Sunedu pide a la universidad Alas Peruanas información sobre obtención de maestría de Marita Barreto

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) envió un oficio a la universidad Alas Peruanas para solicitarle información sobre la obtención del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos tras conocerse presuntas irregularidades y favorecimiento indebido.

En un comunicado, informaron que la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario tomó conocimiento a través de notas periodísticas sobre «presuntas irregularidades y favorecimiento indebido» en el otorgamiento de este grado.

Según indicaron, estas serían las presuntas irregularidades:

(i) «El proceso de revisión y aprobación de su tesis se habría dado en un lapso de cinco (5) días, el cual llamaría la atención porque no sería suficiente para que la señora Barreto pueda estudiar y sustentar de manera adecuada su tesis, e incluso, se le asigne la calificación de suma cum lauden.

(ii) Tal sería el caso que, el 13 de junio de 2013, la señora Barreto habría solicitado la designación de un jurado evaluador. El 14 del mismo mes, mediante Resolución Vicerrectoral N° 1925-2013-VIPG-UAP, se habría designado al jurado evaluador y, el 19 de junio, habría tenido lugar la sustentación y aprobación de su trabajo con la calificación de summa cum laude, según el Acta de Sustentación correspondiente.

(iii) La tesis de la señora Barreto habría desaparecido y se tendría como no habida, además, no se tendría registro de ella en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación de esta Superintendencia, así como en el Repositorio Institucional de la UAP».

La Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario detalló que, según una consulta realizada el 1 de octubre de 2024 en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales, Marita Barreto cuenta, entre otros, el grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la universidad Alas Peruanas, cuyo diploma fue emitido el 19 de junio de 2013.

Por esta razón, solicitaron a la mencionada universidad que, en el plazo de diez días hábiles, cumpla con lo siguiente:

(i) Indicar y remitir copia del reglamento y/o normativa interna aplicada para el otorgamiento del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos a la señora Barreto.
(ii) Remitir copia del expediente de graduación de la señora Barreto que contenga, entre otros, los siguientes documentos:
– Resolución u otro documento que acredite la inscripción del proyecto de tesis.
– Acta u otro documento de designación del asesor de tesis, así como los que acrediten el
cumplimiento de las asesorías.
– Resolución u otro documento de designación de jurado de sustentación de tesis.
– Acta de sustentación, resolución u otro documento de aprobación de la tesis o trabajo de
investigación.
(iii) Remitir copia de la tesis que sustenta el otorgamiento del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos a la señora Barreto.
(iv) Precisar los mecanismos implementados por su representada para el archivo y resguardo de los trabajos de investigación conducentes a grados académicos durante el 2013 a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Universitaria. De ser el caso, remitir copia del instrumento normativo que regule ello.
(v) Informar si, a la fecha, recibieron alguna denuncia o cuestionamiento relacionado con los hechos objeto de investigación. De ser el caso, informar las acciones que adoptaron o adoptaran al respecto, así como el resultado de estas.
(vi) Remitir los medios probatorios que considere pertinente para acreditar sus afirmaciones. 

Cooperativa propietaria de universidad Alas Peruanas: «incautación de bienes es un abuso de autoridad»

Tras la incautación de bienes de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), que se identificó como propietaria de las acciones de la casa de estudio, emitió un comunicado calificando la acción como “una clara muestra de abuso de autoridad” cometido por la Fiscalía de Lavado de Activos del Ministerio Público.

La cooperativa indicó que “es falso” que la UAP sea propiedad de la familia Ramírez, ya que COOPALASPE es la única propietaria de la UAP desde su creación.

“La familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP. Sin embargo, estas acciones han retornado a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales”, anotó.

Agregó que la nueva gestión de la UAP, desde que asumió la administración de la universidad a fines del año 2020, no tiene ningún tipo de vínculo con Ramírez Gamarra ni los miembros de su familia, ahora investigados por lavado de activos.

Indicó que la UAP inició acciones legales contra Joaquín Ramírez Gamarra por el cobro de deudas que tiene con la universidad, demandas que han sido admitidas ante el Poder Judicial y son de conocimiento del Ministerio Público.

“La Fiscalía comete una arbitrariedad al incautar los bienes de propiedad de la UAP, quien resulta siendo víctima y agraviada de los delitos cometidos por la familia Ramírez. Los bienes de la UAP fueron adquiridos de forma lícita, tal como lo demuestran los documentos de Registros Públicos y son producto de los legítimos aportes de los miembros de la COOPALASPE”, expresó en el comunicado.

Keiko Fujimori implicada en caso de lavado en Universidad Alas Peruanas

La excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, quienes pertenecieron al partido político Fuerza Popular y financiaron la campaña de esta, son parte de las 14 personas imputadas por un vasto caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday.

Durante el periodo en el que su tío Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia mantenían bajo férreo control la UAP, Joaquín y Osías Ramírez hicieron millonarios contratos simulados con la entidad universitaria mediante empresas de fachada. Con los fondos adquirieron y revendieron centenares de inmuebles e hicieron otros negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori.

