Sentencia de Juanelo en segunda instancia, obliga a concejo municipal iniciar procedimiento para la suspensión

La reciente confirmación de la sentencia en segunda instancia contra el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, abre un escenario legal que obliga al concejo municipal a tomar decisiones inmediatas. Más allá del discurso político y de la intención del burgomaestre de acudir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación, la ley establece con claridad cuáles son los pasos que deben seguir los regidores.

De acuerdo con la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, cuando una autoridad edil cuenta con una sentencia condenatoria por delito doloso confirmada en segunda instancia, corresponde al concejo municipal iniciar el procedimiento respectivo. En este caso, al no tratarse aún de una sentencia firme, los regidores deben proceder con la suspensión del alcalde.

Esta medida implica que el concejo municipal convoque a una sesión extraordinaria, garantizando el derecho a la defensa de Álvarez Andrade. De aprobarse la suspensión, el cargo será asumido temporalmente por la teniente alcalde, mientras se resuelve la situación judicial en instancias superiores.

El escenario podría agravarse para el alcalde si la sentencia queda consentida o ejecutoriada. En ese caso, la ley obliga a los regidores a declarar la vacancia definitiva del cargo, decisión que requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de miembros del concejo. Este acuerdo, además, debe ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones para la acreditación del reemplazo oficial.

Especialistas advierten que la inacción del concejo municipal frente a una causal evidente podría generar responsabilidades para los regidores, quienes están obligados a ejercer su función de fiscalización. No actuar podría configurar una omisión de funciones.

En paralelo, el panorama judicial de Juan Álvarez Andrade es complejo. El alcalde fue sentenciado en primera instancia – iniciando su probable salida forzada del cargo que ostenta -, el 22 de agosto de 2025 a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de peculado doloso, además de una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos. Aunque aún puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, este no suspende las obligaciones administrativas que recaen sobre el concejo municipal.

Así, mientras el proceso judicial sigue su curso, el foco se traslada al ámbito político local: los regidores de Chancay deberán decidir si cumplen con el mandato legal y activan los mecanismos de suspensión, marcando el inicio de una etapa decisiva tanto para la gestión municipal como para el futuro político del alcalde.

Se va “Juanelo”: justicia ratifica condena contra alcalde y tendría que dejar el cargo

Esta tarde, la Sala Penal de Huacho ratificó en segunda instancia la sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad —en calidad de suspendida— contra el actual alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade. La autoridad fue hallada responsable del delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal Peruano.

La condena se origina por la entrega irregular de la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay a terceros. Según el fallo judicial, este hecho constituyó un acto de apropiación y disposición ilegal de bienes públicos en beneficio de particulares.

¿CÓMO SE DARÍA SU SALIDA?

Ante esta ratificación, la autoridad municipal deberá dejar el cargo conforme a la normativa electoral y municipal vigente, lo que derivaría en una suspensión. Este acto se consumiría cuando se oficialice el documento oficial.

El procedimiento establece que el Concejo Municipal de Chancay debe convocar a una sesión extraordinaria para votar por la suspensión de la autoridad. Cabe precisar que esta decisión puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente que resolvería en última instancia antes de emitir la credencial de la regidora Giuliana Carrizales, quien asumiría la alcaldía distrital.

JUANELO YA CAYÓ Y LA CHOLITA ¿PARA CUÁNDO?

Un escenario similar enfrenta la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez. En diciembre de 2025, Vásquez fue sentenciada en primera instancia a nueve años y cinco meses de prisión por peculado doloso agravado, tras un fallo del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate.

Actualmente, dicha sentencia se encuentra en proceso de apelación. De ratificarse la condena, la gobernadora también se vería obligada a dejar el sillón regional. El caso, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción de Huaura y la DIRCOCOR, se fundamenta en actos de corrupción durante su gestión como alcaldesa de Huarochirí, vinculados a irregularidades en el Centro Cívico de Matucana.

Avanza al 99 % la ejecución del primer parque inclusivo de la región Lima Provincias

Con el objetivo de supervisar el desarrollo de importantes obras en beneficio de la población, se realizó una visita inopinada al Parque Inclusivo Jorge Ortiz Dueñas, donde se constató el significativo avance de este proyecto emblemático para la provincia.

Durante la inspección, se verificó que la obra alcanza un 99 % de ejecución, consolidándose como el primer parque inclusivo de la región Lima Provincias, una infraestructura moderna, segura y diseñada para el disfrute de todos los ciudadanos, sin distinción.

Este espacio contará con áreas adecuadas para personas con discapacidad, promoviendo la integración, el respeto y la igualdad de oportunidades, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

El avance de esta obra refleja el compromiso de seguir impulsando proyectos que generan bienestar y desarrollo, posicionando a Huaral como referente en iniciativas inclusivas a nivel regional.

Petroperú recibirá inyección de más de S/500 millones del Gobierno para reanudar operaciones y abastecer de gasolina

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, anunció una nueva inyección de capital de más de S/500 millones a Petroperú con el fin de reanudar sus operaciones en su capacidad total y contribuir al mayor abastecimiento de combustible en el país. 

