Bajo el argumento de fortalecer las reservas internacionales del Estado peruano, el congresista Jorge Morante presentó el último 22 de agosto un proyecto de ley para que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) quede autorizado a recibir, en calidad de custodia, el oro extraído legalmente por empresas mineras dentro del territorio nacional y por los propietarios que voluntariamente lo soliciten.

Según el artículo 5 de la iniciativa, el plazo mínimo de resguardo será de 10 años, el cual puede ser prorrogado de forma automática si el titular no manifiesta su voluntad de retirar el metal precioso. Durante este periodo, habrá una exención del pago por el servicio de custodia y el propietario tendrá derecho a la devolución del IGV que gravaría la exportación del oro.

«El establecimiento de un sistema de custodia de oro no solo fortalecería las Reservas Internacionales Netas, sino que también contribuiría a una mayor estabilidad económica y financiera. Al mismo tiempo, incentivaría la formalización de la minería y reduciría los problemas asociados con la minería ilegal, promoviendo un uso más sostenible y responsable de los recursos naturales del país», se lee en la exposición de motivos de la propuesta del legislador de Somos Perú.

Esta no es la primera vez que un proyecto del Congreso intenta regular un tema de este tipo. Anteriormente, el expresidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, propuso que el BCRP compra y venda oro a los pequeños mineros en proceso de formalización. Incluso, la propia Comisión de Economía intentó aprobar un predictamen para ampliar las facultades del Banco de la Nación con el propósito de que comercialice este metal proveniente de la MAPE.

BCRP custodiaría el oro, según iniciativa del Congreso

El proyecto de ley N° 12172/2025-CR ha sido derivado para su análisis a las comisiones de Constitución y Economía del Congreso. Ambos grupos de trabajo los dirige Fuerza Popular, bancada que acogió anteriormente a Jorge Morante. El primero de ellos es liderado por su vocero principal, Arturo Alegría, y el segundo por Víctor Flores.

En su artículo 2 se precisa que la iniciativa tiene por finalidad «contribuir a la estabilidad económica y financiera del país, asegurando que parte del oro extraído permanezca como reserva internacional y al mismo tiempo, permita contar con un activo fiable en tiempos de tensiones internacionales o conflictos comerciales».

De igual forma, se establece que el BCRP emitirá un título valor minero a nombre del propietario del oro que se ha entregado en custodia. Este instrumento será negociable y podrá utilizarse en operaciones económicas, sin que ello altere su condición de reserva internacional durante la vigencia del plazo. Además, la Sunat y el Banco Central se encargarán de la fiscalización y supervisión del cumplimiento de la norma.

Finalmente, las infracciones al dispositivo legal y su reglamento serán sancionadas de acuerdo con lo estipulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas aplicables. El proceso de reglamento tendrá que ser refrendado por un Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Energía y Minas, en un plazo no mayor de 30 días calendarios contados a partir de la vigencia de la norma.

«La aprobación de esta ley no implica la eliminación de ninguna ley actual. No obstante, es posible que sea necesario modificar o ampliar algunos reglamentos y disposiciones administrativas, especialmente en lo que respecta al BCRP en cuanto a la gestión de las reservas internacionales, las normas de la Sunat sobre la recuperación del IGV en las exportaciones de oro y, posiblemente, algunas disposiciones del Minem», precisa el proyecto de Morante.

Especialistas cuestionan propuesta del Congreso

Para William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, este tipo de planteamientos no es nuevo, puesto que el Banco Central de Reserva ya realiza dicha custodia, pero en un porcentaje muy reducido que no impacta significativamente en el fortalecimiento de las reservas del Estado peruano.

«La propuesta de entregar oro en custodia, además de ser voluntaria, no añade nada nuevo. Su pretensión de ayudar a reducir la informalidad minera es solo un deseo mientras no se garantice primero la trazabilidad del oro. Este proyecto, al igual que los de Salhuana, Montoya o Flores Ancachi pretende legislar sobre el oro, pero sin ir a los temas de fondo», explicó a este medio.

En opinión del abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, existe una fijación de ciertos congresistas respecto a alterar la institucionalidad del BCRP, lo cual demuestra su falta de análisis para abordar la problemática. Y es que, se sigue insistiendo en que el ente emisor realice funciones que no le corresponden.

Para el especialista, este proyecto de ley del congresista Jorge Morante debería ser archivado en las comisiones a las que fue derivado. «¿Vamos a destinar oro para custodiar reservas? Por otro lado, ni siquiera existe la garantía de que el oro que se esté custodiando, sea de origen legal porque no hay ningún mecanismos de trazabilidad», sentenció.