Se confirmó la muerte de cuatro personas en emboscada a patrullas de las fuerzas del orden, en el sector de Putis, provincia de Huanta, región Ayacucho. Efectivos policiales llegaron hasta el punto de la emboscada.
El coronel PNP Carlos Roque Palomino, jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) comunicó sobre la emboscada y confirmó cuatro fallecidos, el número de heridos aún está por confirmar.
Según el informe de la Policía Nacional, los posibles fallecidos serían:
(Tte. EP) Michael Peche Bazan
(So1 EP) Amderson Huánaco Arrigoila
(So3 EP) Dani Condori Cayahua
(Sgto 1) Fermin Guzmán Arroyo
(Tco 3) David Fano Buitron
Hasta el lugar de la emboscada llegó el comandante Willian Flores Marco, jefe del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) con 13 efectivos en una unidad móvil, también el jefe de la Divmctid, Carlos Roque Palomino, con 9 efectivos y dos unidades.
Una joven, quien era madre de un menor de dos años, perdió la vida en un hotel al que acudió con el que sería su pareja, ubicado en Huamanga, Ayacucho. Ambos habrían ingresado en la madrugada.
Tras escuchar una fuerte discusión, uno de los trabajadores decidió intervenir, pero no escuchó más luego. En horas de la mañana, el presunto feminicida señaló que estaba saliendo a comprar. Sin embargo, no regresó más.
El colaborador ingresó a la habitación y encontró el cuerpo sin vida de la mujer dentro del armario del alojamiento. Este dio aviso a la Policía que llegó al lugar y realizó las diligencias del caso.
Cabe señalar que, al ingresar, el agresor escribió sus datos en un cuaderno, pero no se ha confirmado que estos sean verdaderos.
Respecto al caso, Melissa Sánchez, coordinadora regional del Movimiento Manuela Ramos, detalló estadísticas en Ayacucho.
«Es el tercer caso con características de feminicidio que se da en la región y dos de tentativa de feminicidio. Es algo muy preocupante para las mujeres en Ayacucho», dijo.
Del mismo modo, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Además, señaló que los agresores son personas jóvenes. «La familia es quien solicita información. Pedimos al Centro Emergencia Mujer que brinde información y acompañe a las familias», manifestó.
DENUNCIA CASOS DE VIOLENCIA LLAMANDO A LA LÍNEA 100
La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.
Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo o celular.
El avión que transportaba al ministro de Salud, César Vásquez, desde Apurímac a Lima, sufrió un desperfecto durante su retorno y tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad de Ayacucho.
Se sabe que este jueves, 3 de agosto, el titular del Minsa participó de una actividad en el distrito apurimeño de Chalhuanca y a su regreso abordó un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Fuentes del Ministerio de Salud detallaron a este diario que el incidente ocurrió a las 6:30 p.m., pero luego de “varios minutos de vuelo convulsionado, la nave se vio obligada a regresar a la zona en un aterrizaje forzoso”.
Presuntos desperfectos
“La nave, que tenía un buen tiempo de vuelo y que, estaba cerca a aterrizar a Lima, tuvo que retornar a Ayacucho”, detalló desde su cuenta de Twitter el periodista Glademir Anaya.
Según detalló Anaya, la aeronave tuvo problemas en la puerta trasera y, por ello, se prendió las “señales de alarma que podría despresurizar la cabina”.
Fuente de Correo indicaron que el ministro de Salud se encuentra bien al igual que toda su comitiva, además, el avión aterrizó sin consecuencias en Ayacucho. La aeronave transportaba a un aproximado de 11 personas.
Un profesor de educación religiosa fue recluido en el penal de Cachiche de Ica, luego que un juez de la Corte de Justicia de Ayacucho ordenó su reclusión preventiva por 9 meses, tras la acusación de una menor de 15 años en una Institución Educativa de Cora Cora, en Parinacochas.
Se trata de Fernando Silva Silva (55), como presunto autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual, en agravio de una menor.
Fue la Fiscalía Superior Mixta Transitoria de Puquio, a cargo de la Fiscal Superior Betty Elizabeth Pérez Tipacti, quien logró que se confirme el requerimiento de prisión preventiva.
EL CASO. Según la carpeta fiscal los hechos se habrían suscitado el pasado 30 de mayo de 2023 en una institución educativa localizada en el distrito de Cora Cora, provincia de Parinacochas, donde el investigado labora como profesor de Educación Religiosa, quoien aprovechando su condición habría efectuado tocamientos indebidos a la víctima (15).
Durante este episodio la agraviada logró grabar con su equipo celular la escena vivida. Posteriormente huyó del lugar y comunicó lo sucedido a su progenitora, tras lo cual se trasladaron a interponer la correspondiente, entregando el material audiovisual a las autoridades competentes.
