Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

Patricia Benavides volverá como fiscal suprema al Ministerio Público, luego de que el Poder Judicial anuló su suspensión por 24 meses y en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que anuló su anterior destitución. Lo que ahora falta, de acuerdo con diferentes fuentes judiciales, es definir la fecha y hora para el reingreso de Benavides a la fiscalía y en qué despacho desempeñará sus funciones.

Para esto, deben cumplir tres condiciones. En principio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que precise los alcances jurídicos y constitucionales de su decisión. Luego, a través del Área de Presupuesto del Ministerio Público se debe definir si existen los fondos para pagar su sueldo y los gastos operativos o si ser será necesario realizar un requerimiento adicional al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por último, lo más complicado, es definir el despacho que ocupará. Hasta la fecha, ni Humberto Abanto, abogado de Benavides, ni la misma fiscal restituida saben en cuál de los siete despachos será reincorporada, teniendo en cuenta que los dos únicos disponibles -primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción- registran procesos en su contra. La otra posibilidad es que se convierta en la nueva representante de la fiscalía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La República conversó con el abogado Humberto Abanto, quien aseguró que aún no le han notificado el día ni lugar del retorno de su clienta. «Hubo un pedido de aclaración de la señora Espinoza. (…) Todo dependerá de lo que aclare la Junta Nacional de Justicia», sostuvo.

Delia Espinoza presenta nueva aclaración a la JNJ

El pasado primero de agosto, la fiscal de la Nación presentó un nuevo pedido de aclaración a la JNJ, mediante el oficio N.°270-2025-MP-FN, en el cual solicitó se aclare la interpretación del contenido de la resolución que ordena la restitución de Benavides como fiscal suprema, pues alega que contiene «inconsistencias e irregularidades».

Asimismo, aseguró que la solicitud no constituye un acto de desacato, sino que «se formula con la finalidad de evitar cualquier situación administrativa que pudiera derivar en error o en una ejecución indebida del acto emitido». En ese sentido, solo quedaría esperar la respuesta de la Junta para poder saber la designación del despacho y cómo resuelve el área de presupuesto del Ministerio Público para pagar el sueldo de Benavides.

Obstáculos para el retorno de Patricia Benavides

El Ministerio Público dispone de siete despachos, de los cuales cinco están ocupados por fiscales supremos: Delia Espinoza (fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos), Pablo Sánchez (Primera Fiscalía Suprema en lo Penal), Zoraida Ávalos (Segunda Suprema en lo Penal), Juan Carlos Villena (Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos) y Tomás Gálvez (Fiscalía Suprema de Familia).

Los dos despachos que quedan disponibles son la primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, pero ambas tienen procesos contra Benavides -caso Los Cuellos Blanco del Puerto y caso Enma Benavides, hermana de Patricia-, lo que impediría su designación por conflicto de intereses. En esa línea, la opción viable sería trasladar a uno de los fiscales de los otros despachos a un nuevo cargo, para poder ubicar allí a Benavides Vargas, o designarla como representante en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre esta última alternativa Delia Espinoza se pronunció.

«Hay una preocupación. ¿En qué ámbito? Actualmente, tenemos varias carpetas en trámite aún por esa presunta organización criminal que habría liderado la señora Benavides, pero ya hay seis denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso con elementos de convicción muy fuertes», indicó. Seguidamente, agregó que dicha preocupación deberá ser resuelta en la Fiscalía, donde se evaluará si colocar a Benavides en la JNE sería saludable para ambas instituciones.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Delia Espinoza anunció que se encuentra a la espera de que el área de presupuesto del Ministerio Público confirme si se cuenta con los recursos necesarios para «sustentar un eventual retorno de la señora Benavides».

Como se sabe, de acuerdo con la Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el Ministerio Público tiene asignado un presupuesto de S/2.921 millones. Sin embargo, Espinoza ha señalado que existe una brecha de S/12.484 millones, lo que indica una insuficiencia para cubrir todas las necesidades operativas de la institución, por lo que no se contaría con el presupuesto para pagar el sueldo de la investigada Patricia Benavides.

