Ministerio Público reorganiza fiscalías de lavado de activos y crimen organizado

El Ministerio Público realizó cambios en sus áreas más sensibles. La Fiscalía de la Nación dispuso una reorganización en los despachos especializados en lavado de activos y criminalidad organizada, con nuevas designaciones para fortalecer las investigaciones por delitos complejos.

Nueva distribución fiscal

La reorganización contempla modificaciones en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, donde se dieron por concluidas algunas designaciones para posteriormente establecer nuevas asignaciones de fiscales.

Entre los principales movimientos figura la designación del fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Asimismo, la medida incluye cambios en otros despachos especializados. La fiscal Marlleny Paola Morales Yataco fue designada en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, mientras que Angélica María Ccallo Carazas pasó a integrar la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Resolución establece cambios fiscales

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2205-2026-MP-FN, se dispuso dar por concluidas algunas designaciones y nombramientos de fiscales en despachos especializados, para posteriormente realizar nuevas asignaciones dentro del Ministerio Público.

La medida comprende cambios en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, además de modificaciones en fiscalías corporativas penales de Lima Centro.

La encargatura se mantendrá hasta que se emita una nueva disposición, con la finalidad de garantizar la continuidad del trabajo fiscal en dicho despacho especializado.

Nuevos movimientos fiscales

Además, la resolución estableció que Elssie Salette Garavito Chang asuma temporalmente la conducción de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones actuales.

Finalmente, Rosa Elvira Rosales Zaragoza y Raúl Antonio Carbajal Sedano fueron designados en fiscalías corporativas penales del Distrito Fiscal de Lima Centro. Según la resolución, estos cambios forman parte de las atribuciones del Fiscal de la Nación para dirigir la política institucional y fortalecer la función fiscal.

Cabe señalar que esta reestructuración no se limita a una sola norma, ya que mediante las Resoluciones N° 2208, N° 2209 y N° 2210-2026-MP-FN se oficializó también el reemplazo masivo de fiscales provisionales (suplentes) por magistrados titulares. 

Con estas modificaciones, el Ministerio Público busca fortalecer la organización interna de sus fiscalías especializadas y asegurar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alta complejidad. Los cambios forman parte de las acciones institucionales orientadas a mejorar la respuesta fiscal frente a la criminalidad.

Ministerio Público da por concluida la designación del fiscal José Domingo Pérez

El Ministerio Público hizo oficial la salida de José Domingo Pérez de su cargo dentro de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La medida se formalizó mediante una resolución publicada el 9 de junio de 2026.

Esta decisión es el resultado de una orden previa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de evaluar el desempeño de los magistrados en el Perú, que resolvió «no ratificar al abogado José Domingo Pérez Gómez, en el cargo de fiscal provincial».

De acuerdo con la Ley Orgánica de la JNJ, un fiscal que no recibe la ratificación debe dejar sus funciones de manera inmediata. Al haberse certificado la recepción de esta resolución en su casilla electrónica a inicios de abril, la Fiscalía de la Nación concluyó su designación «con eficacia anticipada, a partir del 2 de abril de 2026».

Historial de quejas y denuncias

El documento oficial revela un informe detallado emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre la trayectoria del exfiscal. El reporte señala que Pérez Gómez acumula un total de 98 registros disciplinarios, que se dividen en 81 quejas, 16 denuncias y una queja-denuncia.

Respecto al estado actual de estas investigaciones, el documento precisa que «ochenta y cuatro (84) se encuentran concluidas, una de ellas con imposición de sanción de suspensión; y, catorce (14) en trámite».

Entrega de cargo

Tras la publicación de la norma, se estableció de manera formal que José Domingo Pérez debe hacer la entrega de cargo, así como seguir los lineamientos de seguridad institucional para el Ministerio Público.

Además, las autoridades aclararon que el retiro del exfiscal de sus funciones no detiene los procesos que aún tiene abiertos. Precisaron que la conclusión de su designación se da «sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite».

Piura: Ministerio Público investiga presunto atentado armado de consejero regional contra periodistas

Los periodistas Alejandro Callirgos Rivas, de Panamericana Televisión, y Dayvis Simón Soto Pozo (independiente) denunciaron haber sido víctimas de atentado con arma de fuego y amenazas por parte de Pedro Enrique Alama Farfán, consejero y precandidato al Gobierno Regional de Piura.

En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Callirgos reportó que el incidente se registró el domingo 5 de abril, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la urbanización Miraflores, del distrito de Castilla, mientras retornaban de una cobertura periodística en la ciudad de Chulucanas.

Según relata, se desplazaban en un automóvil particular cuando fueron interceptados por una camioneta de lunas polarizadas, en la que se encontraba el funcionario junto a su agente de seguridad personal, Moisés Torres Concha.

