaimes (Progresemos), entre otros.

Renovación Popular tendrá como único candidato a Rafael López Aliaga.

Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta precisó que de las 39 organizaciones políticas, solo el APRA optó por la modalidad de elección directa de sus militantes (primarias cerradas). Sin embargo, Renovación Popular también tendrá dicha modalidad pero debido a una disposición de la ONPE, que lo obligó a ello, al no actualizar su reglamento.

“Las otras 37 harán sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, que es la que permite un control casi total de la elección por parte de la dirección del partido. Si bien 15 precandidaturas (en el APRA) parece un exceso, por lo menos hay competencia”, escribió el exjefe de la ONPE en X.

En el caso del Partido Patriótico del Perú, fuentes de la agrupación indicaron que Herbert Caller será el único precandidato presidencial debido a que “es el único que ha trabajado en el posicionamiento y visibilidad de la agrupación a nivel nacional”.

El partido Cooperación Popular tendría como único candidato al excongresista Yonhy Lescano.

De acuerdo con fuentes de ese partido, existiría un acuerdo político para tener un candidato único.

Por otro lado, está la alianza Fuerza y Libertad, conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna.

En dicha alianza se llegó al acuerdo de tener como única candidata presidencial a Fiorella Molinelli.

Por lo tanto, le corresponde a Batalla Perú designar a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

Por ahora, están los nombres de los militantes José Luis Rivera y María Pariona. Sin embargo, fuentes de Fuerza Moderna sostienen que se trata de impulsar la precandidatura a la primera vicepresidencia del excongresista Gilbert Violeta.

En el caso de esa alianza, serán un promedio de 12 delegados los que voten por la única plancha.

SALUDABLE

Para el experto en temas electorales José Tello, es democrático y saludable tener una pluralidad de candidatos. Sin embargo, dijo que también es evidencia de una fragmentación al interior de la agrupación.

“Lo importante será ver cuál es la movilización de sus elecciones internas, cuántos militantes van a participar”, apuntó.

Tello dijo que entre tener un candidato único o 15, prefiere 15, porque eso demuestra que el partido no es una entelequia, sino un cuerpo vivo de personas.