«Conga fue un proyecto minero. En este momento está fuera del pipeline de proyectos del futuro», declaró el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, al ser consultado por RPP en el marco de la Convención Minera PERUMIN 37.
Con ello, se cierra —al menos temporalmente— la puerta a un megaproyecto que marcó la historia reciente de la minería peruana y que lleva más de una década paralizado por la fuerte oposición social en Cajamarca. Pero, ¿qué fue exactamente el proyecto Conga, por qué generó tanta resistencia y qué hechos marcaron su paralización?
La promesa de un proyecto millonario en Cajamarca
Conga fue concebido como una extensión de la mina Yanacocha, operada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, con participación de la Corporación Financiera Internacional.
Ubicado en la región Cajamarca, a más de 3.700 metros de altura, buscaba extraer oro y cobre con una inversión cercana a los $ 4.800 millones. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2010, durante el gobierno de Alan García, y se proyectaba que generaría importantes ingresos tributarios y canon para la región.
De acuerdo al EIA y presentaciones del proyecto, la empresa estimaba que Conga generaría alrededor de $ 800 millones en tributos al Estado en los primeros cinco años de operación y que Cajamarca recibiría aproximadamente $ 250 millones en canon minero en ese mismo período.
Sin embargo, en campaña presidencial, Ollanta Humala (2011–2016) defendió la prioridad del agua sobre el oro, lo que generó expectativas en la población de Cajamarca. Sin embargo, ya en el poder, el mandatario respaldó el proyecto, lo que fue visto como una traición a sus promesas electorales. Ese giro encendió las tensiones y detonó el inicio de una fuerte conflictividad social, ¿Por qué?
El estallido de las protestas contra proyecto minero Conga
Las comunidades campesinas y organizaciones sociales se oponían al desarollo del proyecto, pues denunciaron que Conga afectaría las lagunas y cabeceras de cuenca que abastecen de agua a Cajamarca. Según el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, este impactaría directamente no solo las lagunas, sino también 682 manantiales, 102 fuentes de agua para consumo humano y 18 canales de riego.
La situación escaló a un conflicto social activo debido a una combinación de factores políticos y de procedimiento. La aprobación del EIA se realizó en un tiempo récord de 10 meses y sin incluir un estudio hidrogeológico completo, lo que generó suspicacias.
Ya convertido en presidente, Ollanta Humala, consideró que el proyecto era «importante» para el Perú, pero aclaró que, como Gobierno, se protegerá a las comunidades, sus recursos naturales, pero también sus actividades productivas.
Sin embargo, esta promesa no bastó. En noviembre de 2011 comenzaron huelgas regionales, marchas y bloqueos bajo la consigna “¡Conga no va!”. La respuesta del Gobierno fue represiva, lo que intensificó el conflicto. Tras el fracaso de las mesas de negociación, el gobierno optó por la militarización de Cajamarca y la declaración del Estado de Emergencia en las provincias más afectadas: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico en julio de 2012, cuando cinco manifestantes murieron durante las protestas en Celendín y Bambamarca. Decenas más resultaron heridos en choques con la Policía y más de 300 defensores ambientales fueron procesados.
En este contexto, figuras como la de Máxima Acuña cobraron relevancia, campesina de Sorochuco, Cajamarca. Ella adquirió un terreno en 1994, pero la empresa Yanacocha sostenía que la propiedad formaba parte de sus concesiones. Este desacuerdo derivó en procesos judiciales por usurpación agravada, de los que Acuña fue absuelta en 2014. En 2016, recibió el Premio Goldman, un reconocimiento internacional a defensores ambientales, lo que generó polémica en el país debido a la controversia no resuelta sobre la titularidad de los terrenos.
Estos hechos dejaron una profunda huella en Cajamarca y convirtieron el caso Conga en un símbolo de la resistencia frente a proyectos extractivos percibidos como una amenaza para el agua y la agricultura.
Pese a intentos del gobierno de encargar peritajes y de la empresa por reforzar medidas ambientales —como la construcción de reservorios de agua—, la oposición nunca cedió. En noviembre de 2012, la empresa anunció la suspensión del proyecto hasta que existieran “condiciones sociales favorables”.
Desde entonces, Conga permanece detenido y hoy es recordado como uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del Perú.
José Miguel Castro fue gerente municipal de Susana Villarán. | Fotocomposición: Infobae Perú
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