El acta de denuncia verbal, de fecha 6 de abril, indica que Alama Farfán habría bajado la luna del vehículo y, tras proferir la frase «tienen los días contados», realizó un disparo que no llegó a impactar en los agraviados.

Los periodistas acudieron de inmediato a la Comisaría PNP Castilla para reportar el hecho, pero indicaron que no se les recibió la denuncia formal en ese momento, logrando concretarla recién al día siguiente ante la DIVINCRI Piura.

Callirgos señaló que el consejero se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y que el disparo fue dirigido hacia su persona en pleno movimiento.

Por su parte, Pedro Alama Farfán se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales antes del vencimiento del plazo de flagrancia, admitiendo haber realizado un disparo, pero alegando que este fue de carácter «disuasivo y al aire» debido a que se sintió perseguido por dos motocicletas sospechosas. El funcionario entregó su arma de fuego y se sometió a las pericias de ley, mientras que su agente seguridad respaldó la versión de una presunta persecución previa.

Tras analizar los testimonios, el fiscal provincial Jorge Luis Huamanchumo Vásquez, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Piura, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La disposición fiscal subraya que el uso de un arma idónea contra un vehículo en movimiento amerita una investigación exhaustiva y solicita la intervención de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para evaluar el actuar del personal de la Comisaría de Castilla, que habría omitido diligencias urgentes tras la primera comunicación de los agraviados.

Alama hizo una transmisión en vivo la noche del martes 7 de marzo, en que negó los hechos y anunció que presentará una denuncia por calumnia y difamación.

Algunas fuentes locales en Piura, señalan que detrás de este hecho habrían potenciales conflictos de interés, ya que indican que Alejandro Callirgos realiza diversas labores conjuntas con Dayvis Soto, quien trabaja en el Gobierno Regional de Piura (según indica en su perfil de LinkedIn).

En tal sentido, Pedro Alama, actual el precandidato al Gobierno Regional de Piura por Perú Primero, señala que habría un trasfondo político en el hecho denunciado, ya que es públicamente conocido el conflicto que tiene con el actual gobernador regional, Luis Neyra.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP hace una exhortación pública tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como al Ministerio Público para que desarrollen una investigación diligente que determine las responsabilidades y sanciones que corresponden a este hecho.

Asimismo, la ANP es firme al señalar que cualquier controversia o cuestionamiento que recaiga sobre algún periodista o comunicador debe ser canalizada, deliberada y resuelta en las vías ordinarias o jurisdiccionales correspondientes y no mediante el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tal el caso.

Tomás Gálvez alerta que el Ministerio Público podría cerrar oficinas ante falta de presupuesto

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que varias oficinas del Ministerio Público corren el riesgo de cerrar si no se les otorga un mayor presupuesto. El anuncio se realizó durante la ceremonia en la que juró como titular de esta institución.

“Cada despacho del Ministerio Público tiene que realizar el trabajo que corresponde a dos. Eso no es adecuado. Muchos de nuestros fiscales renuncian y ese es un gran problema. Por eso he señalado al presupuesto como el principal problema, porque si no contamos con los recursos necesarios, como reitero, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”, indicó.

En la ceremonia estuvieron presentes otras autoridades, como el presidente José María Balcázar, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y las fiscales Patricia Benavides y Zoraida Ávalos. Durante su intervención, Gálvez comparó la situación presupuestaria de la Fiscalía con la del Poder Judicial.

“El Ministerio Público tiene 9000 fiscales y se le asignan solo 2,870 millones de soles. (…) En el Poder Judicial hay 25,000 trabajadores y 5000 jueces. Nuestra actividad es más costosa; sin embargo, a ellos se les asignan 4500 millones de soles”, señaló.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación, pese a cuestionamientos

Durante su etapa como fiscal interino, la labor de Gálvez ha recibido fuertes cuestionamientos. Las críticas se enfocan principalmente en la desactivación de equipos de investigación considerados clave, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y el grupo encargado de casos relacionados con víctimas de protestas sociales.

En enero, adoptó decisiones que generaron polémica al disponer el archivo de investigaciones importantes. Entre ellas se encuentran el proceso contra la fiscal suprema Patricia Benavides y miembros de la JNJ, así como la indagación contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, que dejaron más de 20 fallecidos. Según las resoluciones emitidas, no se encontraron pruebas suficientes para determinar responsabilidades penales.

En febrero, las controversias persistieron. Gálvez archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también resultó beneficiado con el cierre de una acusación en su contra por presunta organización criminal. A ello se sumaron críticas por no apelar el fallo de la Corte Suprema que descartó declarar ilegal a Fuerza Popular, pese a que el Ministerio Público aún contaba con plazo para hacerlo.

