El precandidato al Gobierno Regional de Lima por el partido Somos Perú, Andrés Tello Velazco, se pronunció sobre la situación legal de la gobernadora regional Rosa Vásquez, quien cuenta con una sentencia de 9 años y 5 meses de prisión efectiva por delitos de corrupción, dictada por el Poder Judicial, así como sobre el presunto proselitismo político que vendría realizando junto a su esposo y funcionarios del Gobierno Regional de Lima, todos vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP).

En un primero momento, Tello Velazco manifestó que la titular de la región está infringiendo todas las normas electorales, al salir en los medios de comunicación y redes sociales, así como los funcionarios, realizando gestiones que están prohibidas por la ley de neutralidad.  

“Ella sale todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, poniendo primeras piedras o celebrando gestiones que están prohibidas… Su esposo es candidato al Congreso y al mismo partido que ella está y diversos funcionarios del GRL están en campaña, utilizando sus cargos y recursos públicos”, manifestó en diálogo con Enfoque Real.

Por otro lado, el político cañetano se refirió a la situación legal de Rosa Vásquez desde su perspectiva como abogado. Indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, la condena de 9 años y 5 meses de prisión efectiva incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, precisó que, al encontrarse pendiente la resolución de su apelación, la gobernadora mantiene el derecho a esperar el pronunciamiento de la segunda instancia judicial.

Sin embargo, Tello Velazco afirmó que la sentencia ya emitida impediría a Rosa Vásquez postular en las próximas elecciones generales y municipales.

El político Andrés Tello Velazco, precandidato al Gobierno Regional de Lima por Somos Perú, realizó un análisis de la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez, refiriéndose al nivel de inversión pública ejecutada durante los tres primeros años de gobierno, la asignación presupuestal recibida, las obras paralizadas en la región y la sentencia que afronta por el caso Huarochirí.

En primer término, Tello destacó la alta asignación presupuestal otorgada a la actual gestión regional. Señaló que Rosa Vásquez ha contado con uno de los presupuestos más elevados en la historia del Gobierno Regional de Lima.

“Ella ha tenido una asignación presupuestal altísima en estos tres años. Se prevé que para el próximo año reciba 500 millones de soles más, lo que rompería récords de asignación presupuestal para un gobierno regional en un periodo de cuatro años, alcanzando un promedio de 2 mil millones de soles”, indicó en declaraciones al medio Enfoque Real.

No obstante, cuestionó el nivel real de gasto. Según precisó, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gestión regional habría ejecutado 449 millones de soles, quedando aproximadamente 140 millones sin gastar al cierre del año fiscal. En ese sentido, sostuvo que, si bien se pueden comprometer recursos mediante contratos, entregas de la buena pro o adelantos de obra, ello no necesariamente refleja una ejecución efectiva del presupuesto.

En una segunda parte de la entrevista, Tello Velazco se refirió a las obras paralizadas en la región Lima, señalando que parte de los recursos girados se encuentran comprometidos en proyectos que no avanzan. Indicó que este escenario representa un uso ineficiente de los fondos públicos, ya que existen obras con contratos firmados, adelantos entregados y procesos administrativos concluidos, pero sin resultados concretos para la población. Asimismo, cuestionó el discurso oficial de la gestión regional, señalando que se presenta una versión que no coincide con la realidad de los proyectos.

Finalmente, el precandidato se pronunció sobre la sentencia emitida contra la gobernadora Rosa Vásquez por el caso de Matucana (Huarochirí), señalando que este fallo judicial tendría implicancias políticas y legales en su futuro electoral. Indicó que será el sistema de justicia y los organismos electorales los que determinen si dicha sentencia genera un impedimento para su participación en las próximas elecciones, en un contexto donde, según señaló, la transparencia y la legalidad deben primar en el ejercicio de la función pública.