También, aclaró que si bien este año su gestión transformó las dos Fiscalías Supremas Transitorias Especializadas en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en Fiscalías Supremas Permanentes, esto no habría influenciado en el presupuesto aprobado por el Congreso y el Ejecutivo.

JNJ se pronuncia sobre pedido de aclaración de Delia Espinioza

La Junta Nacional de Justicia ratificó su posición a favor de la reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público. En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el organismo detalló que la sanción de suspensión de 60 días calendario aplicada a Benavides ya había sido cumplida conforme a lo dispuesto judicialmente. En el documento, la directora de procedimientos disciplinarios confirmó la conclusión de la sanción el 31 de julio, destacando que, por tanto, no existen razones legales para impedir su retorno al cargo de fiscal suprema.

MTC inicia demolición del puente Chancay tras recibir autorización del Ministerio Público

A casi cinco meses de su colapso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició esta tarde con los trabajos de demolición del puente Chancay, tras recibir la autorización del Ministerio Público.

Es importante señalar que, el titular del sector, César Sandoval, mencionó que las labores durarán entre 8 a 10 días. Del mismo modo, aseguró que el 15 de julio se restablecerá completamente el tránsito vehicular, gracias a la instalación de dos puentes modulares.

Trabajos realizados 

Como parte de sus primeras acciones, el MTC comunicó que esta tarde se iniciaron las labores de demolición de la losa en la zona sur del puente, utilizando excavadoras y martillos hidráulicos para garantizar un avance seguro y técnico.

Asimismo, en la mañana se ejecutaron los desvíos provisionales del cauce del río y se habilitaron las plataformas para ubicar adecuadamente las maquinarias, entre las que se incluyen, retroexcavadorasmartillos hidráulicos y equipos de oxicorte.

Es importante mencionar que, los trabajos se realizarán de forma progresiva, de sur a norte. Esta obra será en favor de 14 000 vehículos, entre transporte de cargaómnibus autos particulares, beneficiando también a miles de ciudadanos que utilizan diariamente la Panamericana Norte.

Los motivos del colapso del Puente Chancay 

En marzo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) concluyó en su informe que el colapso del Puente Chancay, el cual dejara dos personas fallecidas y varios heridos, fue ocasionado por fallas estructurales de origen.

El informe de Ositrán detalla que el diseño del Puente Chancay no cumplía con las condiciones establecidas en el Manual de Hidrología e Hidráulica. Los especialistas indicaron que se construyó sobre una curva del cauce del río Chancay, lo que aumentaba el riesgo de fallos estructurales, especialmente en condiciones climáticas extremas.

En esa misma línea, el oficio precisa que la estructura presentaba fallas desde su construcción, la cual desencadenó en su colapso. Ante esta situación, el informe de Ositrán fue remitido a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral.

De esta manera, el puente Chancay estará totalmente operativo a quincena de este mes. 

Abogado de Martin Vizcarra rechaza pedido de prisión preventiva: «Nos parece una medida desesperada del Ministerio Público»

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, calificó este miércoles como una «medida desesperada» el requerimiento de la Fiscalía de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente. 

«Esto nos parece una medida desesperada del Ministerio Público. El lunes solicitaron que se realicen más sesiones de audiencia de juicio oral en la semana y le fue negada. Nuestro perito de parte desbarató la hipótesis fiscal y en cierta medida probó que la colaboración eficaz a favor de la empresa Obrainsa que acordó con el representante del Ministerio Público, el señor Germán Juárez Atoche, se sustentó en una información falsa», expresó en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.

Siccha dijo confiar en que el juez a revisar este pedido hará una buena observación de los argumentos que presentarán. En ese sentido aseguró que el expresidente en estos momentos trabaja para una empresa constructora desde abril. 

«Martín Vizcarra tiene arraigo familiar, domiciliario y en el arraigo laboral, él labora para el partido político Perú Primero como para una empresa constructora que mañana justamente vamos a presentar los documentos para legalizarlo», indicó.

El abogado del expresidente criticó las intenciones de la Fiscalía contra su cliente y lamentó que tenga opiniones sesgadas.

