El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se encuentra en el centro de la polémica luego de revelarse que fue sancionado por el Indecopi por incumplir sus deberes como abogado.
De acuerdo a la resolución del organismo, no entregó recibos por honorarios, no presentó denuncia penal que se había acordado y tampoco devolvió los US$ 3,500 que le entregó Sergio Castro, su cliente en 2021.
Cuarto Poder reveló que la resolución fue confirmada en agosto de 2024, en la que se impuso una multa superior a los S/ 16,000. No obstante, esta recién fue pagada en agosto de 2025, un mes después de que Paredes fuese nombrado como jefe del INPE.
El denunciante presentó como pruebas mensajes de WhatsApp, cartas notariales y una transferencia bancaria realizada desde la cuenta de su hermano a la de Paredes. A pesar de que el jefe de la institución penitenciaria aseguró que el dinero fue entregado en efectivo, Indecopi admitió como fuente probatoria el voucher de la transferencia, así como los chats en los que se coordinaban servicios legales que no se cumplieron.
Paredes negó las acusaciones y presentó sus descargos. No obstante, el documento oficial demuestra que el ahora jefe del Inpe reconoció haber recibido el dinero de su cliente y no haber emitido un comprobante de pago. Asimismo, además de que el caso ya figuraba en el Registro de Infracciones de Indecopi, fue nombrado como presidente del INPE, mientras mantenía vigente la sanción.
Denunciante tiene temor
Sergio Castro, el denunciante, aseguró temer de represalias debido al alto cargo que ocupa Paredes Yataco. En ese sentido, evitó dar más declaraciones frente a cámaras, pero ratifició la denuncia vía telefóncia a Cuarto Poder. En ese sentido, señaló sentirse frustrado por la falta de respuesta durante años.
El denunciante también entregó capturas de mensajes en los que exigía que se le devuelva el dinero, reclamos que fueron respondidos con evasivas y hasta amenazas.
De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, se intentó ubicar sin éxito al jefe del INPE en su centro de labores. El vigilante de la institución aseguró que la autoridad abandonó el edificio a las 11:30 de la mañana y no volvió durante la jornada laboral. Tampoco contestó llamadas.
Otra denuncia
El funcionario también ha sido sindicado de incurrir en presunto tráfico de influencias y cobro de sobornos. Audios difundidos por Cuarto Poder lo vinculan con el cobro de S/80,000 a la familia de un expolicía condenado por secuestro, a cambio de gestionar su liberación.
En las grabaciones, una voz atribuida a Paredes ofrece devolver el dinero en partes y entregar un reloj como garantía. La denunciante, Adela Huamancusi, presentó más de 10 audios, chats y fotografías como prueba ante la Fiscalía Anticorrupción.
Paredes ha negado ser la voz en los audios y afirma que los hechos ocurrieron en 2018, cuando aún era abogado privado.
La Fiscalía ha solicitado una pericia fonética forense para verificar la autenticidad de los audios. El funcionario no ha asistido a las citaciones fiscales, según la defensa de la denunciante.
Un hombre de 24 años, identificado como Jandel Daniel Ruiz Barrantes, fue detenido en Arequipa luego de ser denunciado por los propietarios del hotel llamado El Refugio, en el distrito de Alto Cayma, quienes lo acusan de haberlos estafado en dos ocasiones mediante el uso de supuestos comprobantes falsos de pago realizados a través de la aplicación Yape.
Según la denuncia, el joven mostró capturas de pantalla como presunta prueba de transferencia, pero el dinero nunca llegó a la cuenta del establecimiento.
Fue detenido tras ser reconocido por la recepcionista
Ruiz Barrantes ocupó la habitación 301 durante dos noches, ingresando el 4 de noviembre alrededor de las 7 p. m. y permaneciendo hasta la medianoche del día siguiente. La recepcionista confió en las imágenes que el joven le presentaba como prueba del depósito, hasta que verificó que los montos no coincidían.
El 5 de noviembre, la trabajadora reconoció al denunciado cerca del cruce de la avenida Francisco Bolognesi, en Alto Cayma, y alertó a la propietaria del hotel, quien a su vez dio aviso al serenazgo y a la Policía Nacional. Tras una intervención conjunta, el joven fue detenido.
Un violento altercado entre el fiscal provincial de Casma, Erick Segura Benavides, y el abogado Pedro Alva fue registrado por cámaras de seguridad en un bar del distrito de Casma, región Áncash.
El incidente ocurrió la noche del miércoles en el local Otilia Coffee Bar & Boutique, ubicado en la avenida Lima. Según los primeros reportes, ambos hombres se enfrentaron usando botellas como armas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP).