“Es la crisis más grave de su historia”: en abril, el Ministerio Público se quedaría sin presupuesto para sueldos de fiscales, dice Chávez Cotrina

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en diálogo con RPP, advirtió de una «grave crisis» que se vive dentro del Ministerio Público, debido a la falta de presupuesto destinado por el Ejecutivo.

El magistrado indicó que la situación se repite año tras año, pero que, en este 2026, ha llegado a tal nivel que, para el próximo marzo, se deberá prescindir del 50 % del personal de apoyo de la entidad por falta de recursos para pagarles los sueldos.

«Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4 700 trabajadores de función fiscal y administrativos no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo», sostuvo.

«Nosotros tenemos el oficio del señor gerente general [del Ministerio Público], que le ha cursado a todas las presidencias y coordinadores, el 00042-2026 de la Gerencia General, donde claramente nos dice lo siguiente: ‘evaluar y realizar la reducción de los requerimientos concernientes a la contratación del personal en un 50 %’; es decir, el otro 50%, que son 4 700, no van a continuar trabajando en el Ministerio Público por falta de presupuesto», destacó.

Chávez Cotrina recalcó que los recursos de la Fiscalía «solamente alcanzan hasta el mes de marzo, es decir, el mes de marzo a 50 % [del personal] que queda se le va a pagar, y si no nos dan [presupuesto], ya el otro 50 % también va a tener que retirarse».

Pero la imposibilidad del pago de remuneraciones no solo alcanzaría al personal de apoyo, sino que, en abril, tampoco se podría garantizar los sueldos de los fiscales «de todas las jerarquías», a nivel nacional, así como el presupuesto para gastos operativos.

«También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones, independientemente de los otros gastos corrientes que se tiene, como la parte ya operativa de los viáticos, los pasajes, pagar médico legista, pagar criminalística, pagar los arriendos, pagar el tóner, es decir, el Ministerio Público está pasando por la crisis más grave en toda su historia«, afirmó.

¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo ante la demanda de presupuesto?

Según Chávez Cotrina, pese a los pedidos insistentes de presupuesto adicional al Gobierno, aún no ha habido respuesta.

«El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado», expresó.

El fiscal indicó que, pese a la predisposición pública manifestada por el Gobierno de José Jerí para dotar de presupuesto adicional al Ministerio Público, esto nunca se dio. Ante ello, señaló que ya se ha insistido con el actual ministro de Economía del Gobierno de Balcázar.

«Lamentablemente, no [se atendió el pedido con Jerí]. Hubo quizás buenas intenciones, pero la realidad es esta […] Dejar al Ministerio Público sin presupuesto, reducirlo a su mínima expresión, la más perjudicado va a ser la sociedad porque ¿quién persigue el delito?», inquirió Chávez.

«El gerente general nos está sosteniendo que están enviando la documentación, que han pedido cita con el actual ministro. Esperemos que, entre hoy día y mañana, se reúnan para solucionar este problema que es gravísimo. La crisis es grave. Nosotros entendemos que el país está pasando por una grave emergencia por el tema de las lluvias y los huaicos. Lo entendemos, pero también tienen que entender que el crimen está avanzando y no se puede dejar de perseguirlo», añadió.

Finalmente, el fiscal remarcó que su entidad atraviesa «una crisis tan grave que se podría decir que la fiscalía queda inoperativa».

«Yo llamo la atención al ministro de Economía, porque si estamos frente a una ola de crimen como estamos viviendo, no es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales», puntualizó. 

 PNP y Ministerio Público ejecutaron megaoperativo contra remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’: hay 14 detenidos

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial por 15 días de diversos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, entre ellos sus mandos principales y mandos medios, liderados por Erick Moreno.

Como parte de la investigación dirigida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, también se ejecutó una orden de allanamiento con fines de incautación en 23 inmuebles y 12 celdas de cinco penales ubicados en Lima, Cañete y Huaral.

Según las indagaciones, la organización criminal operaba desde el año 2022 y estaría vinculada a delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. El cobro de cupos a negocios formales incluía pagos iniciales de S/ 10 000 a S/ 80 000, además del cobro diario de S/ 1 a S/ 5 a mototaxis y combis.

Otra modalidad identificada habría sido la venta obligada de tarjetas de polladas o chuletadas, utilizada para justificar pagos físicos o bancarios vinculados a las actividades ilícitas.

En la intervención participaron 33 fiscales especializados, con apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Unidad de Seguridad del Estado (USE), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) y otras unidades de la Policía Nacional del Perú.