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ANP y la filial Huaral se pronunciarán en las próximas horas sobre amenazas a periodistas Pierre Carrasco y René Cabezas

Ante las denuncias públicas realizadas por los Periodistas Pierre Carrasco y René Cabezas de amenazas de atentados cibernéticos y físicos, que ponen en riesgo sus vidas, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú -ANP ha lanzado una ALERTA NACIONAL ante este inminente peligro de atentado en contra de la libertad de expresión en la ciudad de Chancay.

Pierre carrasco, ha realizado una investigación sobre sujetos que estarían sustrayendo información de los diversos sistemas informáticos de Organismos del Estado ,para luego utilizar estos datos en supuestas acciones ilícitas en agravio de autoridades en ejercicio.

De la misma manera ,el Periodista René Cabezas ha realizado un trabajo de investigación sobre casos de la presencia de HACKERS EN CHANCAY, los mismos que habrían sustraído datos de una ciudadana quien ya ha formalizado su denuncia penal en la Fiscalía Provincial de Huaral.

Por difundir este caso y otros, René Cabezas vendría siendo amenazado e inclusive existiría un audio de amenaza y que el periodista considera que esta dirigido en contra de su persona.

Ante este escándalo de HACKERS Y TROLLS ,ante estas amenazas a periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas-ANP ha lanzado una ALERTA NACIONAL y en las próximas horas emitirá un pronunciamiento público ,el mismo que seguro será tomado en cuenta por la fiscalía Provincial de Huaral.

ANP: Propuesta de imponer “franja informativa” constituye intento de control de medios

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP cuestiona la propuesta anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, de formular una modificatoria a la Ley de Radio y Televisión para imponer una “franja informativa” a fin de difundir las actividades del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Según este anuncio, realizado en la conferencia del denominado “Cuarto de Guerra” el reciente 30 de marzo, “los medios de comunicación tendrán que difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuente y en la lucha, que estamos haciendo frontal, contra la inseguridad ciudadana”.

La ANP considera que esta propuesta de modificatoria a la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278) representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia. Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo. Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación.

Señalar, además, que dicha franja se implementará en los “estados de emergencia” es, en la práctica, establecerla de manera permanente, dado el uso desmedido y poco planificado de estos regímenes de excepción por parte del Ejecutivo. Por dicha razón, las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación.

En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza. El Estado tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés público pero esa función no puede ejercerse vulnerando la independencia editorial de los medios de comunicación ni imponiendo contenidos de manera arbitraria.

ANP sobre Proyecto de Ley de congresista Agüero: Transparencia sí, restricciones a la libertad de prensa no

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP considera inaplicable y carente de sustento el Proyecto de Ley 10208/2024-CR titulado: “Ley de Transparencia en la Propiedad, Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación”, presentado por la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez.

Esta fórmula legislativa confirma una tendencia más amplia de iniciativas que buscan restringir la libertad de prensa en el Perú.

En razón de ello, la ANP señala lo siguiente:

1. Si bien el argumento de la transparencia es razonable, en la práctica este tipo de medidas pueden convertirse en mecanismos de control y presión sobre los medios de comunicación, especialmente en contextos donde el poder político busca desacreditar o silenciar voces críticas.

2. El Proyecto de Ley, en la medida que plantea regular a los medios escritos, radiales, televisivos y digitales resulta inaplicable porque pretende establecer medidas estandarizadas para todos, desconociendo la real naturaleza del sistema mediático y las singularidades que cada tipo de medio tiene. La radio y la televisión, además, ya están reguladas por la Ley de radio y televisión, lo que es legítimo considerando el uso del espectro radioeléctrico que es limitado y escaso, por lo que este proyecto de ley constituiría una imposición de regulación excesiva, compleja e innecesaria.

3. Otorgar al Ejecutivo la competencia de acopiar la información para presentarla en un portal único, y atribuirle facultades sancionadoras que pueden llegar hasta la cancelación definitiva para seguir operando, legaliza un potencial mecanismo que puede utilizarse para censurar o castigar a medios críticos.

4. La ANP rechaza la aseveración en la exposición de motivos del proyecto en el que se señala que “los medios de comunicación se utilizan como herramientas para desestabilizar instituciones, atacando directamente a actores políticos y organizaciones que no se alinean con los intereses de sus propietarios y financiadores”, la que confirma que iniciativas de esta naturaleza se promueven como represalia a medios de comunicación y periodistas.

5. Finalmente, la ANP se mantendrá vigilante ante el desarrollo que tenga esta propuesta legislativa que pretende disfrazar, bajo la coartada de la transparencia, un intento más de limitar el derecho a producir información libremente y sin intimidaciones.