De acuerdo con los testigos, la discusión comenzó tras el consumo de bebidas alcohólicas y se tornó violenta minutos después. Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, el fiscal Segura aseguró que el abogado lo insultó, mientras que el propietario del local señaló que fue el fiscal quien inició la agresión.
El video revela golpes y botellazos
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al fiscal, vestido con un polo blanco, golpeando con el puño al abogado, quien intentó defenderse con una botella. Un tercer hombre intervino para separarlos, mientras las mujeres presentes se alejaban del lugar por temor a resultar heridas.
En el video se observa cómo el fiscal rompe una botella y golpea en la cabeza a su adversario en más de una ocasión. También se aprecia el momento en que lanza dos botellas, una de las cuales impacta directamente contra el abogado.
El propietario del bar, Alan Bonilla Álvarez, declaró a RADIO RSD que su personal lo alertó por el tono elevado de la conversación y por los insultos que el fiscal dirigía al abogado.
Bonilla afirmó que Segura se encontraba fuera de control y que fue necesario intervenir para evitar una tragedia. Según su testimonio, el abogado sufrió lesiones en los ojos, la nariz y la nuca producto de los golpes recibidos.
Investigación y medidas disciplinarias
Tras el violento enfrentamiento, la Policía Nacional trasladó a ambos involucrados a la Comisaría de Casma para continuar con las diligencias correspondientes.
El dueño del local precisó que el fiscal se resistió al arresto, intentó huir y adoptó una actitud desafiante, aunque fue finalmente reducido por los agentes.
Durante la intervención policial, registrada también en video, se escucha al fiscal decir: «¡Tú me has ofendido!«, mientras el abogado responde: «¡Tú me has querido matar!«. El intercambio verbal evidenció la tensión del momento y la gravedad del enfrentamiento.
Ante la polémica, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa emitió un comunicado informando que el caso fue remitido a la Autoridad Desconcentrada de Control del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes. Asimismo, aclaró que el incidente ocurrió fuera del horario laboral del magistrado.
Paralelamente, el fiscal Edwin Ramos Herrera, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de lesiones y daños. El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes si se confirman responsabilidades.
En 1950 el planeta generaba dos millones de toneladas de plástico al año. Hoy, más de 400 millones. Y si la tendencia continúa, en 2050 produciremos 800 millones. Estos son algunos de los datos que presenta el personaje principal de “Las anatomías del plástico”, la más reciente obra del escritor peruano José Carlos Contreras Azaña, que invita a reflexionar sobre la magnitud del problema ambiental que hemos creado.
Será presentado el próximo 21 de noviembresu libro, en Karlsruhe, ciudad alemana reconocida por su legado científico e industrial. La actividad es organizada por la Volkshochschule (Universidad Comunitaria) de esa localidad y contará con la participación musical de la pianista japonesa Maho Kaneko.
El libro, que ya fue presentado en la Feria del Libro de Fráncfort, la más importante del mundo, aborda el impacto del consumo masivo de plástico sobre la salud humana y el medioambiente. A través de relatos literarios, Contreras invita a reflexionar sobre las consecuencias invisibles de un material que se infiltra en los ecosistemas y en la vida cotidiana.
“Las anatomías del plástico” forma parte de una serie de obras donde el autor explora las crisis contemporáneas, entre ellas “Las anatomías del agua” y “La anatomía de los algoritmos”. Su trabajo ha sido presentado en espacios destacados como la Casa de la Literatura Peruana, la Biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona y la Feria de Fráncfort.
En el Perú, cada año se generan más de un millón de toneladas de residuos plásticos, de las cuales solo el 9 % logra reciclarse, mientrascasi la mitad termina siendo gestionada de manera inadecuada. Solo en Lima Metropolitana y el Callaose producen 886 toneladas diarias, concentrando el 46 % de los desechos plásticos del país, según datos del Ministerio del Ambiente y WWF Perú.
Contreras Azaña, quien obtuvo el segundo lugar del Premio José Gálvez Barrenechea y una mención honrosa en el Premio Poeta Joven del Perú, continúa consolidándose como una de las voces peruanas más activas en el panorama literario internacional.
Keyis Belén González Astudillo, la madre de Christian Brayan Orellana Curi, alias ‘Maldito Cris’, abatido durante un operativo en 2023, y presunto integrante del Tren de Aragua, ha acusado públicamente al coronel PNP Víctor Revoredo por haber intentado sobornarla a cambio de obtener información sobre Wanda del Valle, expareja de su hijo.
Según su declaración, el oficial le habría ofrecido dinero y beneficios a cambio de colaboración. «(El motivo era) que le entregara a Wanda o si no me quitaría el niño y lo llevaría a un reformatorio (…) pero el coronel me ofrecía dinero que le entregara a Wanda”, indicó la mujer durante la audiencia relacionada con los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato por los cuales es procesada Del Valle, apodada ‘La bebecita del crimen’.
