La empresa de transporte Esperanza Express, que cubre rutas entre El Milagro y Trujillo, continúa siendo blanco de amenazas y ataques extorsivos, pese a los recientes operativos policiales realizados en la zona y la captura de un integrante de la banda.
En la última semana, los trabajadores de la compañía han denunciado la recepción de nuevos mensajes intimidatorios por parte de presuntos integrantes de la organización criminal Los Compadres N. Generación. En dichos textos, los delincuentes advierten que, ante la falta de una solución a sus exigencias, “comenzarán a dejar hogares incompletos”.
Los presuntos extorsionadores demandan el pago de fuertes sumas de dinero a cambio de “garantizar la seguridad” de la empresa y de sus choferes. En uno de los mensajes intimidatorios que la empresa entregó a las autoridades, se lee: «Nadie me da solución a lo ocurrido, entonces tendremos que comenzar a dejar hogares incompletos, conductores inocentes comenzarán a morir uno por uno».
No es un hecho aislado
Estas intimidaciones se suman a los hechos violentos del pasado 6 de octubre, cuando un microbús de la empresa fue atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta cuando se encontraba brindando el servicio.
Un bus de la empresa fue atacado a balazos mientras cubría su ruta. Foto: Yolanda Goicochea / La República.
Pese a la detención de una mujer, presunta integrante de una red criminal vinculada a Los Pulpos, las amenazas no han cesado. La empresa denuncia que los mensajes continúan llegando desde distintos números telefónicos, lo que dificulta el rastreo de los responsables.
Los conductores de la empresa piden mayor presencia policial en estas zonas para evitar ser una víctima más de las extorsiones por cobro de cupo.
El estado de Luis Reyes Rodríguez, joven de 28 años que participó en las protestas del 15 de octubre en el centro de Lima, sigue siendo crítico tras recibir el impacto de un objeto contundente en la cabeza que lo ha dejado en coma. Pese a ello, cinco días después, aún no se han esclarecido los hechos y no hay responsables por la dura represión policial.
Sin embargo, La República ha accedido a un video que brinda nuevas pistas sobre este lamentable caso. Además, ha conversado con dos testigos que están dispuestos a declarar ante la Fiscalía para que los familiares de Luis Rodríguez puedan encontrar respuestas y, sobre todo, justicia.
Las imágenes, que fueron proporcionadas a este diario por Manuela Camacho, periodista del Megáfono, revelan los instantes previos y posteriores del impacto en la cabeza que sufrió el músico urbano, conocido también como Flipown, cuando la Policía Nacional se encontraba replegando a los manifestantes en los exteriores de la plaza San Martín.
En un primer momento, en el video -que dura un minuto con nueve segundos- se observa cómo un contingente de policías, apostado entre la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Carabaya, lanza bombas lacrimógenas, a una corta distancia, de los protestantes que retrocedían hacia la plaza San Martín. De repente, en el segundo 15 la toma cambia, enfoca a la gente corriendo, y, 15 segundos después, se ve a varios manifestantes arrastrando a un joven ensangrentado e inconsciente. Se trataba de Luis Reyes Rodríguez, quien tuvo que ser evacuado después al hospital Loayza por los brigadistas.
“Estoy dispuesta a testificar ante las autoridades porque estuve a solo metros de lo que le pasó a Luis”, cuenta Camacho, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo, como periodista.
“Estuve primero en Abancay y Nicolás de Piérola, donde estaban gaseando innecesariamente hasta que llegué a la plaza San Martín, para reincorporarme pensando en que iba a estar tranquilo todo, como siempre (…) Allí estaba grabando y en poco tiempo la Policía llegó y empezó a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar lo que serían perdigones. Era peligroso porque te podía caer un disparo al cuerpo y eso era letal a poca distancia. Por eso me cubrí en una columna de la plaza y ahí logré captar en la transmisión a Luis Reyes ensangrentado en el suelo, sin reaccionar, con personas que pedían ayuda”, detalla la periodista a La República.
Camacho cuestiona que los agentes policiales hayan lanzado bombas lacrimógenas a corta distancia y al cuerpo de los manifestantes que estaban en la plaza San Martín porque ya se estaban retirando. “Realmente nos pudo pasar a cualquiera de nosotros”, lamenta afectada por lo que vio y vivió esa noche.
La periodista ratifica que está dispuesta a entregar a la Fiscalía el único video que hay del momento en el que Luis Rodríguez es impactado por el objeto contundente y la situación previa, porque es importante el contexto en el que se dio para no decir que el joven estaba haciendo desmanes.
“Mi video va a tener que pasar por un proceso tecnológico del Ministerio Público y lo van a tener que ver directamente de mi celular, el cual estoy dispuesta a entregar porque la familia de Luis me lo ha pedido y porque debe haber justicia”, responde.
Segundo testigo quiere declarar
Pero no es el único testigo que quiere testificar ante la Fiscalía. Anthony Vilcas, gestor cultural, también estuvo presente en los momentos en que Luis Rodríguez recibió el impacto del objeto contundente. “A las 8:30 de la noche, llego a la plaza San Martín y veo que un grupo de manifestantes no podía seguir por Nicolás de Piérola porque había un cerco policial adelante. Entonces, los policías comienzan a avanzar y a reprimir lanzando bombas lacrimógenas hasta llegar a la plaza que estaba medio vacía. A eso de las 9 de la noche, yo estaba en el lado derecho del monumento mirando hacia Nicolás de Piérola cómo lanzaban bombas lacrimógenas cuando en una de esas veo a Luis Rodríguez, a menos de tres o cuatro metros, tendido en el suelo con las piernas extendidas y ensangrentado”, narra a este diario.
Vilcas reitera que el impacto en la cabeza ocurrió durante la represión policial. “En la plaza San Martín no había problemas, pero la Policía seguía lanzando bombas lacrimógenas hacia donde estábamos”, responde tras señalar que conocía de vista, por el medio artístico, al joven músico.
“Espero que haya justicia y reparación para el compañero porque no estaba haciendo nada. Por gusto, en realidad, le dispararon. No sabemos qué va pasar con él y eso nos pudo haber pasado a cualquiera que solo salimos a ejercer nuestro derecho a protestar. Espero que las autoridades me llamen a declarar porque estamos dispuestos a hacerlo”, manifiesta.
Luis Reyes es músico urbano. Familia espera justicia.
Enamorada pide investigación
La enamorada de Luis Reyes, la comunicadora audiovisual Ysamar Espino, espera que se cuente la verdad y se halle a los responsables para que este caso no quede impune. “Esperamos que la Fiscalía pueda recoger el testimonio de los dos testigos que están dispuestos a declarar. Hay un video que demuestra que lo que le impactó en el cráneo a Luis fue una bomba lacrimógena, tal como lo presume un médico”, señala a La República.
Espino comentó que, en ningún momento, la PNP los ha contactado, solo la Fiscalía. “Queremos justicia porque todos nos dicen que, efectivamente, el impacto fue por un policía. Pero no nos quieren dar las imágenes de las cámaras de la Municipalidad de Lima, que, supuestamente, ha grabado todo. Todas las pruebas las hemos conseguido nosotros”, reclama.
Hasta el momento, el estado de Luis Reyes sigue siendo crítico. Si bien sus signos vitales están estables, el proceso aún es delicado. “Él va a seguir en coma todavía un par de días más. Su cerebro todavía no se desinflama. No se sabe aún cuál va a ser el siguiente procedimiento, si hay que volver a operarlo”.
La joven también denuncia que el celular de Luis Reyes ha desaparecido y nadie da información sobre su ubicación. “Esto, pese a que cuando llamé, la noche del miércoles, me contestó un médico del Loayza diciéndome que Luis había sufrido un traumatismo grave. Queremos ayuda para tener el celular”, solicita frustrada.
El Ministerio Público denunció que la fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho es víctima de llamadas extorsivas por parte de la organización criminal «Los Pepes SJL», cuyo cabecilla sería el delincuente apodado «El Colocho».
En los mensajes enviados a Haro Pinto se le exige apartarse del proceso penal a su cargo contra los integrantes de la presunta banda criminal «Los Chukys de Juan Pablo II», luego de que lograra qe el Poder Judicial ordene 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de dicha organización, quienes son investigados por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y de explosivos, y banda criminal.
Los investigados con orden de prisión preventiva
Entre los procesados se encuentran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Nrváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos. Todos ellos con prisión preventiva gracias a la investigación del despacho liderado por Margarita Haro.