La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y cualquier regulación que busque imponer controles excesivos sobre el financiamiento o el funcionamiento de los medios debe rechazarse.

La ANP se pronuncia sobre prácticas de intolerancia y discriminación cometidos en la Municipalidad Provincial del Santa

A nuestras autoridades, a nuestros agremiados, a nuestros colegas y a la población en general

PRONUNCIAMIENTO:

En defensa de la libertad de expresión y de información en esta parta de nuestra región, La Asociación Nacional de Periodistas del Perú filial Chimbote, manifiesta su profunda preocupación ante las prácticas de intolerancia y discriminación que se vienen desarrollando en la Municipalidad Provincial del Santa (MPS). Estas acciones, tiene una clara acción contra los periodistas y comunicadores, cuya línea editorial no es complaciente con la gestión que lidera el Ing° Luis Gamarra Alor. Por lo que, en los términos muy firmes, nos pronunciamos institucionalmente:

PRIMERO Repudiamos estas prácticas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de la población a estar bien informada. La exclusión de periodistas y comunicadores críticos no solo es un acto de discriminación, sino también una clara violación a los principios democráticos que garantizan la pluralidad de voces y opiniones. Siendo el colega Lic. Guillermo Muñoz Agüedo, la más reciente víctima, a quién se le impidió el ingreso al auditorio de la comuna provincial, donde la plataforma de Defensa Civil Provincial evaluaba los puntos críticos donde se debe de intervenir.

 SEGUNDO. Expresamos nuestra solidaridad con los colegas, hombres y mujeres, que han sido objeto de estas prácticas discriminatorias por parte de los funcionarios de la comuna provincial. Reconocemos y valoramos el trabajo comprometido y valiente de aquellos que, pese a las adversidades, continúan ejerciendo su labor con profesionalismo y ética. En estos momentos de emergencia ante el periodo de lluvias intensas, desbordes de ríos y activación de quebradas.

 TERCERO.  Exhortamos a las instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a tomar cartas en el asunto y velar por el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Es imperativo que estas instituciones se interesen en este tipo de situaciones y actúen de manera contundente para erradicar cualquier forma de agresión a los derechos fundamentales.

CUARTO. Como gremio periodístico, nos reafirmamos en nuestra tarea de continuar impulsando jornadas académicas para fortalecer las capacidades de nuestros asociados.  Así como renovamos nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa de los derechos de todos nuestros conciudadanos. Nuestra misión es que ningún obstáculo menoscabe el irrestricto derecho a informar y estar informado, piedra angular de una sociedad libre y democrática.

ANP registró 392 ataques a la libertad de prensa en el 2024, nuevo récord en el siglo XXI

En el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación, según el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Esta cifra marca un nuevo récord en el siglo XXI, superando los 352 casos registrados en 2023 y los 303 de 2022.

El informe destaca que el tipo de ataque más recurrente es, nuevamente, la amenaza/hostigamiento, con 153 casos registrados, lo que reafirma la constante presión emocional sobre los periodistas.

Le siguieron las agresiones físicas y verbales, que sumaron 70 casos, mientras que se registraron discursos estigmatizantes en 52 ocasiones, ocupando el tercer lugar y reflejando el uso de narrativas para desacreditar y deslegitimar a la prensa.

Otras formas de ataque incluyeron las trabas al acceso a la información y cobertura periodística (44 casos), la intimidación judicial (46 casos) y la afectación laboral (14 casos), que alcanzó una cifra récord en los últimos años. Asimismo, se reportaron 4 detenciones, 3 robos.

Se deben destacar las 6 amenazas legislativas, entre las que encontramos iniciativas para restringir la difusión de investigaciones fiscales o la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional.

Momentos críticos

El análisis mensual revela dos períodos de mayor intensidad. En el primer trimestre, enero (21 casos) y febrero (19 casos) marcaron un inicio moderado; sin embargo, la situación cambió drásticamente en marzo (30 casos) con el destape del caso Rolex, que generó una oleada de reacciones hostiles, especialmente de los protagonistas: la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En este periodo la mandataria calificó las preguntas sobre el tema como “tendenciosas”, mientras que el gobernador acusó a los periodistas de ser “malas personas que quieren hacer daño”. Este clima de tensión se intensificó en abril (51 casos) y continuó durante mayo (48), una temporada marcada por agresiones relacionadas con coberturas sensibles.

El segundo período crítico ocurrió en el último trimestre del año. En octubre (43 casos), las declaraciones de Boluarte durante la ceremonia del 8 de octubre, en la conmemoración de la Batalla de Angamos, acusando a los medios de practicar “terrorismo de imagen”, avivaron el clima hostil hacia la prensa.