Keyis González admite no tener pruebas contra coronel PNP
Durante la diligencia, coordinada por la fiscal Gabriela Pascual, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, la madre de Christian Brayan confirmó que no tiene manera de probar los ofrecimientos. “No tengo cómo corroborarlo porque en el momento no podía grabarlo ni tenía mi teléfono, pero me amedrentó bastante en el departamento donde vivía. Incluso en ocasiones me dijo que se lo entregara y solo ella iba a pasar nueve meses detenida”, agregó.
González Astudillo fue detenida durante la noche de Halloween en un operativo realizado dentro de una discoteca de San Martín de Porres. En el lugar, también se capturaron a 13 sujetos vinculados a la organización criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’, dedicada a la explotación sexual y tráfico de drogas. Producto del operativo, se incautaron municiones, un arma y droga. Además, se rescató a 68 víctimas (entre ellas, dos menores de edad).
Caso Wanda del Valle: testigo revela coacción
Las contradicciones y acusaciones Víctor Revoredo continúan. Según la declaración de Luis Castaño Flores, uno de los testigos clave en el caso contra Wanda del Valle Bermúdez, acusada de ser la autora intelectual del atentado contra el coronel PNP, este habría cambiado su versión y confesado haber sido presionado para declarar en contra de la conocida como la ‘Bebecita del crimen’.
Durante el juicio oral, Castaño aseguró ante el tribunal que su testimonio inicial fue obtenido bajo coacción y señaló directamente al coronel Revoredo y a dos capitanes de la PNP como responsables. “Yo me sentía coaccionado, me sentía presionado al responder”, manifestó, según informó Latina Noticias.
El proceso judicial contra Del Valle Bermúdez comenzó en 2023. La acusada fue capturada en Colombia y posteriormente extraditada al Perú en diciembre del año pasado. Es investigada por su presunta participación en el cobro de extorsiones a comerciantes, el tráfico y distribución de armas, la coordinación con sicarios y su implicación en redes de trata de personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas en distintos países de la región.
Estaba previsto que el miércoles 24 de junio de 2026 abandonaría para siempre la Base Naval del Callao, después de purgar 25 años de prisión. Creía que entonces terminaría de pagar los brutales crímenes que había perpetrado junto con Alberto Fujimori durante una década de gobierno. Pero Vladimiro Montesinos Torres recién dejará la cárcel el jueves 21 de agosto de 2031. Se quedará encerrado cinco años más de lo que se pensaba. Tres meses después de celebrar 86 años de edad (el 20 de mayo).
Debe responder por el secuestro, tortura y homicidio de Santiago Gómez Palomino, de 27 años, un evangélico de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, falsamente acusado de terrorista por el Destacamento Colina. Esta organización criminal compuesta por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), operó bajo el patrocinio y las órdenes de Fujimori y Montesinos entre 1991 y 1992, aplicando una estrategia basada en el asesinato selectivo de presuntos miembros de Sendero Luminoso. Santiago Gómez Palomino fue la víctima número 55 de la banda de militares fujimoristas.
Es el menos conocido de los asesinados por el Destacamento Colina porque durante mucho tiempo Gómez estuvo en condición de desaparecido. En la madrugada del 9 de julio de 1992 fue secuestrado por un grupo encabezado por el mayor EP Santiago Martin Rivas. Lo condujeron hasta la playa La Chira, en Chorrillos, no muy lejos de donde vivía con su pareja en estado de gestación, en el asentamiento humano San Genaro, en el mismo distrito. Querían que confesara dónde ocultaba el armamento de una célula senderista. No era verdad. Para que no quedara en evidencia la incompetencia del grupo militar que actuaba bajo autorización de Fujimori y Montesinos, mataron con tiros en la cabeza a Santiago Gómez Palomino, quien hasta el último suspiro negó ser terrorista debido a su confesión evangélica israelita. No les importó.
El silencio cómplice duró hasta el jueves 6 de diciembre de 2001 cuando uno de los criminales se acogió a la colaboración eficaz y lo contó todo, incluyendo la ubicación de la tumba clandestina. La información permitió que la madre de Gómez, Victoria Palomino Buitrón, y su hermana, María Gómez Palomino, iniciaran las acciones legales para recuperar los restos y castigar a los responsables. El cargo lo asumió la abogada Gloria Cano Legua, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), logrando la sentencia condenatoria.
Una muerte que superó el silencio
El viernes 25 de mayo de 2012, casi 20 años después del homicidio, y luego de varios intentos, la fiscalía encontró lo que quedaba del cuerpo de Santiago Gómez Palomino. El suboficial FAP (r) Julio Yataco Lavalle aceptó haber proporcionado a los criminales la información sobre Gómez y de haberlos guiado hasta la casa de quien llamaban “El evangelista”. El testigo dijo que obligaron a Gómez a cavar su propia tumba y Santiago Martin ordenó eliminarlo. Los forenses confirmaron que los restos pertenecían al evangélico israelita desaparecido, y que había recibido balazos mortales en la cabeza, de arriba hacia abajo. Lo habían obligado a arrodillarse.
