Siete alcaldes reciben amenazas de muerte

Mafias están detrás. Autoridades de La Molina, San Martín de Porres, Santa Anita, Chorrillos, Piura, y de otros dos distritos reciben llamadas, mensajes de texto e inclusive amenazas directas. Situación se revela tras asesinato de teniente alcalde John Valverde.

La delincuencia en nuestro país, que ataca a los ciudadanos todos los días, ahora también ha puesto la mira en las autoridades ediles y sus funcionarios. Ya son siete los alcaldes que han sido víctimas de amenazas de muerte. El último en ingresar a esta lista es el burgomaestre de La Molina, Diego Uceda.

El alcalde reveló a La República que ha recibido al menos seis llamadas en las que lo amenazan. Estos mensajes, que serían de traficantes de terrenos, comenzaron cuando Uceda salió a defender el Parque Ecológico del distrito. Agrega que también estaría relacionado con el hecho de haberse enfrentado a la construcción de la pirca que divide a Villa María del Triunfo y La Molina, conocida como ‘muro de la vergüenza’.

El burgomaestre cuenta con seguridad y ha manifestado que no teme por su vida, pues “del dicho al hecho puede haber mucho trecho’’. Asegura que continuará trabajando por el distrito.

Además de Uceda, otras autoridades ediles que han recibido llamadas, mensajes de texto e inclusive amenazas directas son las de San Martín de Porres, Chorrillos, Rímac, Santa Anita, La Perla, así como la de Piura.

Hernán Sifuentes, de SMP, lleva un chaleco antibalas. El alcalde señala que las amenazas de muerte que ha recibido se deben a los operativos que ejecuta para recuperar las calles y clausurar locales que no tienen las condiciones para funcionar. ‘‘Hay mafias que están detrás de la prostitución, de la informalidad. Lo que pasa es que pareciera que hay una repartija de cada giro”, dijo en Panamericana.

En SMP, los ataques también son contra otros funcionarios. A una trabajadora del municipio la amenazaron con un arma de fuego e hicieron disparos al aire, mientras se llevaba a cabo una intervención.

Esta situación se repite en La Perla, Callao, donde el alcalde Rodolfo Adrianzén y al menos tres funcionarios han sido amenazados de muerte. El burgomaestre denunció que le exigen cupos de S/10.000 mensuales y la reposición de 20 trabajadores que su gestión retiró porque varios estaban requisitoriados.

Asimismo, en Chorrillos, el alcalde Fernando Velasco ha sido víctima de diferentes amenazas de muerte desde hace más de un mes. Él ha recibido un video en el que se observan balas siendo colocadas delante de una foto familiar. Velasco asevera que estos ataques se deben al trabajo que hace contra la delincuencia e informalidad.

En tanto, la autoridad edil del Rímac, Pedro Rosario, contó que las amenazas han aumentado en las tres últimas semanas y que hay funcionarios que han renunciado por temor.

A su vez, Gabriel Madrid, de Piura, indica que recibe llamadas y mensajes en los que amenazan su integridad física desde hace 13 días. El burgomaestre considera que los hechos estarían relacionados con la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, que le pondría un alto a diversas mafias.

Las alertas se han encendido más luego de que el teniente alcalde de Santa Anita, John Valverde, fuera asesinado. Luego de ello, el burgomaestre Olimpio Alegría dio a conocer que estaba recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales, donde dicen que será la siguiente víctima.

REACCIONES

Hernán Sifuentes, alcalde de SMP.
“Al igual que otras autoridades, estoy siendo amenazado por los constantes operativos que realizamos para recuperar el principio de la autoridad y el orden, recuperar las calles de la informalidad”.

Dina Boluarte, presidenta

“Tenemos que enfrentar juntos uno de los mayores problemas de nuestra capital y de nuestro país: la delincuencia y la criminalidad. No estamos dispuestos a tolerar a estos enemigos de la sociedad”.

Diego Uceda, alcalde de La Molina

“Desde que salí a defender el Parque Ecológico, los traficantes de terreno de Villa María del Triunfo comenzaron con las amenazas, pero tengo la consciencia tranquila (…), no tengo por qué temer”.

Beder Camacho denunció amenazas de muerte y pidió garantías para su vida

Durante este año, Beder Camacho se acostumbró a ver los videos de Bruno Pacheco, exsecretario presidencial con el que trabajó codo a codo en Palacio, en los que denunciaba desde la clandestinidad que recibía amenazas de muerte si hablaba sobre la corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Y ahora, tiempo después, es el propio Camacho quien se encuentra en esa posición.

Ayer, el exsubsecretario del Ejecutivo, uno de los sindicados integrantes del ‘gabinete en la sombra’, salió a revelar que es víctima de amenazas.

Sin embargo, advirtió que si atentan contra su vida, se difundirán videos en los que contará todo lo que sabe sobre la organización criminal que, según el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, encabeza el mandatario.

“Pido a la fiscal de la Nación y al ministro del Interior que me brinden las garantías para mi familia, pero si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que tengo grabado un video en el que salgo contando toda mi verdad; voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también hice una protección donde si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, expresó en radio Exitosa.

Beder Camacho ingresando a la residencia del embajador de México. (Foto. Equipo especial PNP)
Beder Camacho ingresando a la residencia del embajador de México. (Foto. Equipo especial PNP)

El exfuncionario ofreció la entrevista vía videollamada. Se lo podía ver sentado al interior de un vehículo que se encontraba en la calle.

“Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde salió ese atentado”, insistió. Cuando fue consultado a quién se refería, indicó: “Hago responsable a los miembros de la organización que están investigando sobre estas amenazas que he recibido”.

El exfuncionario hizo estas manifestaciones luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara la denuncia constitucional contra el jefe de Estado en la que se compromete a Beder Camacho como uno de los operadores del presidente que se desplegó para obstruir las investigaciones fiscales.