Estas afirmaciones fueron respaldadas por actores políticos como el congresista Waldemar Cerrón y el primer ministro, Gustavo Adrianzén. Según la ANP, durante ese mes, el 22 de octubre, Boluarte reapareció en conferencia de prensa después de 105 días de silencio, adoptando un tono “confrontacional y descalificativo” hacia diversos periodistas.

Además, en este periodo ocurrieron las protestas de transportistas contra el crimen organizado en octubre y noviembre (43 casos cada uno) derivaron en agresiones policiales a reporteros.

En meses intermedios, los ataques mostraron cierta estabilidad: junio (35 casos), julio (22 casos), agosto (28 casos) y setiembre (23 casos). Para cerrar el año, diciembre (29 casos) mantuvo cifras altas en comparación con inicios de año.

Agentes agresores

En cuanto a los agentes agresores, los funcionarios públicos lideraron las estadísticas con 177 casos, destacando como los principales responsables de actos contra la prensa que, por su rol, deberían cautelar.

Los civiles estuvieron detrás con 129 ataques, mientras que los agentes de seguridad perpetraron 63 casos. En menor medida, se identificaron agresiones de empleadores y elementos no identificados (12 y 11 casos, respectivamente).

Entre las víctimas, los reporteros digitales fueron los más afectados, con 170 casos registrados. Las y los periodistas de televisión les siguieron, con 94 ataques, mientras que la prensa escrita enfrentó 69 agresiones.

Por su parte, los medios radiales reportaron 59 casos, lo que demuestra la transversalidad de las agresiones en todos los formatos de comunicación.

En términos de género, los hombres representaron el 47% (184 casos) de las víctimas, los medios de comunicación un 34% (132 casos), mientras que las mujeres sumaron el 19% (76 casos).

La ANP enfatizó que esta brecha de género refleja que, aunque las agresiones afectan mayoritariamente a hombres, las mujeres periodistas continúan enfrentándose a entornos hostiles en el ejercicio de su labor, como evidencia el sostenido acoso perpetrado por el ahora prófugo Hialmar Laynes Sánchez contra, por lo menos, 5 reporteras.

Zonas de alerta

Lima continúa siendo la provincia con mayor incidencia, concentrando 222 casos, seguida por Huamanga (12), Cutervo y Mariscal Nieto (11 cada uno), Arequipa y Cusco (10 cada uno), Abancay (8), Maynas y Tumbes (7 cada uno), Alto Amazonas, San Román y Chiclayo (5 cada uno).

Con menos casos, figuran Trujillo (6), Andahuaylas (6), Piura (4) y Huánuco (5). Otras 35 ciudades registraron menos de cuatro casos, lo que evidencia la distribución geográfica de las agresiones en el país.

ANP registró cuatro ataques contra periodistas durante cobertura de protestas en Lima

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha registrado cuatro ataques a periodistas durante la cobertura de protestas en el Cercado de Lima, este jueves 10 de octubre, en el contexto del paro nacional convocado por transportistas y comerciantes.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, el camarógrafo de Panamericana TV, Enzo Vidal, fue agredido con empujones y codazos por un efectivo policial en el frontis del Congreso mientras transmitía en vivo los incidentes de la protesta, a pesar de que estaba identificado con el chaleco de su canal. El oficial insultó a los periodistas en todo momento, pese a que se encontraban en un área separada de los manifestantes.

Minutos después, el fotoperiodista independiente, Juan Mandamiento, registraba a agentes policiales dispersando a varazos a un grupo de ciudadanos en la cuadra 2 de la Av. Abancay, cuando un efectivo lo empuja para luego golpearlo con su macana. El periodista, que usó su brazo para escudarse, recibió un impacto en esa zona del cuerpo.

Minutos antes de las 6:00 de la tarde, la reportera Noelia Vallvé del portal de noticias Wayka fue agredida por un efectivo policial con su vara, tras quedar atrapada entre cordones policiales. A pesar de que la periodista levantaba su cámara, mostraba su carnet y se identificaba como prensa, el oficial continuó golpeándola y luego la empujó para evitar ser identificado.

El periodista Víctor Castillo, de América TV, estaba reportando la detención de 3 personas en el cruce de los jirones Lampa con Cusco cuando los agentes policiales lo empujaron con sus escudos, provocando que se caiga sobre una moto. El hombre de prensa señala que resultó con un hematoma en la pierna izquierda.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza enérgicamente estas agresiones y exige a los agentes policiales respeto al trabajo periodístico.

Demandamos el cese de los ataques a periodistas, la identificación de los efectivos agresores y la aplicación de la sanción que corresponde.

A la vez, a los responsables de operaciones en terreno les demandamos una actuación en el marco de respeto a los derechos humanos y garantías a la cobertura informativa, esencial en el contexto de protesta social.