La ejecución de Santiago Gómez Palomino se produjo entre el asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante y seis miembros de la familia Ventocilla, en el Norte Chico, el 24 de junio de 1992, y la matanza de La Cantuta, el 18 de julio del mismo año. Los homicidios del Destacamento Colina no hicieron ningún daño a Sendero Luminoso simplemente porque las víctimas no eran terroristas. Pero Santiago Martin y sus secuaces necesitaban presentar resultados a sus superiores del Ejército y del gobierno de Fujimori y Montesinos. Asesinaron a Santiago Gómez Palomino y lo reportaron como un terrorista en cuya vivienda se reunían los miembros de un “comando de aniquilamiento” que actuaba en el sur de Lima y que guardaba el armamento y dinamita en la misma vivienda. Todo era completamente falso.
El 18 de diciembre de 2017 se dictó la primera sentencia para Vladimiro Montesinos y sus cómplices: 20 años de prisión por desaparición forzada y homicidio calificado. Desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. El exasesor peleó hasta la Corte Suprema arguyendo que ya había cumplido los 20 años por la ejecución de Santiago Gómez Palomino, porque el 24 de junio de 2026 completaba los 25 años por la matanza de La Cantuta. Pero el colegiado rechazó la nulidad que interpuso y precisó: “La pena privativa de la libertad del imputado Vladimiro Montesinos Torres vencerá el 21 de agosto de 2031”. La decisión fue tomada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el ocho de julio de 2021.
En la resolución judicial se destaca que varios exintegrantes del Destacamento Colina, además de la confesión de Julio Yataco Lavalle, aceptaron haber participado en el crimen de Santiago Gómez Palomino.
José Alarcón Gonzáles y Héctor Gamarra Mamani declararon que el día del asesinato, el 9 de julio de 1992, les avisaron para reunirse en “La Ferretería”, la casa del agente Nelson Carbajal García, donde el Destacamento Colina tenía a disposición un arsenal. En lugar encontraron a Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, donde recibieron instrucciones sobre el operativo para detener a Santiago Gómez Palomino, “El evangelista”. Los agentes Hugo Coral Goycochea, Jorge Ortíz Mantas, Ángel Sauñi Pomaya y Julio Chuqui Aguirre, entre otros, corroboraron los hechos en el proceso judicial.
La sentencia definitiva
Después de 159 sesiones de audiencia, se determinó judicialmente que Santiago Martin y Carlos Pichilingüe no actuaron por su cuenta sino por mandato de sus jefes cuando decidieron secuestrar, torturar y quitarle la vida a Santiago Gómez Palomino.
Dice la sentencia: “La afirmación de que los procesados Martin Rivas y Pichilingüe Guevara formaron parte del Destacamento de inteligencia Colina, y recibieron órdenes superiores para la ejecución de un plan debidamente concertado, así como haber ordenado a los agentes de inteligencia la vigilancia e incursión en el domicilio de Gómez Palomino, se encuentra sustentada en la prueba actuada en el plenario, que da cuenta que desde el momento en el que el acusado (general EP Juan Rivero Lazo se hizo cargo de la DINTE (Dirección de Inteligencia del Ejército, en 1991), tuvo directa coordinación con los también coacusado (el jefe nominal del Servicio Nacional de Inteligencia, SIN, general EP Julio Salazar Monroe y (el asesor presidencial) Vladimiro Montesinos, para llevar a cabo coordinaciones de inteligencia”.
Por lo que se determinó que Vladimiro Montesinos, y sus cómplices, Juan Rivero Lazo, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara completarían la sanción de 20 años de carcelería por el homicidio de Santiago Gómez Palomino, el 21 de agosto de 2031. Pero no son los únicos. Los ejecutores recibieron otras penas.
En las redes sociales circulan versiones falsas sobre la próxima excarcelación de Vladimiro Montesinos, ignorando alevemente que cuenta con una sentencia condenatoria que prolongará cinco años más su estadía en la Base Naval del Callao.
Incluso el exasesor de Fujimori es presentado casi como un “héroe” de la lucha contra el terrorismo, cuando lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema evidencia que su estrategia de eliminación selectiva de presuntos senderistas fue un completo fracaso. Los 55 asesinatos extrajudiciales, entre cuyas víctimas de encuentra Santiago Gómez Palomino, prueban que nunca funcionaron sus “planes de inteligencia”. Y que por eso pagará prisión hasta el jueves 21 de agosto de 2031.
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