Trascendió que los hechos fueron reportados ante la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de la jurisdicción para las acciones administrativas correspondientes.
Esta semana se llevó a cabo la restitución de los restos de 31 cuerpos desaparecidos en el distrito de Oronccoy, ubicado en la provincia de La Mar, Ayacucho. Estas víctimas fueron ejecutadas y desaparecidas durante el período del terrorismo subversivo ocurrido entre 1983 y 1986.
El Equipo Forense Especial de Ayacucho, en colaboración con representantes del Ministerio Público y la Cruz Roja, fueron los encargados de llevar a cabo este proceso de restitución y entrega de los restos a sus respectivas familias. Las familias tuvieron la oportunidad de velar a sus seres queridos y finalmente sepultarlos, mientras entonaban cánticos en quechua.
El acto se llevó a cabo en la plaza principal de Oronccoy, uno de los distritos más pobres de la provincia de La Mar. Los restos fueron entregados en féretros individuales. También se entregaron algunas prendas de ropa que fueron identificadas como pertenecientes a las personas ejecutadas.
La mayoría de los cuerpos pertenecen a personas de Oronccoy, pero fueron asesinados y desaparecidos en las comunidades cercanas de Cabracancha y Estancayoq. Durante la ceremonia de entrega, las familias recibieron explicaciones detalladas sobre los hallazgos y se sellaron los ataúdes. Fue una escena conmovedora que provocó el llanto amargo de esposas, madres e hijos.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre la represión a las protestas en Ayacucho y Juliaca, en diciembre y enero pasados, tienen complicaciones por falta de videos de cámaras cercanas a los lugares donde murieron 24 ciudadanos, entre otras falencias del caso. La empresa que administra los aeropuertos de estas ciudades, que intentaron tomar los manifestantes, borró sus grabaciones y persiste en que nunca tuvo registro de las calles. Las municipalidades tampoco aportan mucho por haber tenido cámaras malogradas.
Dos actas de la Fiscalía, suscritas cuatro días tras los enfrentamientos mortales en Ayacucho, recoge la versión del administrador del aeropuerto, Alejandro Chávez, que niega tener cámaras que den a la calle; solo reconoce que las hay “en el interior y exterior del edificio terminal” y asegura que las cámaras de la Municipalidad Andrés Avelino Cáceres habrían registrado hechos de violencia en las vías públicas fuera del aeropuerto.
Las actas, firmadas el 19 de diciembre del año pasado en Ayacucho, refieren que la fiscal que asumió entonces el caso, Yuli Obispo Yupanqui, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos en esta ciudad, y su equipo, buscaron tener videos de los enfrentamientos, ocurridos cuatro días antes, grabados por cámaras de seguridad.
Ante la versión negativa de Chávez, según la documentación, fueron a la municipalidad, donde funcionarios les dijeron que las cámaras del cementerio aledaño estaban dañadas.
Aeropuertos Andinos el Perú, que administra los terminales aéreos de Ayacucho y Juliaca por concesión del Estado, sostiene que los únicos videos de sus cámaras en estos complejos registrados el 15 de diciembre del 2022 y 9 de enero fueron borrados por haberse superado el plazo de 30 días establecido para conservar sus registros a pesar de que podría haber contenido material muy importante para la investigación de las 24 muertes, según reveló una publicación de IDL-Reporteros.
“(…) De acuerdo a la RAP 107 ‘Medidas de Seguridad de la Aviación Civil (Aviation Security) para el Operador del Aeródromo y el Proveedor de Servicio de Tránsito Aéreo’, se establece como periodo de almacenamiento un plazo no menor a quince (15), y que, sin embargo, por políticas internas de mi representada se ha considerado que dicho plazo sea de treinta (30) días, y una vez transcurrido dicho plazo, el sistema de manera automática reescribe las grabaciones pasando a eliminarse de manera permanente”, alega la firma concesionaria y aduce que nunca tuvo imágenes de la parte externa de los aeropuertos en estas ciudades.
“(…) El interés de la solicitante estaba motivado principalmente en tener acceso a las imágenes de la parte externa del aeropuerto, respecto de las cuales conforme se acreditó no se contó con las mismas en ningún momento”, señala la respuesta al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que había ordenado que entregue los videos solicitados por IDL-Reporteros.
Sin embargo, en Ayacucho los enfrentamientos se dieron también dentro del aeropuerto.
La acción de la concesionaria podría ser considerada encubrimiento, según expertos.
Un antecedente abona a la controversia. El gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, Carlos Vargas Loret de Mola, aportó más de 28.000 soles a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Sus hermanos, que también participan en la compañía, fueron otros aportantes entonces.
ENFOQUE REAL 