«Siempre el Ministerio Público, su mensaje es sesgado. Ha sido que el señor Martín Vizcarra se va a fugar, pero los hechos, durante todo este tiempo, han demostrado lo contrario: Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales», sostuvo. 

Martín Vizcarra es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado por los casos ‘Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua’. 

Pedido se verá este jueves

El Poder Judicial verá este jueves la audiencia de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra desde las 5.00 p. m. Esta audiencia debió verse hoy, pero el expresidente se encuentra en Tarapoto y es necesario su asistencia de manera presencial.

La defensa de Vizcarra Cornejo había solicitado que la reprogramación se extienda hasta el viernes. Sin embargo, el juz Víctor Alcocer Acosta decidió que la sesión se retomará mañana.

Por su parte, el expresidente calificó de “mamarracho” el requerimiento del fiscal Germán Suárez Atoche y dijo no temer ante una posible prisión preventiva por seis meses.

“No tengo temor, el juez verá que, y lo digo con respeto, es un mamarracho el pedido de prisión preventiva que ha presentado Juárez Atoche, porque no tiene sustento. Mañana estaré puntual…”, alegó.

Crisis en el Ministerio Público: PNP aclara que no ha reconocido a persona alguna como fiscal de la Nación

Luego de la polémica generada en las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) negó que haya «reconocido» a Delia Espinoza o Patricia Benavides como fiscal de la Nación, puesto que, no está en sus competencias y funciones, según ley. 

A través de un comunicado emitido esta noche, la institución aclaró que brinda su resguardo a ambas fiscales supremas «en estricto respeto al orden democrático» y que la información difundida a tempranas horas del día corresponde a una solicitud atendida, conforme a la normativa vigente. 

Protección fue en cumplimiento del fallo de la JNJ

A manera de descargo ante un «favoritismo» o «reconocimiento» al interior del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú puntualizó que en el transcurso de la semana recibió un requerimiento de seguridad en favor de Patricia Benavides Vargas, en el marco del fallo emitido por la Junta Nacional de Justicia. 

Dicha solicitud fue atendida y ejecutada por la institución policial, otorgándole el resguardo que amerita por ser reconocida como titular de la Fiscalía de la Nación y en cumplimiento «al respeto de la ley y a las instituciones». 

«No puede prevalecer el desorden el desorden ni la pugna de intereses sobre el orden constitucional. El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad», cita su misiva. 

Crisis lleva más de una semana

La crisis institucional lleva nueve días. El pasado viernes 13 de junio, la Junta Nacional de Justicia aprobó la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, fallo considerado «inconstitucional» desde el interior del Ministerio Público. 

El lunes 16 del presente mes, Benavides Vargas y sus abogados asistieron a la sede de la Fiscalía de la Nación con el objetivo de asumir funciones; no obstante, no fue recibida por Delia Espinoza, titular de la institución en funciones y nombrada en el cargo por la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado. 

La fiscal Espinoza denunció penalmente a su colega por los presuntos delitos de usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública. La defensa de Benavides Vargas solicitó el apartamiento de Delia Espinoza en el marco de las investigaciones que le sigue a la restituida fiscal, todo en medio de una serie de denuncias constitucionales contra ambas y a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos y de la JNJ. 

De esta manera, la PNP niega un «reconocimiento de cargo» a ambas fiscales supremas. 

Perú Libre aprovecha crisis por caso Patricia Benavides y propone ley para reorganizar el Ministerio Público

El congresista de la bancada Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que busca reorganizar por completo el Ministerio Público mediante una reforma constitucional. En medio de la tensión institucional provocada por el intento de retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, la propuesta busca declarar en emergencia esta institución durante seis meses y plantea la remoción de todos los fiscales supremos, tanto titulares como provisionales.

En el documento se plantea que, durante dicho periodo de emergencia, sea la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la encargada de nombrar, mediante concurso público, a los nuevos integrantes de una ‘Junta Transitoria de Fiscales Supremos’. Este nuevo grupo de siete miembros tendría la responsabilidad de elegir a un Fiscal de la Nación Transitorio y de elaborar, dentro del plazo de seis meses, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y otra sobre la Carrera Fiscal. Durante ese tiempo, el Ministerio Público funcionaría bajo esta estructura provisional.

