En un amplio operativo conjunto entre la División de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de Tumbes, allanó de manera simultánea las viviendas de ocho funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes, como parte de una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, colusión agravada y lavado de activos.
Las intervenciones, que comenzaron desde las primeras horas de la madrugada, se realizan en distintos puntos de la ciudad, incluyendo los sectores Andrés Araujo Morán, La Cruz, Pampa Grande y el centro de Tumbes. El operativo cuenta con el apoyo de fiscales especializados en crimen organizado y personal de inteligencia proveniente de Lima.
Operativo en marcha. Fuentes policiales confirmaron que entre los inmuebles intervenidos figura la vivienda del asesor legal del Gobierno Regional, Nick Rojas Prescott, así como la de otros servidores que habrían tenido participación en procesos de contratación y adjudicación de obras públicas durante la actual gestión.
Agentes de la DIVIAC, provistos de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, incautaron documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos, con el fin de identificar posibles vínculos financieros y patrimoniales irregulares.
De acuerdo con información preliminar, la pesquisa se originó tras un informe de inteligencia que alertó sobre movimientos bancarios sospechosos y adquisiciones de bienes inmuebles que no corresponderían con los ingresos declarados por algunos funcionarios.
La fiscalía pone el foco en la gestión regional. El Ministerio Público mantiene hermetismo sobre la identidad de todos los investigados, aunque trascendió que se trataría de funcionarios de confianza del actual gobernador regional, algunos de los cuales se desempeñan en áreas estratégicas como asesoría jurídica, administración y logística.
La investigación busca determinar si existió concertación indebida en licitaciones y contratos de servicios, además de posibles maniobras para ocultar dinero de procedencia ilícita mediante empresas de fachada y testaferros.
El operativo policial generó expectación entre los vecinos de los barrios intervenidos. Desde tempranas horas, varias calles fueron cerradas mientras los agentes ingresaban a las viviendas en presencia de representantes del Ministerio Público. En algunos casos, las diligencias se extendieron por más de tres horas.
A través de fuentes extraoficiales se conoció que el operativo forma parte de una investigación nacional contra redes de corrupción en gobiernos regionales, por lo que no se descarta que las diligencias en Tumbes sean solo el primer paso de una intervención de mayor alcance.
La intervención de ocho funcionarios marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la región. Durante los últimos años, Tumbes ha sido escenario de repetidos escándalos administrativos, investigaciones inconclusas y autoridades comprometidas en irregularidades.
Esta vez, la acción simultánea de la DIVIAC y la Fiscalía parece apuntar a romper el cerco de protección política que históricamente blindó a los funcionarios cuestionados.
El mensaje es claro: la justicia empieza a tocar las puertas que antes nadie se atrevía a golpear. Y en Tumbes, donde la corrupción se volvió costumbre, el amanecer de hoy tiene sabor a investigación y a rendición de cuentas.
Fuente: RP Noticias
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