 Keiko Fujimori con Fidel Ramírez Prado. Foto: La República

Keiko Fujimori con Fidel Ramírez Prado. Foto: La República

En el caso también están implicados la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas de la pareja, Maribel Ramírez Gallegos, además de los cónyuges de estas, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera. Asimismo, varios de los socios de Joaquín Ramírez, entre ellos Edmon Jordan Montes, quien está directamente relacionado con un caso de presunto lavado que vincula a Keiko Fujimori.

 Keiko Fujimori es parte de la organización criminal. Foto: documento

Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), en cumplimiento de la resolución judicial, ha procedido a la incautación de 243 bienes inmuebles que obtuvieron los participantes de la presunta organización criminal, entre los que se encuentran 171 propiedades en todo el país (la gran mayoría en Lima), además de 111 vehículos y aeronaves que adquirieron los investigados con fondos ilícitos.

 Las autoridades incautaron aeronaves como parte del operativo de incautación vinculado con Joaquín Ramírez. Foto: La República

Las autoridades incautaron aeronaves como parte del operativo de incautación vinculado con Joaquín Ramírez. Foto: La República

Fidel Ramírez y su esposa Nancy Gallegos llegaron a poseer 86 millones de acciones Clase A de la UAP, además de otros 4,4 millones de acciones de Clase B de la misma universidad. La hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones Clase B.

La disposición del juez Víctor Zúñiga también ordenó la incautación de la totalidad de las acciones de la familia de Fidel Ramírez, e incluso las que fueron transferidas a terceras personas, porque se entiende que se hizo la operación para evitar la persecución de la justicia.

 Incautación realizada a inmuebles vinculados con Joaquín Ramírez este 11 de abril. Foto: La República

Incautación realizada a inmuebles vinculados con Joaquín Ramírez este 11 de abril. Foto: La República

La resolución judicial recuerda las declaraciones del expiloto Jesús Vásquez Ybañez, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, entonces jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, le confió que había “lavado” US$15 millones para financiar a la excandidata de Fuerza Popular y que la modalidad para blanquear el dinero ilícito fue un negocio de grifos.

Los agentes de la Dirila siguieron la ruta del dato y se dieron con que Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez hicieron millonarias transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles, mediante diversas operaciones simuladas, como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta trama haya servido para captar y lavar los US$15 millones de los que habló el expiloto Jesús Vásquez.

Sin embargo, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, en las que participó el brazo derecho inmobiliario de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, mediante presuntas empresas de fachada. Por ejemplo, la simulación de una compra-venta de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local partido.

Este 11 de abril, miembros de la Fiscalía incautaron inmuebles del exsecretario de Fuerza Popular. Foto: composición Jazmín Ceras/LR

Montes adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez, y en la transacción se incluía la casa de la avenida Arequipa. Esta operación tiene todas las características de una triangulación.

Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades, se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.

 Keiko Fujimori simuló venta de inmueble en Cieneguilla. Foto: documento

Keiko Fujimori simuló venta de inmueble en Cieneguilla. Foto: documento

El 9 de abril de 2019, la UAP confirmó la muerte por enfermedad de Fidel Ramírez. Para entonces había organizado todo para que la propiedad pasara a manos de su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, contrataron una auditoría y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad y formularon una denuncia penal por presunto lavado de activos, entre otros delitos.

El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso investigar a Keiko FujimoriJoaquín Ramírez y a otras 11 personas, y después se incorporó al excongresista fujimorista Osías Ramírez, el 30 de noviembre de 2022. Para 2020, la administración de la UAP ya se encontraba en manos de una nueva gestión.

Como parte del proceso de desvincularse de la administración corrupta del clan Ramírez, la nueva administración de la UAP entregó toda la documentación relacionada con presuntos actos ilegales, y añadió una denuncia contra las anteriores autoridades, según reveló una investigación de La República, el 5 de abril de 2021. En el material había más evidencia sobre los vínculos de Keiko Fujimori.

Según el mandato judicial, además de los beneficios económicos ilegales que supuestamente recibió la tres veces excandidata presidencial, ella también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para blindar las actividades de los Ramírez.

Keiko Fujimori ya enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión por crimen organizado y lavado de activos por haber captado dinero sin declarar para financiar sus campañas de 2011 y 2016, y haber usado “pitufos” que simularon hacer aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de fondos de origen ilícito.

Autoridades UAP: Fiscalía comete una arbitrariedad y abuso de autoridad

La Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), única accionista de la UAP, mostró su rechazo al allanamiento que realizó la Fiscalía a propiedades de la institución académica. COOPALASPE aseguró que Joaquín Ramírez y su familia ya no poseen ningún vínculo con la casa universitaria por lo que aseveraron que el accionar de las autoridades públicas muestran un «claro abuso de autoridad».

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