Todos los detenidos han sido vinculados con el atentado al penal Castro Castro. El 17 de octubre, el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que dos desconocidos dejaron explosivos en los exteriores del mencionado penal. Los artefactos vinieron acompañados de unos manuscritos dirigidos a dos magistrados del Poder Judicial con sus fichas de RENIEC.
En ese sentido, a través de un comunicado, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito «condena enérgicamente todo intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal».
En Lima Norte, los escenarios que reunían multitudes para bailar cumbia y salsa también ocultaban el poder de una organización criminal. Detrás de luces, orquestas y festivales gratuitos estaba el temible Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, líder de la red ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, hoy preso por extorsión y lavado de activos.
La Fiscalía descubrió que, bajo la fachada de AS Producciones, este cabecilla controlaba una maquinaria que convertía dinero sucio en espectáculos populares. Según reveló el programa Cuarto poder, los conciertos de Agua Marina fueron parte de ese entramado.
El ataque a la banda de cumbia Agua Marina fue la gota que colmó el vaso de la violencia durante la administración de Boluarte.
En marzo de 2023, la conocida agrupación se presentó en el estadio municipal Ricardo Palma, en Carabayllo, sin saber que el evento era financiado y producido por AS Producciones, la empresa de ‘El Jorobado’. El logo de la promotora aparecía en los videos promocionales del show, mientras el dinero de la extorsión se mezclaba con la venta de cerveza y el alquiler de baños portátiles.
La estructura criminal tenía todo calculado. Los ingresos de las obras públicas que controlaban en la zona eran ‘blanqueados’ a través de festivales masivos. Las ganancias se justificaban con la venta de bebidas, el cobro de servicios y los auspicios de empresas vinculadas al mismo Lucano. Entre ellas, Cerlimas, su distribuidora de cerveza, y SK&J Servicios Generales, del empresario Edwin Jhonny Díaz Vila, alias Pipo.
LOS CONCIERTOS DEL CRIMEN
Los eventos organizados por AS Producciones no se limitaban a shows privados. En julio de 2023, el municipio de Carabayllo contrató a la empresa de ‘El Jorobado’ para organizar la serenata por el aniversario distrital. El ingreso fue gratuito, pero los asistentes estaban obligados a comprar los productos de Cerlimas. El negocio era redondo: el Estado financiaba la logística, y las empresas del propio criminal obtenían la ganancia.
El imperio de Lucano Cotrina se extendía incluso a Comas. En el cumpleaños del alcalde Ulises Villegas, celebrado el 28 de julio de 2023, se usaron los baños portátiles de SK&J, la empresa de Pipo. Según registros de la ONPE, este empresario aportó mil soles a la campaña del burgomaestre, quien luego negó cualquier vínculo. Sin embargo, su gestión contrató a la misma compañía por más de 24 mil soles entre 2023 y 2025.
En paralelo, el promotor Glenn Montes Malaver, otro de los detenidos, coordinaba directamente con Lucano. Su empresa, Yesmir Producciones, fue la organizadora del concierto de Agua Marina en Chorrillos donde, meses después, integrantes del grupo fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por extorsionadores.
EL IMPERIO MUSICAL DE EL JOROBADO
La investigación de la Fiscalía y de la Unidad de Investigación de América Televisión revela que ‘El Jorobado’ convirtió el circuito musical de Lima Norte en su nueva fuente de poder. Cada concierto, cada festival de salsa o cumbia, servía para mover dinero proveniente de secuestros y cobros de cupos. Los artistas, sin saberlo, actuaban en escenarios financiados por el crimen organizado.
La rivalidad con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, intensificó la violencia en la zona. En uno de sus mensajes, El Monstruo amenazó directamente a quienes colaboraran con AS Producciones o realizaran eventos con “ese perro”, refiriéndose a Lucano. Pese a ello, la red de El Jorobado continuó operando hasta su captura en octubre.
El caso muestra cómo las organizaciones criminales del norte de Lima no solo se infiltran en las obras públicas, sino también en los espacios culturales y festivos. Lo que parecía una noche de alegría y música escondía una sofisticada red de lavado de dinero y corrupción local.
Adam Lucano Cotrina (39) “Jorobado”.
La Fiscalía ha identificado a más de una decena de implicados, entre ellos funcionarios municipales, empresarios y promotores de espectáculos. Todos habrían participado en el sistema que permitió a ‘El Jorobado’ mantener su dominio a través de luces, orquestas y multitudes.
