Un hecho de extrema gravedad viene sacudiendo a la UGEL N° 10 de Huaral y ha generado indignación entre trabajadores del sector Educación.

Según información obtenida, la directora de la UGEL N.° 10, Roxana Caman Vigo, habría ordenado la instalación de cámaras de video ocultas dentro de oficinas administrativas, específicamente en el Área de Gestión Administrativa – AGA, sin conocimiento ni consentimiento del personal que labora en dicho espacio.

Lejos de tratarse de una medida de seguridad transparente y debidamente informada, la colocación clandestina de estos dispositivos tendría como objetivo vigilar, acosar y hostilizar psicológicamente a los trabajadores, configurando una práctica reiterada de violencia laboral conocida como mobbing.

La instalación de cámaras sin advertencia previa, sin señalización visible y sin informar el destino del material audiovisual grabado, constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores, afectando su dignidad, salud mental y el clima laboral.

Lo curioso y sospechoso del caso, radica en el hecho que estas cámaras no solo registran de manera permanente las actividades de los trabajadores, sino que han sido colocadas estratégicamente para supuestamente generar temor, presión constante y un ambiente de persecución, lo que encaja perfectamente en una conducta sistemática de hostigamiento laboral.

¡QUÉ CASUALIDAD! LAS CÁMARAS NO ENFOCAN AL JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Lo más escandaloso del caso es que las cámaras no enfocan al jefe del Área de Gestión Administrativa, al señor Ruddy Lucas Espíritu, sino exclusivamente al personal administrativo. Este hecho no sería una simple coincidencia.

Por el contrario, evidenciaría una presunta complicidad directa del jefe de área, quien habría permitido —o facilitado— la colocación de los dispositivos con un claro sesgo intimidatorio, dejando fuera de toda supervisión su propio espacio de trabajo. Un acto selectivo, sospechoso y profundamente irregular.

La conducta denunciada no solo es antiética, sino que podría constituir una infracción grave a la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, especialmente a lo dispuesto en su artículo 39, que sanciona el tratamiento de datos personales sin consentimiento, información previa ni finalidad legítima.

Asimismo, este accionar vulnera derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad, a la dignidad humana y a un ambiente de trabajo saludable. La grabación encubierta de trabajadores sin advertencia ni justificación legal podría derivar en sanciones administrativas severas, con multas que van desde más de cinco hasta cincuenta UIT, además de eventuales responsabilidades penales por presunto abuso de autoridad.

Ante la gravedad de los hechos, resulta inaceptable el silencio institucional. Es urgente que:

-El Órgano de Control Institucional (OCI) de la UGEL 10 intervenga de inmediato.

-El Área de Recursos Humanos se pronuncie y actúe conforme a ley.

-SUNAFIL evalúe una posible infracción laboral grave.

-El Fiscal de Prevención del Delito inicie acciones preventivas.

-El consejero regional Víctor Huaccho Salas asuma un rol fiscalizador activo.

-Los sindicatos del sector educación (SUTEP y SITACE) rompan su prolongado silencio y defiendan a los trabajadores.

-De la directora de la Dirección Regional de Educación-DRELP, no esperemos nada.

La instalación de cámaras escondidas en oficinas administrativas no sería control institucional: sería acoso laboral. No es fiscalización: es intimidación.

Si la directora de la UGEL N° 10 de Huaral no ordena el retiro inmediato de estos dispositivos, podría enfrentar serias consecuencias administrativas, civiles y penales.

El sector Educación no puede convertirse en un espacio de vigilancia clandestina ni de persecución interna. La dignidad del trabajador no se graba, se respeta.