Un reportaje del programa Cuarto Poder denunció que el programa Procompite en la región de La Libertad —gobernada por César Acuña Peralta, líder del partido derechista Alianza para el Progreso (APP)— estuvo marcado por presuntos cobros ilegales a los concursantes.

Dos concursos del programa Procompite, que en 2023 y 2024 destinaron, en total, S/ 58 millones para financiar maquinaria y planes de negocio de emprendedores, fueron anulados por encontrarse serias irregularidades en su ejecución. 

Pero ¿qué es, en esencia, Procompite? De acuerdo con la plataforma digital del Ministerio de la Producción, este programa “es una estrategia diseñada para mejorar la competitividad de las cadenas productivas a través de procesos concursables”. Así, los gobiernos regionales y locales realizan el “cofinanciamiento no reembolsable de planes de negocio”. “El cofinanciamiento puede incluir la transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales, así como la prestación de servicios en beneficio del Agente Económico Organizado (AEO)”, detalla el portafolio. 

Según la investigación periodística, Juan José Fort Cabrera, coordinador político provincial de Trujillo de Alianza para el Progreso y hasta hace no mucho titular de la Gerencia Regional de la Producción, es el principal implicado en este caso. Él habría pedido dinero a postulantes para garantizarles un lugar entre los beneficiarios de esta iniciativa de apoyo a la competitividad productiva. 

Varios empresarios denunciaron, en entrevista con el dominical, que los pagos se realizaban a través de un intermediario: Jhonny Carranza Mejía —una persona cercana a Fort Cabrera—, quien presuntamente recogía el dinero y proporcionaba números de cuenta.

Fort Cabrera no era solo el que gerenciaba esta iniciativa en el Gobierno Regional de La Libertad, sino también ocupaba la presidencia del Comité Seleccionador; es decir, encabezaba el equipo que, finalmente, decidía quiénes accedían a los fondos públicos.

Presuntos cobros indebidos

El presidente de la Junta de Propietarios de la Galería Plaza Toro, Alfonso León Angulo, dijo que se le pidió S/5 000 para garantizarle el financiamiento de maquinaria, aunque finalmente no fue seleccionado, debido a que —apunta— no dio “más dinero”. El empresario recuerda que dicho ofrecimiento ilícito fue hecho en una pollería.

Otro empresario, como el textil Miguel Ángel Until, expresó que entregó hasta S/25 000 y sí haber sido favorecido. “Mi proyecto salió ganador, pero había algunos problemas en el Gobierno Regional de La Libertad y todo quedó en nada”, contó. 

Asimismo, Linda Quiroz, también del rubro textil, contó que pagó S/5 000 esperando que el Gobierno subnacional le financiara una máquina valorizada en S/242 000, pero su trámite nunca se inició.

“A mí me dijeron que me iban a presentar a un formulador. Solo me hizo la llamada. Y nunca se presentó. Nunca se llevaron el expediente. Le llamé a Jhonny Carranza, [quien me dijo] ‘ya le van a llamar’”, relató. 

Varios empresarios presentan innumerables váucheres por diferentes montos a nombre de Jhonny Carranza Mejía.

Nulidad del proceso

El reportaje indicó también que un informe del Gobierno Regional de La Libertad señala que los concursos de 2023 y 2024 transgredieron la ley y el debido procedimiento, detectando una serie de vicios —falta de expedientes técnicos, documentos ilegibles, falta de acreditación de propiedad de terrenos, constancias emitidas por autoridades no competentes y cotizaciones irregulares, entre otros—. 

De esta forma, el 8 de mayo de 2025, la Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad declaró la nulidad de los concursos, ordenando retrotraer el proceso a la etapa de admisibilidad y verificar nuevamente si los 142 planes de negocio cumplían los requisitos. La decisión se basó en un informe legal del 14 de abril, que advertía que el comité evaluador no identificó estas irregularidades y, por lo tanto, lesionó el interés público.

«Era responsabilidad de los miembros del comité, como parte del proceso administrativo que dirigían, asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que rigen el procedimiento, tenían la obligación de garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecido no solo en las bases, sino tomando en cuenta lo establecido en su normativa de Procompite», se lee en el documento.

“Todo un despilfarro de tiempo y dinero que en la región de César Acuña no han querido explicar”, cuestiona el reportaje.

Pese al escándalo, César Acuña anunció que el programa Procompite continuará y que entre agosto y octubre se cumplirá con lo ofrecido a cada proyecto. Fort, por su parte, fue destituido de su cargo.