Detrás del sonido y los aplausos, la música servía de cortina para una red criminal que convirtió los escenarios en su nuevo territorio. En el corazón de Lima Norte, ‘El Jorobado’ no solo mandaba en las obras, también reinaba entre las luces del espectáculo.
Cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que laboraban en el establecimiento penitenciario de Piura fueron detenidos este domingo por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras confirmarse su presunta participación en la fuga del interno Krisman Félix Nizama Ponce, de 31 años, quien era acusado por el delito de extorsión.
De acuerdo con la información proporcionada por el INPE, los servidores públicos son investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de favorecimiento de fuga, luego de que las cámaras de seguridad del penal registraran la huida del recluso la noche del sábado 18 de octubre, aproximadamente a las 10:30 p. m.
Según las investigaciones preliminares, Nizama Ponce habría aprovechado un descuido del personal para realizar un forado en la parte inferior de la puerta del tópico psiquiátrico, área a la que fue trasladado para recibir tratamiento médico. Posteriormente, el interno habría trepado el cerco perimétrico del penal y escapado con rumbo desconocido.
El incidente generó indignación entre las autoridades penitenciarias, pues el hecho no fue reportado de inmediato. El informe oficial señala que la dirección del penal recién tomó conocimiento de la fuga a las 6:30 a. m. del domingo, casi ocho horas después del escape.
Ante lo sucedido, el Instituto Nacional Penitenciario dispuso la intervención inmediata de la Oficina de Asuntos Internos, que ya se encuentra en la región Piura realizando las indagaciones administrativas correspondientes para determinar el grado de responsabilidad del personal involucrado.
Asimismo, la entidad ha desplegado medidas para intensificar la seguridad, tanto interna como externa, del establecimiento y reitera su compromiso con el principio de autoridad en todas las cárceles de país.
Dos ciudadanas chilenas fueron detenidas en Juliaca, región Puno, acusadas de pertenecer a una presunta organización delictiva dedicada a estafas y hurtos agravados bajo la fachada de lectura de cartas de tarot. Las mujeres elegían zonas de alta afluencia peatonal, especialmente en los alrededores de la Plaza Bolognesi, para captar a sus víctimas con supuestos rituales de “buena suerte”.
El operativo policial fue ejecutado por agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) y la Sección de Inteligencia (Secint) de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras una denuncia formal presentada por una ciudadana afectada. Durante la intervención se incautó dinero en efectivo, cartas de tarot y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.
Así operaba la banda ‘Las Mamis de la Suerte’
Las detenidas, identificadas como Nataly California California (40), alias “La Chimoltrufia”, y Morelia Lucrecia California Ledesma (30), conocida como ‘La Chilindrina‘, serían parte de la banda denominada ‘Las Mamis de la Suerte’. Según la PNP, ambas ofrecían lecturas de tarot en plena vía pública para atraer la atención de transeúntes (en su mayoría mujeres), a quienes convencían de entregar pequeñas sumas de dinero como parte del ritual. Mientras realizaban la supuesta lectura, las distraían para sustraerles sus pertenencias sin que lo notaran.
El caso salió a la luz luego de que una víctima denunciara haber sido despojada de su dinero tras permitir que le “leyeran la suerte”. Las investigaciones permitieron identificar a las sospechosas, quienes fueron localizadas el último viernes en el jirón San Martín, frente al centro comercial Real Plaza de Juliaca.
Durante el operativo, las extranjeras fueron sorprendidas cuando se disponían a captar a nuevas víctimas. No opusieron resistencia y fueron trasladadas a la dependencia policial. En su poder se halló dinero en efectivo, cartas de tarot y objetos utilizados en la modalidad de engaño. Fuentes policiales confirmaron que parte del dinero incautado fue devuelto a una de las denunciantes. Vecinos y comerciantes de la zona indicaron que las mujeres eran vistas con frecuencia acercándose insistentemente a los peatones para ofrecer sus “servicios espirituales”.
La Región Policial Puno informó que las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de hurto agravado. Además, se investiga si la organización habría operado en otras regiones del país o si existen más víctimas. El Ministerio del Interior destacó que la captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia y la oportuna denuncia ciudadana.
ENFOQUE REAL 