El proyecto se presenta en un contexto marcado por el enfrentamiento entre el Ministerio Público y la JNJ, junto a sectores de poder, que promueven el retorno de Patricia Benavides al puesto de fiscal de la Nación. La propuesta de Perú Libre aparece como un intento de capitalizar la crisis fiscal para promover una reforma de fondo con control político desde el Congreso.

Defensoría del Pueblo también busca reorganizar el Ministerio Público

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, presentó, el pasado 16 de junio, dos proyectos de ley ante el Congreso los cuales plantean que las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como las Autoridades Nacionales de Control (ANC), queden adscritas a la supervisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa indica que la intención oficial sería “fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” tanto en la carrera fiscal como en la judicial, con el fin de mejorar la administración de justicia. Para ello se propone modificar las leyes orgánicas correspondientes, precisando que estas ANC sean consideradas “organismos adscritos a la JNJ” y se incorporen también aspectos como autonomía financiera y personería jurídica.

Además, establecería que la JNJ tenga la capacidad de convocar concursos públicos en un plazo de 90 días para designar a los fiscales de control que integrarán las ANC. La Academia de la Magistratura sería responsable de capacitar a los aspirantes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la JNJ deberá definir los instrumentos de gestión de dichos concurso.

La presentación de este PL por parte de Josué Gutiérrez no es casual, y se dio el mismo día en que Patricia Benavides intentó retomar su cargo de fiscal de la Nación tras la resolución ilegítima de la JNJ. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez ha expresado su apoyo a Patricia Benavides. «Ante la crisis institucional, la Defensoría del Pueblo exhorta para que la Junta de Fiscales Supremos pueda hoy resolver y ejecutar la resolución de la JNJ», dijo.

Crisis en el Ministerio Público: Defensor del Pueblo recalca la Junta de Fiscales Supremos es quien nombra a la fiscal de la Nación

En medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió sobre el último pronunciamiento emitido por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Como es de conocimiento, esta tarde, la JFS hizo una cronología sobre el proceso de destitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación y la designación del cargo sobre Delia Espinoza, en cumplimiento del Art. 158 de la Constitución.

Respalda decisión de la JFS

En entrevista en «Informamos y Opinamos», Josué Gutiérrez, no se mostró en línea por lo resuelto por la Junta Nacional de Justicia, señalando que tiene la potestad para elegir al titular del Ministerio Público.

«Consideramos nosotros como Defensoría que es a la Junta de Fiscales Supremos. Como la Junta de Fiscales Supremos ya tomó una decisión en un pronunciamiento, seguramente en las próximas horas o mañana, harán público del acta, de su acuerdo oficial», sostuvo.   

En esa línea mencionó, que, respetando lo que ordena la Carta Magna, su institución no se mostró a favor ni de Patricia Benavides ni Delia Espinoza, puesto que, en este caso en específico, el «ente constitucional» es quien tiene que pronunciarse, en clara referencia a la JFS. 

Fiscales supremas debieron llamar al diálogo 

Sobre los últimos incidentes ocurridos en la sede del Ministerio Público por la pugna de su liderazgo, el defensor del Pueblo mencionó que lo más sensato hubiera sido que ambas fiscales supremas llamen al diálogo, a fin de convocar a la JFS, a fin de evitar toda la polémica desarrollada en las últimas 48 horas. 

Su apreciación fue sobre el análisis al fallo de la JNJ. A su parecer, este organismo debió delegar en última instancia a la JFS del Ministerio Público y no reponer directamente a Benavides Vargas como fiscal de la Nación, habiendo otra en ejercicio.

En ese sentido, aseveró que la Junta de Fiscales Supremos es quien asume dicha función y que, lo mejor que puede pasar, es que lo sustentado jurídicamente se refleje en el acta que avala en el cargo a Delia Espinoza.

De esta manera, el titular de la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las disputas entre ambas fiscales supremas.