Estaba previsto que el miércoles 24 de junio de 2026 abandonaría para siempre la Base Naval del Callao, después de purgar 25 años de prisión. Creía que entonces terminaría de pagar los brutales crímenes que había perpetrado junto con Alberto Fujimori durante una década de gobierno. Pero Vladimiro Montesinos Torres recién dejará la cárcel el jueves 21 de agosto de 2031. Se quedará encerrado cinco años más de lo que se pensaba. Tres meses después de celebrar 86 años de edad (el 20 de mayo).

Debe responder por el secuestro, tortura y homicidio de Santiago Gómez Palomino, de 27 años, un evangélico de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, falsamente acusado de terrorista por el Destacamento Colina. Esta organización criminal compuesta por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), operó bajo el patrocinio y las órdenes de Fujimori y Montesinos entre 1991 y 1992, aplicando una estrategia basada en el asesinato selectivo de presuntos miembros de Sendero Luminoso. Santiago Gómez Palomino fue la víctima número 55 de la banda de militares fujimoristas.

Es el menos conocido de los asesinados por el Destacamento Colina porque durante mucho tiempo Gómez estuvo en condición de desaparecido. En la madrugada del 9 de julio de 1992 fue secuestrado por un grupo encabezado por el mayor EP Santiago Martin Rivas. Lo condujeron hasta la playa La Chira, en Chorrillos, no muy lejos de donde vivía con su pareja en estado de gestación, en el asentamiento humano San Genaro, en el mismo distrito. Querían que confesara dónde ocultaba el armamento de una célula senderista. No era verdad. Para que no quedara en evidencia la incompetencia del grupo militar que actuaba bajo autorización de Fujimori y Montesinos, mataron con tiros en la cabeza a Santiago Gómez Palomino, quien hasta el último suspiro negó ser terrorista debido a su confesión evangélica israelita. No les importó.

El silencio cómplice duró hasta el jueves 6 de diciembre de 2001 cuando uno de los criminales se acogió a la colaboración eficaz y lo contó todo, incluyendo la ubicación de la tumba clandestina. La información permitió que la madre de Gómez, Victoria Palomino Buitrón, y su hermana, María Gómez Palomino, iniciaran las acciones legales para recuperar los restos y castigar a los responsables. El cargo lo asumió la abogada Gloria Cano Legua, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), logrando la sentencia condenatoria.

Una muerte que superó el silencio

El viernes 25 de mayo de 2012, casi 20 años después del homicidio, y luego de varios intentos, la fiscalía encontró lo que quedaba del cuerpo de Santiago Gómez Palomino. El suboficial FAP (r) Julio Yataco Lavalle aceptó haber proporcionado a los criminales la información sobre Gómez y de haberlos guiado hasta la casa de quien llamaban “El evangelista”. El testigo dijo que obligaron a Gómez a cavar su propia tumba y Santiago Martin ordenó eliminarlo. Los forenses confirmaron que los restos pertenecían al evangélico israelita desaparecido, y que había recibido balazos mortales en la cabeza, de arriba hacia abajo. Lo habían obligado a arrodillarse.

La ejecución de Santiago Gómez Palomino se produjo entre el asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante y seis miembros de la familia Ventocilla, en el Norte Chico, el 24 de junio de 1992, y la matanza de La Cantuta, el 18 de julio del mismo año. Los homicidios del Destacamento Colina no hicieron ningún daño a Sendero Luminoso simplemente porque las víctimas no eran terroristas. Pero Santiago Martin y sus secuaces necesitaban presentar resultados a sus superiores del Ejército y del gobierno de Fujimori y Montesinos. Asesinaron a Santiago Gómez Palomino y lo reportaron como un terrorista en cuya vivienda se reunían los miembros de un “comando de aniquilamiento” que actuaba en el sur de Lima y que guardaba el armamento y dinamita en la misma vivienda. Todo era completamente falso.

El 18 de diciembre de 2017 se dictó la primera sentencia para Vladimiro Montesinos y sus cómplices: 20 años de prisión por desaparición forzada y homicidio calificado. Desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. El exasesor peleó hasta la Corte Suprema arguyendo que ya había cumplido los 20 años por la ejecución de Santiago Gómez Palomino, porque el 24 de junio de 2026 completaba los 25 años por la matanza de La Cantuta. Pero el colegiado rechazó la nulidad que interpuso y precisó: “La pena privativa de la libertad del imputado Vladimiro Montesinos Torres vencerá el 21 de agosto de 2031”. La decisión fue tomada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el ocho de julio de 2021.

En la resolución judicial se destaca que varios exintegrantes del Destacamento Colina, además de la confesión de Julio Yataco Lavalle, aceptaron haber participado en el crimen de Santiago Gómez Palomino.

José Alarcón Gonzáles y Héctor Gamarra Mamani declararon que el día del asesinato, el 9 de julio de 1992, les avisaron para reunirse en “La Ferretería”, la casa del agente Nelson Carbajal García, donde el Destacamento Colina tenía a disposición un arsenal. En lugar encontraron a Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, donde recibieron instrucciones sobre el operativo para detener a Santiago Gómez Palomino, “El evangelista”. Los agentes Hugo Coral Goycochea, Jorge Ortíz Mantas, Ángel Sauñi Pomaya y Julio Chuqui Aguirre, entre otros, corroboraron los hechos en el proceso judicial.

La sentencia definitiva

Después de 159 sesiones de audiencia, se determinó judicialmente que Santiago Martin y Carlos Pichilingüe no actuaron por su cuenta sino por mandato de sus jefes cuando decidieron secuestrar, torturar y quitarle la vida a Santiago Gómez Palomino.

Dice la sentencia: “La afirmación de que los procesados Martin Rivas y Pichilingüe Guevara formaron parte del Destacamento de inteligencia Colina, y recibieron órdenes superiores para la ejecución de un plan debidamente concertado, así como haber ordenado a los agentes de inteligencia la vigilancia e incursión en el domicilio de Gómez Palomino, se encuentra sustentada en la prueba actuada en el plenario, que da cuenta que desde el momento en el que el acusado (general EP Juan Rivero Lazo se hizo cargo de la DINTE (Dirección de Inteligencia del Ejército, en 1991), tuvo directa coordinación con los también coacusado (el jefe nominal del Servicio Nacional de Inteligencia, SIN, general EP Julio Salazar Monroe y (el asesor presidencial) Vladimiro Montesinos, para llevar a cabo coordinaciones de inteligencia”.

Por lo que se determinó que Vladimiro Montesinos, y sus cómplices, Juan Rivero Lazo, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara completarían la sanción de 20 años de carcelería por el homicidio de Santiago Gómez Palomino, el 21 de agosto de 2031. Pero no son los únicos. Los ejecutores recibieron otras penas.

En las redes sociales circulan versiones falsas sobre la próxima excarcelación de Vladimiro Montesinos, ignorando alevemente que cuenta con una sentencia condenatoria que prolongará cinco años más su estadía en la Base Naval del Callao.

Incluso el exasesor de Fujimori es presentado casi como un “héroe” de la lucha contra el terrorismo, cuando lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema evidencia que su estrategia de eliminación selectiva de presuntos senderistas fue un completo fracaso. Los 55 asesinatos extrajudiciales, entre cuyas víctimas de encuentra Santiago Gómez Palomino, prueban que nunca funcionaron sus “planes de inteligencia”. Y que por eso pagará prisión hasta el jueves 21 de agosto de 2031.