“Es un financiamiento momentáneo mientras se recuperan los créditos y se busca financiamiento exterior. Es una cifra importante de más de S/500 millones inicialmente”, detalló el ministro en conferencia de prensa. 

La petrolera estatal había reducido su producción de combustibles por sus deudas y la crítica situación financiera que atraviesa. El financiamiento anunciado, permitirá que esta pueda costear la compra de combustibles destinados a la refinería de Talara, que operaba en 65.000 barriles cuando su capacidad es de 95.000 barriles. 

Esto se da en un contexto en que Perú aún atraviesa bajo stock y altos precios de combustibles, como rezago de los 13 días de emergencia del suministro del gas natural de Camisea tras la rotura del ducto de Megantoni. 

¿Cómo ayudará la inyección económica de Minem a Petroperú?

El ministro del Minem precisó que Petroperú tiene un “bache de liquidez”, y que con la nueva inyección económica se busca ir devolviéndole su capacidad operativa, sin descuidar el reperfilamiento de su deuda. 

Petroperú estaba a punto de paralizar operaciones y eso no se va a permitir porque el daño va a ser mayor”, precisó Alfaro, quien responsabilizó al directorio anterior que “hizo cambios sin consultar con ProInversión con el que se tiene acuerdos de trabajo” para el cumplimiento del decreto de urgencia para solventar los problemas de la empresa estatal. 

Cabe precisar que el último fin de semana, el ministro Alfaro había descartado  realizar una nueva inyección de recursos a Petroperú, y que su foco era  ordenar sus finanzas y mejorar su eficiencia operativa.

Sin embargo, esta mañana el funcionario enfatizó que la deuda de Petroperú es “muy grande y el riesgo para el país también es muy grande”, por lo que el actual Gobierno de transición buscará rescatar a la petrolera. “No podemos dejar que Petroperú fracase, sino fracasamos todo el país”, enfatizó.

El Perú no es de los que tienen plata como cancha

Por: Francisco Diez-Canseco Távara

El Perú vive hoy bajo un sistema político que, aunque se presenta como democrático, funciona en la práctica como una plutocracia: el gobierno de los que tienen plata como cancha. No se trata solamente de corrupción —que ciertamente existe— sino de algo más profundo: la captura del Estado por intereses privados que lo utilizan para su propio beneficio.

Los plutócratas saben muy bien cómo manejar el Estado en su propio beneficio. Financian campañas, influyen en decisiones legislativas, presionan a los gobiernos de turno y colocan operadores en puestos clave del aparato estatal.

El resultado es un Estado que con frecuencia deja de servir al pueblo y pasa a servir a minorías privilegiadas. Por eso vemos decisiones públicas que favorecen a unos pocos mientras millones de peruanos siguen esperando servicios básicos.

Hospitales sin equipamiento, colegios deteriorados, carreteras abandonadas y una inseguridad creciente conviven con beneficios para sectores privilegiados. El ciudadano común siente que el Estado no lo protege.

La plutocracia no siempre gobierna de manera visible. Muchas veces lo hace a través de la influencia, del financiamiento político o de redes de poder que actúan detrás del escenario.

El problema no es la empresa privada ni el éxito económico. El Perú necesita empresarios, inversión y crecimiento que deben ser apoyados.

El problema aparece cuando el poder económico se convierte en poder político y cuando el Estado deja de representar al conjunto de la nación.

Frente a esta realidad, el Perú necesita un cambio profundo pero responsable. No una revolución violenta, sino una transformación democrática que recupere el Estado para los ciudadanos y que establezca la economía social de mercado que consagra nuestra Constitución eliminando la economía mercantilista que hoy existe en el Perú.

Eso significa terminar con privilegios políticos, con la corrupción estructural y con el uso del Estado como botín.

El Perú tiene la capacidad histórica para realizar ese cambio. Nuestra sociedad es trabajadora y democrática. Lo que falta es voluntad política para romper con el sistema que ha bloqueado el desarrollo nacional.

Un Estado verdaderamente democrático debe servir al interés general, garantizar igualdad de oportunidades, promover competencia real y evitar que el poder económico capture las decisiones públicas.

Esa es la Revolución Pacífica que plantea Perú Acción: recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo peruano.

Solo así construiremos finalmente una república justa, moderna y verdaderamente democrática.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz

Visita guiada fortalece el aprendizaje ambiental y portuario

La Municipalidad Provincial de Huaral, en coordinación con la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, desarrolló una visita guiada con la finalidad de que los voluntarios ambientales y docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Huando, conozcan de cerca la operatividad de la empresa portuaria.

Durante esta actividad, los participantes pudieron observar los procesos logísticos, las medidas de seguridad y las acciones que se vienen implementando en materia ambiental dentro del terminal portuario, fortaleciendo así sus conocimientos y conciencia sobre el desarrollo sostenible.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que promueve la comuna huaralina para fomentar la educación ambiental y la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno.