Las empresas mineras formales contribuyen con la ejecución de obras públicas a través de la transferencia de canon y regalías mineras. Sin embargo, la falta de gestión por parte de los gobiernos locales provoca que millonarios presupuestos sean aprovechados de manera adecuada.

La minería formal contribuye con la recaudación fiscal a nivel nacional, lo cual permite mayor inversión en obras y programas públicos que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Si bien los gobiernos locales son los que concentran altos presupuestos de inversión pública, la pésima gestión de las autoridades provoca que millonarias sumas de dinero retornen a las arcas públicas todos los años. Un ejemplo de ello es la provincia de Huari, en Ancash, donde se encuentra la mina polimetálica Huincush (principalmente de cobre) de Antamina.

Según el MEF, ésta cuenta con un presupuesto aproximado de S/ 1,375 millones en 2024, 11 veces más que el promedio de las demás provincias del departamento. Para inversión pública, esta provincia posee un fondo de S/1,227,257,861 y el 98% de este monto proviene del canon minero. Pese a ello, solo se ejecutó el 24.30% hasta julio de este año.

Una situación similar se repite en Arequipa. Esta provincia tiene un presupuesto de S/ 1,681 millones, 11.5 veces más frente a las demás provincias de la región y todo gracias a la mina Cerro Verde. Sin embargo, solo ejecutó el 58% del total de su presupuesto para inversión de (S/991,087,689). El 82% de este fondo proviene del canon minero.

La provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, también posee un millonario presupuesto de S/568 millones, 4 veces más que las demás provincias del departamento, gracias a la mina Quellaveco, de Anglo American.

El 95% de su presupuesto para inversión proviene del canon minero, pero a la fecha solo ejecutó el 34.2% de S/481,994,495. En Cotabambas, en Apurímac, ocurre exactamente lo mismo, pues cuenta con un presupuesto de más de S/354 millones (2.8 veces más que el resto de provincias de la región) gracias a la mina Las Bambas. Para inversión se destinó S/289,959,139, siendo el 46% proveniente del canon minero. Pese a ello, solo se utilizó el 41.1%.

Según la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, “estamos dejando en manos de los gobiernos locales casi toda la infraestructura del país. Dinero hay, pero ¿lo pueden hacer bien?”. Aproximadamente, el 70% del dinero (en términos de recursos) es gestionado por gobiernos locales, esto corresponde a casi toda la infraestructura nacional. ¿Se está ejecutando correctamente este dinero?